Chilenos exigen verdad y justicia tras 40 años del golpe a Allende

Decenas de miles de chilenos se manifestaron hoy en las principales ciudades del país, en vísperas de cumplirse el 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.

 

La marcha callejera más multitudinaria tuvo lugar en Santiago, donde según fuentes policiales unas 30.000 personas secundaron la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que congrega a familiares de víctimas y grupos sociales y de izquierda.

 

Los manifestantes, que portaban retratos con los rostros y los nombres de personas asesinadas, recorrieron los cuatro kilómetros que distan entre la céntrica avenida Alameda y el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido, en el cementerio general.

 

La marcha, que estaba autorizada, transcurrió de forma pacífica hasta que al llegar a las inmediaciones del cementerio, un reducido grupo de encapuchados protagonizó incidentes aislados y se enfrentó a la policía.

 

Este año, el principal acto de homenaje a las víctimas de la dictadura ha estado precedido de una serie de gestos y pronunciamientos en favor de la reconciliación.

 

La Asociación de Magistrados de Chile, la más importante del país, pidió perdón por sus "acciones y omisiones" durante el régimen militar, mientras que la Corte Suprema reconoció "que no hizo lo suficiente en dictadura", si bien evitó hablar de perdón.

 

Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, denunció que ni el Poder Judicial ni los medios de comunicación hicieron todo lo que debieron para frenar las atrocidades ocurridas durante el régimen del general Augusto Pinochet.

 

Pero a juicio de las víctimas, nada de esto es suficiente mientras no se establezca la verdad histórica de lo sucedido y los tribunales apliquen con rigor la ley a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

 

"Nosotros no estamos obligados a perdonar. En vez de que pidan perdón, lo que nosotros queremos es que se empiece a hacer justicia y se reconozca la verdad de lo que ocurrió en este país", declaró a Efe Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, una de las organizaciones convocantes de la marcha de este domingo.

 

Pizarro exigió que el Parlamento apruebe leyes que pongan fin a un Estado que, a su juicio "no es verdaderamente democrático y que vive bajo una constitucionalidad autoritaria", en referencia a la actual Carta Magna, que aunque ha sido reformada varias veces, fue redactada y aprobada en el gobierno militar.

 

En tanto, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que espera no tener que esperar otros diez años más para que la Justicia haga su trabajo.

 

"Los que hoy piden perdón, esperaron 40 años (...), nosotros exigimos hechos concretos, no nos interesa una reconciliación basada en la impunidad", enfatizó.

 

Además de los jueces, algunos políticos han reconocido su responsabilidad en lo sucedido tras al golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente socialista Salvador Allende.

 

El actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo sentir un "profundo arrepentimiento" por haber sido partidario de un gobierno en el que se violaron los derechos humanos", mientras que el senador derechista Hernán Larraín hizo un mea culpa al presentar un libro titulado "Voces para la reconciliación".

 

Al respecto, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, declaró que estos gestos de arrepentimiento carecen de sentido "porque son abstractos, no tienen contenido".

 

García, que asistió este domingo a la manifestación de Santiago, puntualizó que el requisito para otorgar el perdón es "que haya una propuesta que efectivamente avance en resolver los temas pendientes, que son la verdad, la justicia y la memoria".

 

La marcha en memoria de las víctimas de la represión concluyó con disturbios protagonizados por algunos jóvenes que instalaron barricadas y arrojaron piedras y cócteles molotov.

 

La policía usó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los encapuchados y efectuó varias detenciones, aunque por el momento se desconoce su número.

 

Dirigentes sociales consideraron que la actuación de la policía fue desmedida y arbitraria.

 

El exlíder estudiantil y actual candidato a diputado por Santiago Giorgio Jackson denunció la "represión policial" de una marcha pacífica, mientras que Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, manifestó que 40 años después del golpe, la policía sigue reprimiendo a los jóvenes en la calle.