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El Supremo de EE. UU. se inclina por respaldar la ley que cerraría TikTok en el país en 10 días
La ley exige que ByteDance se desprenda de la red social antes del 19 de enero para evitar su prohibición.
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Fotografía de archivo del logo de Titktok.( )
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclina por respaldar una ley que podría prohibir TikTok en el país si no se separa de su empresa matriz, la china ByteDance, antes del próximo 19 de enero. La normativa, aprobada por el Congreso en abril de 2024 con apoyo bipartidista, establece que ByteDance debe vender sus operaciones a un inversor de un país no considerado "adversario" por EE. UU., con el objetivo de proteger la seguridad nacional.
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Durante una audiencia de tres horas, los magistrados debatieron si la ley vulnera la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión), como alega TikTok, o si prevalece el interés de seguridad nacional, argumento defendido por la Administración federal. "La ley solo se dirige a esta empresa extranjera, que no tiene derechos de la Primera Enmienda", señaló la magistrada Elena Kagan.
El abogado de TikTok, Noel Francisco, advirtió que la norma podría abrir la puerta a la censura en el país, mientras que la fiscal Elizabeth Prelogar argumentó que la recopilación de datos y la manipulación de contenidos realizada por la red social representan una amenaza seria. Algunos magistrados propusieron otorgar más tiempo para que TikTok se desvincule de ByteDance, pero la defensa calificó esa opción de "excesivamente difícil".
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El caso, que ha avanzado con una rapidez inusual, ha generado preocupación en el sector tecnológico y entre creadores de contenido, quienes argumentan que la prohibición afectaría la libertad de expresión y los negocios en línea.
Si el Tribunal Supremo decide apoyar la ley, TikTok será cerrada el 19 de enero, tal como han señalado sus propietarios. ByteDance y TikTok insisten en que no participan en actividades relacionadas con el espionaje, mientras que Donald Trump, quien asumirá nuevamente la presidencia el 20 de enero, ha pedido al Supremo aplazar la implementación de la norma.
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