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Trump lleva su decreto contra la ciudadanía por nacimiento ante la Corte Suprema
El presidente de EE. UU. busca que el máximo tribunal levante los bloqueos judiciales a su orden ejecutiva, que restringe la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes indocumentados y con visados temporales.
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Fotografía de archivo en la que se registró una vista general del frontispicio del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington DC (EE.UU.).( )
El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este jueves 13 de marzo al Tribunal Supremo de Estados Unidos que levante parcialmente las órdenes judiciales que bloquean la implementación de su decreto para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que ha sido impugnada por diversos estados y organizaciones defensoras de los derechos civiles.
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El decreto y la disputa legal
En su segundo día en el poder, Trump firmó un decreto presidencial que busca eliminar el derecho a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y con visados temporales, una medida que ha generado controversia y múltiples desafíos legales.
Tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts fallaron en contra del decreto, ordenando su bloqueo temporal a nivel nacional, lo que impide su entrada en vigor mientras se resuelve la disputa judicial.
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Ante la posibilidad de que el caso se prolongue por meses o incluso años, el Gobierno de Trump presentó una petición de emergencia ante la Corte Suprema, buscando que se limite el alcance del bloqueo a los 22 estados demandantes, permitiendo su aplicación en los otros 28 estados.
El papel del Tribunal Supremo y el precedente constitucional
El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, no está obligado a aceptar la petición de emergencia. Sin embargo, en los próximos meses deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que podría derivar en una decisión histórica sobre la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución.
La Enmienda 14, ratificada en 1868, establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos de EE. UU., una norma que ha sido clave en la integración de inmigrantes en el país.
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Los críticos del decreto argumentan que cambiar este principio requeriría una enmienda constitucional, y no puede ser modificado por orden ejecutiva.
Postura del Gobierno de Trump
La administración Trump sostiene que las órdenes judiciales nacionales han sido utilizadas como un mecanismo de bloqueo contra sus políticas migratorias.
"Las órdenes judiciales de alcance universal se han vuelto una epidemia desde el inicio de la actual administración", afirmó la fiscal Sarah M. Harris ante la Corte Suprema, defendiendo la postura del Gobierno.
Este caso recuerda los numerosos desafíos legales que Trump enfrentó en su primer mandato (2017-2021), cuando varias de sus medidas migratorias, como el veto a viajeros de países musulmanes y las restricciones a las solicitudes de asilo, fueron bloqueadas por tribunales inferiores antes de llegar al Supremo.
Si la Corte acepta la petición de Trump y permite que el decreto entre en vigor en al menos parte del país, el impacto sería significativo para miles de niños nacidos en EE. UU. de padres inmigrantes, cuyos derechos de ciudadanía quedarían en entredicho.
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El fallo definitivo del Tribunal Supremo sobre este caso podría redefinir las reglas de ciudadanía en EE. UU., abriendo la puerta a restricciones que afectarían a millones de personas, especialmente en comunidades migrantes.
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