Si suspenden los derechos políticos a Verónica Abad, ¿quién debería reemplazarla?

Hoy, 24 de marzo de 2025, se decidirá si la vicepresidenta Verónica Abad perderá temporalmente sus derechos de participación política, en sentencia de última instancia, por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Eso implicaría que no cumpliría con las credenciales para desempeñar el cargo y podría ser reemplazada en la Vicepresidencia.

Si los jueces se ratifican en la sentencia inicial, todavía corren plazos de ampliación y aclaración, es decir, pasará al menos una semana para que la decisión esté en firme.

La diligencia se aplazó el pasado viernes y se retomará esta mañana.

El candidato-presidente Daniel Noboa debería encargarle la Presidencia para dedicarse a la campaña. Sin embargo, ayer, que comenzaba oficialmente la etapa proselitista, nuevamente evadió el mandato legal y constitucional.

Bajo ese escenario, ¿cuáles son los plazos, quién deberá reemplazar a Verónica Abad?

La sentencia contra la Vicepresidenta surge de una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld, por violencia política de género.

En primera instancia, el juez Guillermo Ortega concluyó que incurrió en la infracción señalada, con base en conductas tipificadas en el Código de la Democracia, en particular tres: expresiones relacionadas con estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar la imagen pública, limitar o anular los derechos políticos de una mujer; divulgación de imágenes, mensajes o información, que reproduzcan relación de desigualdad y discriminación contra las mujeres; así como por limitar o negar el uso de cualquier recurso inherente al cargo político que ocupa la persona afectada.

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El pleno de jueces del Contencioso Electoral resolvió ratificarse en el criterio de Ortega, así como la sanción a Abad, de una multa de 30 salarios básicos (USD 14 100) y la suspensión de los derechos políticos por dos años. Además, deberá pedir denuncias públicas a Sommerfeld en un medio de comunicación de circulación nacional.

Aunque no hay más recursos que puedan cambiar la decisión del Tribunal, a partir de la sentencia correrán los plazos para los recursos de ampliación y aclaración que pueden solicitarlo cualquiera de las partes, en el transcurso de tres días, si nadie pide el recurso, entonces se ejecuta inmediatamente, según explica el abogado constitucionalista André Benavides.

Sin embargo, si alguien hace la solicitud, el TCE debería responder y luego, en el plazo de dos días, emitir el fallo ejecutado al Ministerio de Trabajo, donde se inscribiría el archivo de suspensión de derechos de participación.

Es decir, si el TCE se ratifica en sentencia de primera instancia, Abad dejaría de ser la Vicepresidenta entre el viernes 28 al lunes 31 de marzo.

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El pleno de jueces del Contencioso Electoral resolvió ratificarse en el criterio de Ortega, así como la sanción a Abad, de una multa de 30 salarios básicos (USD 14 100) y la suspensión de los derechos políticos por dos años. Además, deberá pedir denuncias públicas a Sommerfeld en un medio de comunicación de circulación nacional.

Aunque no hay más recursos que puedan cambiar la decisión del Tribunal, a partir de la sentencia correrán los plazos para los recursos de ampliación y aclaración que pueden solicitarlo cualquiera de las partes, en el transcurso de tres días, si nadie pide el recurso, entonces se ejecuta inmediatamente, según explica el abogado constitucionalista André Benavides.

Sin embargo, si alguien hace la solicitud, el TCE debería responder y luego, en el plazo de dos días, emitir el fallo ejecutado al Ministerio de Trabajo, donde se inscribiría el archivo de suspensión de derechos de participación.

Es decir, si el TCE se ratifica en sentencia de primera instancia, Abad dejaría de ser la Vicepresidenta entre el viernes 28 al lunes 31 de marzo.

Si legara a concretarse la pérdida de derechos políticos de Abad, su caso no tendría precedentes en la historia del país. Nunca antes un Vicepresidente había perdido temporalmente sus derechos políticos. El trámite que vendría a continuación dependerá de la interpretación jurídica del Gobierno.

La abogada constitucionalista Ximena Ron dice que una vez que esté en firme la sentencia, debería considerarse como una ausencia definitiva del cargo. En la Constitución consta que cuando eso ocurra, el Presidente debe enviar una terna a la Asamblea Nacional, que decidirá por mayoría absoluta, en un tiempo máximo de 30 días, es decir, podría pronunciarse incluso después de las elecciones.

Sin embargo, el abogado constitucionalista José Chalco considera que el Ejecutivo podría argumentar "una ausencia de su función por fuerza mayor", al ser la decisión de una autoridad judicial competente es un "acto irresistible e impredecible".

Siguiendo ese criterio jurídico, la Constitución dispone que el Presidente designe a un ministro de Estado para su sustitución temporal. Luego de ese tiempo se entiende que ha operado un abandono del cargo.

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Por otro laso, el abogado Chalco explica que "al no ser un tema propio a la materia o proceso electoral, cabe una acción extraordinaria de protección por parte de la vicepresidente ante la Corte Constitucional pudiendo esta llegar a pronunciarse definitivamente, pero, hay que ser serios, aquello no se suspende los efectos de la sentencia ya emitida por el TCE".