Diputados argentinos aprueban ley del aborto y pasa al Senado

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el viernes 11 de diciembre un proyecto de ley para la legalización del aborto impulsado por el presidente, Alberto Fernández, que recoge un viejo reclamo del movimiento feminista.

 

La iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación fue aprobada de madrugada luego de un maratónico debate de más de 20 horas seguido por decenas de miles de manifestantes, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.

 

Se prevé que en los próximos días el proyecto pase al Senado, que tendrá la última palabra, para ser debatido.

 

Varios de los diputados que lo respaldaron están en la oposición.

 

Cuando se transmitió el resultado de la votación en las grandes pantallas instaladas en las inmediaciones del Congreso, miles de activistas proaborto que habían pasado la noche a la intemperie siguiendo los discursos de los legisladores estallaron en gritos de alegría y se abrazaron.

 

En muchas jóvenes no parecía hacer mella el cansancio tras horas tumbadas sobre telas y colchonetas extendidas sobre el asfalto. Tampoco parecía importarles el distanciamiento social impuesto para combatir la pandemia del coronavirus, aunque muchas llevaban mascarillas verdes. el color que identifica al movimiento.

 

A cientos de metros, en un sector también próximo al Parlamento, cientos de manifestantes contrarios al aborto, con prendas de color azul celeste y banderas argentinas, lamentaron el resultado. Algunos agacharon la cabeza y otros lloraron. Sin embargo, varios que sonreían se mostraron confiados en que el resultado de la cámara baja se revertirá en el Senado.

 

La iniciativa impulsada por Fernández fue debatida en la tierra natal del papa Francisco dos años después de que otra propuesta similar naufragara en el Congreso, y a un año de que el dirigente peronista llegara al poder con la promesa de habilitar el aborto libre y gratuito.

 

Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de cuerdo con denuncias de legisladores.

 

Según el movimiento feminista, la aprobación de esta ley constituiría una conquista simbólica en América Latina, donde la influencia de la Iglesia católica es muy visible y la interrupción del embarazo está “muy castigada”, a excepción de en Uruguay, Cuba, Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guyana Francesa.

 

El proyecto está apoyado desde hace más de diez años por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un colectivo integrado por grupos feministas que anhelan que se haga realidad el derecho de las mujeres y de las personas con otras identidades de género y con capacidad de gestar a un “aborto seguro".

 

Además, es un reclamo transversal de fuerzas políticas de distinta tendencia.

 

“Es hora de terminar de escribir los derechos y pasar a la etapa de igualdad (...) A cada mujer que lleva el pañuelo verde reclamando decidir, a las que nunca bajan los brazos: ¡Que el aborto sea legal y gratuito, que sea ley!”, exclamó minutos antes de la votación Silvia Lospennato, una de las diputadas de la oposición que respaldó la iniciativa de Fernández.

 

El proyecto busca la erradicación de los abortos clandestinos que han causado más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. El gobierno señaló que cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.

 

Entre los principales oponentes está la Iglesia católica, cuya jerarquía pidió a los legisladores “un segundo de reflexión frente a lo que significa el respeto a la vida” y sobre el peligro “de la cultura del descarte” mencionada por el papa en varias ocasiones.

 

Diputados de distintas formaciones han cuestionado además que la práctica del aborto sea inconstitucional porque viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que atribuyen una jerarquía superior a la ley nacional y que establece que el derecho a la vida “está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

 

La opositora Graciela Camaño dijo que el aborto es la muestra de la “incapacidad política para resolver los problemas de la sociedad”.

 

“En lugar de resolver las causas, la falta de educación, la pobreza, las falencias, venimos a proponer que quede en la esfera privada de la mujer la solución del problema con el agravante de que el hombre no tiene nada para opinar”, sostuvo la legisladora.

 

Según el proyecto de ley, fuera del plazo de las 14 semanas el aborto se podría practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

 

Por otro lado, contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Con menos edad se tendrán que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.

 

Además, incluye la figura de la objeción de conciencia expresada de forma particular por parte de los profesionales de la salud y también de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica. Pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar la interrupción del embarazo tienen que derivar a las pacientes a otra institución.

 

Aunque el proyecto ha recibido luz verde en la Cámara de Diputados, en el Senado, donde el oficialismo pretende que sea tratado antes de fin de año, el panorama es más incierto ya que está integrado por legisladores con posturas más conservadoras.

 

Hace dos años, durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), la cámara alta trastabilló la iniciativa impulsada por el colectivo feminista que había sido aprobada por los diputados por un estrecho margen.

 

Tras aprobar la legalización del aborto, los disputados debatirán una iniciativa para reglamentar el Programa de los 1.000 días, que contempla ayudas para embarazadas y madres de niños de hasta tres años.