Colombia vive crisis humanitaria; miles de migrantes varados

Un pequeño pueblo colombiano a orillas del mar Caribe llamado Necoclí vive la mayor crisis migratoria de los últimos años: más de 10.000 migrantes del Caribe y África están varados en sus calles esperando para embarcarse en una lancha, adentrarse a la hostil selva del Tapón del Darién en la frontera con Panamá y finalmente intentar llegar a Estados Unidos.

Muchos de ellos, con niños en brazos, esperaban el miércoles un turno para comprar por 50 dólares los escasos boletos en las embarcaciones —propiedad de una sola empresa de turismo-- que los llevarían hasta Capurganá, un corregimiento (división administrativa) de Acandí, el pueblo donde inicia la travesía por el Tapón del Darién. Sólo 750 personas lograron embarcar.

La situación en Necoclí —ubicado en Antioquia, en el noroeste del país— se empezó a salir de control desde hace semanas. Primero se acumularon cientos de migrantes y luego fueron miles. Las autoridades han dado varias explicaciones. La Defensoría del Pueblo dijo el martes en un comunicado que las lanchas no han podido salir “debido a factores climáticos”, sin especificar cuáles, lo que ha ocasionado represamientos.

Por su parte, César Zúñiga, director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres de Necoclí, le dijo a la AP que en las últimas seis semanas el número de migrantes que ha llegado al pueblo ha sido mayor que el que ha seguido su tránsito.

“Se nos han estado acumulando personas debido a la incapacidad logística y operativa de la empresa transportadora, ya que ellos solamente pueden transportar alrededor de 750 personas diarias, pero en la noche nos llegan alrededor de 1.000 o 1.300... Además, ellos no operan los fines de semana, lo que también nos aumenta el número de migrantes”, agregó.

Ser migrante en Colombia no es ilegal. Sin embargo, la mayoría de quienes llegan a Necoclí lo hacen de manera irregular y suelen cruzar por la frontera con Ecuador. La Defensoría del Pueblo ha calculado que en 2021 al menos 33.000 personas han pasado hacia la frontera con Panamá, la mayoría provenientes de Haití, Cuba, Senegal y Ghana. Las autoridades migratorias también han reportado personas de Somalia, Guinea, República del Congo y Burkina Faso.

“Estoy aquí para buscar una mejor vida, un mejor empleo”, dijo a The Associated Press Samedy Rijkaard, un haitiano de 27 años, quien junto a su esposa y su hijo decidió irse de Chile, donde vivió los últimos cinco años, tras sentirse “discriminado”.

Los migrantes corren graves riesgos al cruzar por vía marítima. En enero de este año, una embarcación naufragó cerca de Necoclí con más de 16 personas a bordo y al menos seis de ellas murieron, según las autoridades.

Juan Arturo Gómez, periodista independiente del Darién colombiano, le dijo a la AP que grupos armados han ejercido control sobre algunas de las embarcaciones que salen de Necoclí de forma ilegal a altas horas de la noche y sin medidas de seguridad, especialmente después de los naufragios.

“A falta de un control efectivo por parte del Estado, se da un control muy estricto de los grupos ilegales, no porque tengan una parte humanitaria, sino porque estas situaciones les afectan los medios económicos, como son las rutas de narcotráfico”, indicó.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo el miércoles a la prensa que no contemplan expedir salvoconductos para los migrantes que se encuentran en Necoclí.

“No vamos a legalizar y mucho menos para facilitar fenómenos de tráfico de migrantes”, indicó. Además, aseguró que Colombia y Panamá firmaron este año un “memorando de entendimiento” para trabajar en “flujos migratorios mixtos y en información que permita" proteger a esta población.

Las necesidades de alimentación, hospedaje, servicios públicos y de salud en medio de la pandemia de COVID-19 de la población migrante ha desbordado la capacidad de las autoridades locales. Según Zúñiga, los servicios básicos, previstos para atender a 20.000 habitantes de Necoclí, están saturados, los residuos sólidos aumentaron en 17 toneladas y el acueducto no tiene la capacidad necesaria para abastecer a los barrios periféricos.

“Es urgente que las autoridades de Colombia y Panamá encuentren soluciones compartidas para salvar vidas. Un plan de respuesta humanitario para aliviar el sufrimiento de la población migrante y refugiada es necesario”, dijo a la AP Dominika Arseniuk, directora del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.

En el Tapón del Darién los migrantes no sólo están expuestos a la inclemencia de la selva, sino también a las redes de tráfico de migrantes y de drogas. Arseniuk explicó que han evidenciado que los migrantes en esta zona han sido extorsionados, víctimas de tráfico y violencia sexual.

“Personas de nacionalidad haitiana le dijeron a la organización que uno de sus familiares fue víctima de violación sexual en el Darién, pero que extorsiones e intimidaciones ocurrieron en otros países de Suramérica”, agregó.

Pese a los peligros, el haitiano Rijkaard asegura que quiere continuar el viaje con la esperanza de que al llegar a Estados Unidos las políticas del presidente Joe Biden lo beneficien y le brinden una ayuda especial, debido a que asegura que no puede volver a Haití por la crisis que atraviesa.

“Lo que está pasando en mi país es demasiado complicado; el presidente no tiene seguridad”, agregó Rijkaard en referencia al asesinato del mandatario Jovenel Moïse.