Según la Abogacía del Estado, Cunha aceptó abrirle juicio de destitución por "venganza".
El Gobierno brasileño pidió este martes 10 de mayo de 2016 a la Corte Suprema anular el procedimiento de impeachment de Dilma Rousseff, en un desesperado intento por impedir que la presidenta sea alejada del poder.
A menos de 24 horas de que el Senado decida si abre un juicio político contra Rousseff, la Abogacía General del Estado, que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por "venganza" personal.
La AGU recuerda que Cunha -suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones en su contra en el megafraude a Petrobras- dio paso a la solicitud luego de que el gobernante Partido de los Trabajadores decidiera apoyar una investigación que le inició la Cámara baja por faltas éticas.
“Cinismo”
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también saltó en defensa de Rousseff tras reunirse con ella el miércoles en Brasilia, y cuestionó la legitimidad del impeachment porque es impulsado por varios legisladores investigados o acusados de corrupción.
Hay un "porcentaje alto de diputados y senadores que podrían estar involucrados o indagados o acusados en temas de corrupción. Eso definitivamente genera un problema estructural de cinismo en cuanto a las decisiones que hay que tomar sobre el impeachment", dijo Almagro en un audio colgado en su cuenta Twitter.
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Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento.
El jefe de la OEA también sostuvo que las causas invocadas para el impeachment generan "incertidumbre política" y dijo que pedirá la "opinión consultiva" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto.
Golpe parlamentario vs crimen de responsabilidad
Tras días de alocadas marchas y contramarchas, los 81 senadores tienen previsto reunirse el miércoles para decidir si abren un juicio de destitución a la primera mujer presidenta de Brasil y la suspenden del cargo por hasta 180 días.
Rousseff es acusada de cometer un "crimen de responsabilidad" por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales durante su campaña a la reelección y en los primeros meses de su segundo mandato.
La exguerrillera de 68 años, que asumió el poder en 2011 y debe concluir su mandato a fines de 2018, insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y asegura que es víctima de un "golpe parlamentario".
Sondeos y analistas coinciden en que ya hay votos más que suficientes para iniciar el juicio político.
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