Demandan a autoridades bolivianas por no prever incendios forestales

La Defensoría del Pueblo de Bolivia emprendió acciones legales contra tres ministros, tres gobernadores y 12 alcaldes de la región oriental del país, acusándolos de no haber actuado a tiempo para mitigar el impacto de los incendios forestales.

Los incendios, que ya arrasaon con millones de hectáreas de bosques, fueron calificados como un “desastre ecológico” sin precedentes en el país.

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Según la Constitución boliviana, la Acción Popular tiene como fin proteger derechos colectivos y ambientales, en este caso los relacionados con la preservación de la Madre Tierra y la seguridad de las comunidades indígenas afectadas.

Entre las autoridades demandadas se encuentran los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperger; de Salud, María Renée Castro; y de Economía, Marcelo Montenegro, además de los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

A estos se suman los alcaldes de municipios gravemente afectados por el fuego, como San Matías, San Ignacio de Velasco y Concepción. La demanda tiene como propósito hacer responsables a las autoridades por su falta de acción frente a un desastre ambiental de gran magnitud.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el recurso legal ante el Tribunal de Justicia de La Paz, subrayando la importancia de proteger tanto las áreas protegidas como a las comunidades indígenas desplazadas, incluyendo al pueblo ayoreo, que vive en aislamiento voluntario.

Callisaya también lamentó que los incendios hayan sido el resultado de una gestión ineficaz y una falta de previsión por parte de las autoridades encargadas de gestionar el medio ambiente.

Bolivia declaró “emergencia nacional” tras la devastación de más de 4 millones de hectáreas, según fundaciones privadas, mientras que el Gobierno estima la afectación en 3,8 millones de hectáreas.

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Ante la gravedad de la situación, bomberos forestales de Brasil y expertos de Chile ya se encuentran colaborando en las labores de control del fuego. Se espera, además, la llegada de un equipo especializado de Francia y la contratación estatal de aviones cisterna para aplacar los incendios.

La crisis provocó la suspensión de clases debido a la contaminación del aire, y en algunos casos, las operaciones aéreas también fueron interrumpidas por la baja visibilidad.

Este desastre se suma a una serie de incendios forestales que golpearon al país en 2019, cuando más de 5 millones de hectáreas fueron consumidas por el fuego, lo que refleja la creciente vulnerabilidad de Bolivia ante los efectos del cambio climático y la falta de una gestión ambiental efectiva.