Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue condenado a 45 años de cárcel por varios delitos relacionados con el narcotráfico.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, fue condenado este miércoles a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York.
Los cargos incluyen varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, liberándose así de la cadena perpetua que solicitaba la Fiscalía.
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El juez Kevin Castel, encargado del caso, también impuso a Hernández una multa de USD 8 millones, que exige a su abogado que en dos semanas clarifique el modo que se efectuará el pago. Este fallo judicial pone fin a un largo proceso legal que captó la atención internacional.
En la entrada del tribunal, los hondureños con banderas de su país esperaban la sentencia, aunque no hubo celebraciones evidentes, quizás debido a la expectativa de una condena más severa.
La decisión del juez Castel de definir en 120 días el penal donde Hernández cumplirá su condena añade un elemento de incertidumbre sobre su futuro inmediato. Actualmente, Hernández se encuentra en la cárcel de Brooklyn.
El juez Castel describió a Hernández como "un hombre de dos caras": por un lado, proclamaba su compromiso contra el narcotráfico, mientras que por el otro facilitaba la exportación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, drogas valoradas en unos USD 10 millones. Además, el juez enfatizó que la sentencia envía un mensaje claro a aquellos que creen que su posición y apariencia les permitirán evadir la justicia.
Hernández escuchó la sentencia sin mostrar muchas emociones, posiblemente porque la condena de 45 años se acerca más a los 40 años que solicitaba su defensa que a la cadena perpetua exigida por la Fiscalía.
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Durante su turno de palabra tras la sentencia, Hernández solo preguntó si podía mantener a Renato Stabile como su abogado, a lo que el juez respondió afirmativamente, al menos durante el periodo de apelación, si esta se presenta.
La condena a Juan Orlando Hernández es una advertencia para otros líderes y funcionarios en América Latina. El caso continuará siendo observado de cerca, especialmente en cuanto a la ejecución de la sentencia y las posibles apelaciones que puedan surgir.
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