Urbanizaciones privadas de Guayaquil y Samborondón: ¿nuevo refugio de narcotraficantes?

En la noche del pasado 23 de febrero, la tranquilidad cotidiana de los moradores de la urbanización La Romareda, en el norte de Guayaquil, fue abruptamente interrumpida por el sonido de las balas.

"Por los gritos de una señora pensé que era un caso de violencia intrafamiliar, pero luego nos dimos cuenta que era un operativo (...) Los disparos fueron al pie de mi casa, es la primera vez que sucede", contó una residente a Ecuavisa, quien pidió no revelar su nombre por seguridad.

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Durante el operativo policial que se extendió por aproximadamente siete horas, fueron capturados cuatro miembros de una organización narcodelictiva. En el transcurso de la intervención, los agentes también incautaron droga en la vivienda.

Lo ocurrido no es un caso aislado. En los últimos años, se han registrado varios episodios similares en otras urbanizaciones privadas de Guayaquil, Samborondón, y Daule, incluyendo ataques a cabecillas de bandas que han optado por residir en vecindarios exclusivos. Los moradores piden mayor seguridad, pues ya no se sabe quién es quién en el vecindario. Aquí los detalles.

La Policía ha identificado dos razones principales por las cuales los capos han optado por infiltrarse en ciudadelas privadas: una es para garantizar su propia seguridad y la de sus familiares, y la otra es para utilizar las viviendas como lugares de almacenamiento de drogas.

Para explicarlo, Roberto Santamaría, el jefe de policía de Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, comienza desglosando la estructura de las organizaciones criminales por niveles: en el primer estrato se encuentran los menores de edad, dice, el brazo armado de las bandas, encargados de perpetrar sicariatos o extorsiones. En el segundo nivel, se hallan aquellos dedicados al manejo de armas y explosivos, los que siembran el terror.

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En el tercer nivel están "las cabezas", quienes administran los grandes recursos económicos y que tienen como función lavar el dinero ilícito, generalmente pagan costosos arriendos y se movilizan en carros blindados, explica Santamaría: "El administrador no va a vivir en Socio Vivienda, viven en urbanizaciones de lujo".

La razón principal, según Santamaría, es la seguridad. En un operativo, la Policía debe solicitar permiso a la guardianía para ingresar a la ciudadela, lo que brinda a los narcotraficantes una capa adicional de protección dentro de las urbanizaciones. Además, menciona que durante este proceso, podrían ser alertados.

Otra dinámica que han detectado es el uso de viviendas en urbanizaciones privadas como bodegas para el almacenamiento de drogas. De hecho, además del operativo llevado a cabo en la urbanización ubicada en la autopista Narcisa de Jesús, la Policía también allanó otra vivienda en una ciudadela cerrada de Daule, donde decomisaron en conjunto 2 toneladas de cocaína.

Los casos recientes recuerdan otros hechos pasados. En 2022, en la exclusiva ciudadela de Samborondón, Riberas del Batán, se detuvo al narcotraficante Leandro Norero financista de bandas criminales. En la mansión, donde residía junto a su familia, se descubrieron lingotes de oro, joyas, millones en efectivo, y otros bienes de valor.

En otra urbanización privada, ubicada en la Vía a la Costa, el 12 de octubre de 2023, George Samir Maestre Mena, alias Samir, cabecilla de la Mafia 18-Tiburones fue asesinado a tiros por sicarios que habrían ingresado por un estero cercano a la ciudadela Laguna Club.

Maestre, quien enfrentaba seis procesos judiciales por asesinato y uno por asociación ilícita, alquilaba una vivienda en ese lugar por medio de terceros.

Tan solo una semana antes de lo sucedido en La Romareda, el 19 de febrero de 2024, en la ciudadela Entre Ríos, ubicada en Samborondón, también se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en tres viviendas como parte de un operativo militar. Durante esa madrugada, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a dos personas.

Ante el hecho, el Comité de la ciudadela hizo un llamado especial a los propietarios en tener "un mayor cuidado al seleccionar a sus inquilinos con el fin de evitar en el futuro este tipo de intervenciones".

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Allí, desde el año pasado se han implementado medidas de seguridad más rigurosas, como el refuerzo de las puertas de acceso y la instalación de filtros adicionales. Esta práctica también se está adoptando en otras ciudadelas.

Por ahora, el ambiente en la ciudadela La Romareda, sigue siendo tenso, según describe Carla (nombre protegido). Los padres están renuentes a enviar a sus hijos al parque, y durante el fin de semana, se notó menos actividad de lo habitual en el vecindario.

Los vecinos dicen que ya existían sospechas de los inquilinos que habitaban la vivienda allanada, pues "todas las ventanas de la casa estaban tapadas con cartones y periódicos", cuenta y añade que también llegaban carros negros de alta gama. Lo que coincide con el patrón explicado por Santamaría.

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A raíz del hecho, Carla añade que se evalúan tomar otras medidas de seguridad, pues los moradores "reclaman a la administración que exista mayor control, inclusive, que se realice algún tipo de censo para las casas que están en alquiler y pedir antecedentes penales".

La administración de la urbanización también hizo un llamado a los propietarios para tomar precauciones a la hora de alquilar.