21 mar 2025 , 15:30

EE. UU. sanciona a Cristina Fernández por su implicación en actos de corrupción

La expresidenta argentina y el exministro Julio de Vido son sancionados por su participación en tramas de soborno durante sus mandatos.

   

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 21 de marzo sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández y el exministro de Planificación Federal Julio de Vido por su implicación en actos de corrupción durante sus mandatos públicos.

La medida, adoptada por la administración de Donald Trump, implica que tanto Fernández como De Vido, y sus familiares inmediatos, quedan inelegibles para ingresar a Estados Unidos.

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Por su parte el presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionó a la sanción por parte de Estados Unidos hacia Cristina Fernández en su cuenta de X.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó que la sanción responde a la orquestación y beneficiación económica de ambos políticos en tramas de soborno vinculadas a contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al Gobierno argentino.

Además, Rubio destacó que tanto Fernández como De Vido han sido condenados por múltiples tribunales, lo que ha socavado la confianza de los argentinos y de los inversores en el futuro del país.

Condena judicial en Argentina y repercusiones políticas

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández en el caso conocido como 'Vialidad', relacionado con irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez.

Este fallo también incluyó la inhabilitación perpetua para que Fernández ocupe cargos públicos. A pesar de esta condena, la exmandataria no ha sido detenida, ya que la sentencia no es firme.

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El fallo de diciembre de 2022 marcó la primera condena penal contra Fernández, lo que tuvo un fuerte impacto político en Argentina. En febrero de este año, la expresidenta presentó un recurso judicial para revocar la condena, mientras que la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita.

En su comunicado, Marco Rubio afirmó que las sanciones son parte del compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción global, especialmente en altos niveles gubernamentales. Subrayó que EE. UU. continuará promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que abusan del poder público para su propio beneficio.

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