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La disputa política de los últimos tres meses se trasladó al TCE
El Tribunal Contencioso Electoral pasó de tener una relativa calma a ser el lugar donde se concentran las disputas políticas. La atención se centra cada vez más en la entidad por sus decisiones camino a las elecciones presidenciales.
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Varios actores políticos, incluidos altos funcionarios del Estado, tienen procesos en el TCE.( )
En los últimos tres meses, el TCE ha sido el centro de las disputas políticas. En el Contencioso Electoral se han ventilado desde denuncias por violencia política de género hasta la eliminación de candidaturas para las elecciones 2025.
Entre los actores involucrados se incluye a altos funcionarios del Estado, como el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad, los consejeros del Cpccs, la fiscal general Diana Salazar, y más.
Los jueces electorales tampoco han estado exentos de cuestionamientos por su imparcialidad, más cuando el 12 de agosto hubo un cambio de timón. Fernando Muñoz fue removido de la presidencia. Guillermo Ortega mocionó en su lugar a Ivonne Coloma. Y Ángel Torres se quedó con la vicepresidencia.
Desde entonces, estos son los hechos más llamativos dentro del ente electoral:
Sentencia contra Verónica Abad
El consejero del Cpccs, Juan Esteban Guarderas, denunció el 2 de julio, en su segundo intento, a la vicepresidenta Verónica Abad de cometer una infracción electoral grave: realizar campaña anticipada cuando ella era candidata para la Alcaldía de Cuenca en 2023.
La denuncia fue presentada en un momento en el que el Gobierno ya había admitido que quería a Verónica Abad fuera de su radar para que no llegue a la Presidencia cuando Daniel Noboa deba pedir licencia durante la campaña electoral.
Al final, el 5 de noviembre, Coloma sentenció a Abad con una multa económica de USD 8 500. No dio paso a la pérdida de sus derechos políticos, lo que hubiera significado un impedimento para ejercer la Vicepresidencia e incluso la Presidencia.
LEA: Verónica Abad fue sancionada por infracción electoral grave y deberá pagar USD 8 500
Verónica Abad vs. Daniel Noboa
Cuando la denuncia en el TCE avanzaba contra Abad, ella decidió responder con una denuncia de violencia política de género contra el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, y los entonces viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jácome.
Aunque la causa estaba en manos de Fernando Muñoz, Diana Jácome lo recusó, por lo que el juez electoral fue apartado del caso. El trámite ahora lo tiene Guillermo Ortega y la audiencia única de pruebas y alegatos se realizó el 8 de noviembre. Abad, por medio de sus abogados, acusó a Noboa por ocho conductas violentas, entre ellas: exilio forzoso a Israel y la reestructuración de la Vicepresidencia sin su participación.
LEA: Un juez analizará si Daniel Noboa ejerció violencia política de género contra Verónica Abad
Denuncias de violencia política de género contra Verónica Abad
En septiembre, Abad fue contrademandada por presunta violencia política de género por Gabriela Sommerfeld y Diana Jácome; esta última reconoció públicamente que su intención con esta acción legal es precisamente lograr la destitución de la Vicepresidenta.
La denuncia de la canciller es tramitada por Guillermo Ortega; y la de Jácome con Ivonne Coloma.
Aquiles Álvarez vs. Lucía Jaramillo
La asambleísta del Gobierno, Lucía Jaramillo, encabezó a mediados de agosto una rueda de prensa para anunciar una investigación a Codepesa, la empresa de combustibles de la que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, era accionista.
Aquiles respondió con un trino en X, calificándola de "niña vaga y vocera turra que no sabe nada de combustibles".
Jaramillo presentó ante el TCE una denuncia por violencia política de género. El 6 de noviembre, el juez Fernando Muñoz le dio la razón y sentenció, en primera instancia, a que Aquiles pague una multa de USD 9 660, ofrezca disculpas y reciba clases de género.
LEA: Aquiles Álvarez deberá pagar multa por USD 9 660 y ofrecer disculpas públicas a asambleísta
Topic fuera de la papeleta
El 8 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó por unanimidad la candidatura de Jan Topic. La entidad desechó las objeciones de Sociedad Patriótica y Pachakutik, pero estos partidos políticos acudieron al TCE para una impugnación, pues aseguraban que el aspirante presidencial por SUMA tenía contratos con el Estado.
Pese a que las acusaciones venían de esos frentes, Topic no dudó en señalar que detrás de esto estaba Daniel Noboa. "Me tiene miedo", dijo.
Finalmente, la noche del domingo 10 de noviembre, los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega y Joaquín Viteri decidieron que si bien Topic no era accionista de una empresa que tiene contratos con el Estado, sí podía haber un conflicto de interés, y lo dejaron fuera de la papeleta electoral.
Una acción que abogados constitucionalistas calificaron como un daño a la democracia.
LEA: Políticos cuestionan a Noboa y al Tribunal Contencioso Electoral por fallos sobre Abad y Topic
La sentencia contra la Liga Azul, en la congeladora
El 3 de septiembre, el juez Fernando Muñoz dictaminó la destitución de los consejeros del Cpccs, Augusto Verduga y Yadira Saltos, y de los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga. Afines al correísmo y autodenominados como la Liga Azul.
Fueron encontrados culpables de recibir el respaldo de la Revolución Ciudadana durante la campaña.
No obstante, esa sentencia no se encuentra en firme, pues debe pasar por la evaluación del Pleno. El caso se encuentra en la congeladora porque se han presentado recusaciones contra los jueces Ángel Torres y Guillermo Ortega, las cuales a la fecha no se resuelven.
Los denunciantes, Mónica Jaramillo, Santiago Becdach y Pamela Troya, han pedido entre octubre y noviembre que se apuren las recusaciones para que el veredicto de primera instancia quede en firme.
La sentencia contra Angélica Porras y Priscila Schettini tampoco está en firme
El pasado 6 de junio, el juez Fernando Muñoz aceptó la denuncia de la fiscal general Diana Salazar y sentenció a la abogada Angélica Porras y Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por violencia política de género, y les quitó sus derechos políticos.
De nuevo, la sentencia debe pasar a segunda instancia. Pero Porras ha presentado recusaciones contra los jueces Fernando Muñoz y Joaquín Viteri, las cuales aún no se resuelven.
Mientras, Angélica Porras concursa para ser jueza de la Corte Constitucional y Priscila Schettini es candidata a la Asamblea Nacional por el correísmo.
LEA: Diana Salazar fue víctima de violencia política de género, indica fallo del TCE
Punto de vista
La abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, considera que el TCE perdió credibilidad por "la forma cómo llegó la jueza Ivonne Coloma a ser presidenta".
Además, resalta que las denuncias que ingresan al ente electoral ahora tienen más tinte político que ciudadano.
"Se ha observado cómo la legitimidad de la denuncia ciudadana ha sido distorsionada y politizada. En lugar de preservar el espíritu de justicia electoral, se evidencia un uso oportunista de este mecanismo.
Estas denuncias ya no parecen buscar el fortalecimiento de la democracia, sino que persiguen fines personales y exponen una preocupante actitud servil por parte de sus impulsores.
Así como en su momento reconocí el avance representado por el TCE para asegurar elecciones transparentes y en igualdad de condiciones, hoy se expresa una profunda preocupación por la falta de criterio y la actitud genuflexa que los jueces demuestran en sus recientes fallos", señaló.
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