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Élmer Fernández, el director de la cárcel La Modelo en Bogotá, Colombia, fue asesinado a tiros por presuntos sicarios
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Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I) de la Fiscalía investigan la zona de asesinato( )
El coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión La Modelo en Bogotá, fue asesinado en un ataque en la capital de Colombia; el Gobierno responde con un plan de seguridad para capturar a los responsables.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró que se ha establecido un “plan candado en la ciudad para capturar a los autores de este homicidio” y participará en un consejo extraordinario de seguridad de la Policía Nacional.
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“A la familia del coronel Fernández quiero expresarle toda la solidaridad mía, del Gobierno y de todo el país. Y a los asesinos, decirles que no nos van a amedrentar y que saldremos adelante a pesar de sus afrentos y de su insolencia.”
Añadió que la seguridad del cuerpo penitenciario del país será reforzada para garantizar que puedan cumplir con su función en las mejores circunstancias.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó que Fernández había asumido su cargo hace mes y medio, el 4 de abril, y estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y realizar requisas aleatorias.
Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), reconoció que el director había recibido amenazas últimamente y había denunciado estos hechos a las autoridades. Según el periódico colombiano El Espectador, Robayo destacó la gravedad de estas amenazas en el contexto del asesinato.
En febrero, el Gobierno de Petro decretó el estado de emergencia en el sistema penitenciario del país tras varios homicidios y casos de agresiones a funcionarios de prisiones.
En esa ocasión, Osuna solicitó el apoyo del Ejército para proteger la integridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y erradicar la violencia en las cárceles.
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El asesinato del coronel Fernández ha generado una fuerte reacción de repudio tanto a nivel nacional como internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó el crimen y urgió a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables.
El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, también se pronunció sobre el asesinato, asegurando que "las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales no pueden doblegar a la institucionalidad gubernamental, al aparato estatal". Camargo subrayó la necesidad de que este crimen no quede impune.
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