EE. UU. estudia recompensar con USD 1 000 a quienes denuncien a migrantes indocumentados

En Estados Unidos, los legisladores republicanos de Misuri y Misisipi han presentado proyectos de ley que buscan incentivar la denuncia de migrantes indocumentados a cambio de recompensas económicas.

Ambas propuestas, alineadas con la agenda antiinmigrante del expresidente Donald Trump, contemplan otorgar USD 1 000 a cualquier persona que proporcione información que conduzca a la detención de un migrante sin documentación.

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La iniciativa de Misuri, liderada por el senador David Gregory, aún se encuentra en debate, mientras que la versión de Misisipi fue frenada en el comité legislativo esta semana. En el caso de Misuri, la propuesta no solo considera el pago de recompensas, sino que introduce la figura de “cazarrecompensas” certificados, quienes se encargarían de localizar y detener a los migrantes.

Este “ICE estatal” ha sido duramente criticado por legisladores y organizaciones de derechos humanos. La senadora demócrata Barbara Washington advirtió sobre el riesgo de fomentar perfiles raciales y actos discriminatorios. “No me digan que no va a suceder porque está sucediendo ahora”, enfatizó. Por otro lado, Gregory defendió el proyecto alegando que los cazarrecompensas actuarían solo bajo órdenes de arresto y no de forma arbitraria.

Las propuestas no se limitan a la recompensa monetaria. En Misuri, otro proyecto de ley establece que el simple hecho de ser indocumentado podría considerarse un delito llamado “ingreso inadecuado”, sancionable con multas de hasta USD 10 mil dólares y deportación inmediata.

Este tipo de medidas reflejan cómo varios Estados republicanos están intensificando sus políticas contra los migrantes, animados por la retórica de Trump. La senadora republicana Jill Carter defendió esta postura argumentando que se trata de “proteger a los ciudadanos estadounidenses”.

En Misisipi, la propuesta de recompensa y cazarrecompensas fue presentada por el legislador Justin Keen, quien utilizó casos criminales cometidos por migrantes indocumentados como justificación para su iniciativa. A pesar de que el proyecto no prosperó, Keen expresó su satisfacción por contribuir a la agenda de deportaciones masivas impulsada por la Administración Trump.

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Misisipi ha sido escenario de algunas de las mayores redadas contra migrantes, como las de 2019, cuando agentes de ICE arrestaron a casi 700 personas en plantas procesadoras de alimentos. Un informe del Centro Nacional de Justicia para Migrantes describió esas redadas como un ejemplo de la “política de inmigración punitiva y de motivación racial” del gobierno de Trump.

El rechazo hacia los migrantes indocumentados ha crecido paralelamente al incremento de las llegadas en los últimos años. Entre 2019 y 2023, la población de migrantes no autorizados en EE. UU. aumentó en tres millones, alcanzando los 13,7 millones según datos del Instituto de Política Migratoria (MPI). Aunque el gobierno de Joe Biden implementó restricciones al asilo que redujeron los cruces ilegales a mínimos históricos en 2023, el apoyo a políticas de deportación masiva sigue siendo elevado.

Una encuesta de The New York Times reveló que el 63% de los votantes estadounidenses está a favor de expulsar a quienes ingresaron ilegalmente en los últimos cuatro años, y el 88% apoya la deportación de aquellos con antecedentes penales.

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En este contexto, las propuestas de recompensa en Misuri y Misisipi muestran cómo el discurso antiinmigrante ha calado en sectores importantes de la población, generando iniciativas que podrían provocar graves consecuencias sociales y legales. Aunque no está claro si el proyecto en Misuri prosperará, su existencia es un claro indicativo de cómo se están redefiniendo las políticas migratorias en ciertos Estados, especialmente aquellos bajo el liderazgo republicano.