Caso Nene: de la decisión de la Asamblea se derivan tres escenarios para Verónica Abad

Hoy, 14 de junio de 2024, la Asamblea Nacional tiene en agenda el trámite de autorización para el enjuiciamiento de Verónica Abad en el caso Nene. El resultado de la sesión puede ir en tres sentidos: permitir el enjuiciamiento penal, negarlo o no emitir pronunciamiento.

La cita en el Palacio Legislativo es a las 12:35, en modalidad virtual. Hay expectativa del trámite parlamentario porque la información remitida por la Corte tiene carácter de reservada, es decir, no ha sido socializada a los asambleístas.

Se baraja la posibilidad de que la sesión se declare en reserva, desde el inicio, y así puedan los asambleístas conocer el contenido de los documentos.

Para autorizar el inicio de un proceso judicial contra la Vicepresidenta, son necesarios 92 votos en el Legislativo. Eso significa que se puede prescindir solo de bancadas con mínima representación.

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Al ser ese un objetivo político del oficialismo, por las tensiones existentes entre el binomio presidencial, ADN debería cabildear los votos con el Partido Social Cristiano, Construye, independientes y hasta con el correísmo.

Hasta el cierre de este reportaje, los asambleístas eran cautos en mostrar sus posturas. La mayoría dice que no pueden tomar partido mientras no se conozca el expediente del caso.

Sin embargo, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, explica que la información es reservada y que ni siquiera él puede revisarla. En el oficio del despacho de la jueza, Daniella Camacho, remitido a la Asamblea, establece esa cláusula, a pesar de que la investigación está en etapa de instrucción fiscal, es decir, ya superó la indagación previa, según explica el abogado penalista José Elías Cárdenas.

En ADN no hay dudas en la postura, sus voceros consideran que el Legislativo tiene el deber jurídico de permitir el enjuiciamiento, y que sea la justicia quien determine la responsabilidad de la Segunda Mandataria.

El correísmo coincide en ese criterio, pero tienen dudas de que el trámite en la justicia sea transparente.

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"Si la vicepresidenta Verónica Abad está involucrada en un acto de corrupción, debe ser investigada y sancionada, pero con una justicia imparcial", dijo la jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz.

El PSC, por su parte, se mantiene en la tibieza. El asambleísta Vicente Taiano dijo que mientras no conozcan los elementos no se pronunciarán.

En Construye tenían una reunión prevista para este 13 de junio, pero dejaban pistas de que estaban a favor de levantar la inmunidad.

Son tres escenarios que se desprenden de la decisión de la Asamblea. Ecuavisa.com presenta las posibilidades de Abad.

Con la venia de la Asamblea Nacional, la jueza Camacho podría convocar a la audiencia de vinculación y reformulación de cargos. Que tentativamente podría ser el próximo lunes.

En esa diligencia, la Fiscalía pedirá el cambio del tipo penal de oferta para tráfico de influencias a concusión. Además, deberá presentar indicios que muestren la responsabilidad de Abad.

Además, el Ministerio Público puede pedir medidas para asegurar la presencia de los procesados durante la investigación. Ahí se baraja la posibilidad de que se solicite la prisión preventiva para Abad. Si ese fuera el caso, la fiscal Diana Salazar debe demostrar que haya riesgo de fuga o antecedentes de que la Vicepresidenta no quiera colaborar con la justicia.

Sin embargo, si la jueza concediera el pedido, hay una particularidad, Abad está cumpliendo una función diplomática en Israel. El abogado penalista Cárdenas, explica que si existiera una orden de prisión preventiva, la Vicepresidenta debería presentarse en Ecuador para cumplirla y si se resistiera, la jueza podría pedir la orden de difusión de Interpol.

Siguiendo esa misma posibilidad, el abogado constitucionalista, Paúl Córdova, explica que se determina el abandono del cargo al cumplirse 90 días sin presentarse. Es decir, si hasta septiembre, Abad estuviera presa, podría comenzar el trámite para su reemplazo. Tal como ocurrió con Jorge Glas en 2018.

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También se le podrían dictar otras medidas como la presentación periódica ante un juez, eso dependerá de Camacho.

Luego de la instrucción fiscal, la jueza debe decidir si llama a la Vicepresidenta a juicio o no, con base en los elementos presentados por la Fiscalía.

Si la Asamblea emitiera un pronunciamiento negando la autorización, la jueza no podría vincular a Abad y el trámite avanzaría para su hijo, Sebastián Barreiro, y su asistente, Daniel Lenin Redrován.

Sin embargo, la Fiscalía podría iniciar nuevamente el procedimiento judicial en mayo de 2025 o cuando Abad deje de ser la Vicepresidenta.

La orden de la jueza Camacho es que haya un pronunciamiento de la Asamblea Nacional en el sentido de autorizar o no el juicio a Abad, en el plazo de 48 horas. Sin embargo, el año anterior, cuando un juez pidió el mismo pronunciamiento para enjuiciar a Glas, la Asamblea logró zafarse de la responsabilidad, con una moción que no tuvo los votos necesarios.

Para Córdova, esa posibilidad es grave porque podría entenderse como una autorización tácita. Es decir, la jueza podría vincular a Abad o no hacerlo, bajo su criterio jurídico.