El futuro de la Liga Azul dependerá de las presiones políticas en el TCE y el Cpccs

La sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, que destituye a dos vocales principales y dos suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) afines al correísmo, ha provocado revuelo en varias esferas políticas y de poder.

La infracción electoral se habría cometido cuando Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor fueron auspiciados por un grupo político durante la campaña, algo que está expresamente prohibido en la ley.

Hay una segunda instancia en donde se resolverá la posible destitución. Será el pleno del TCE el que defina, donde hay una nueva conformación, tras la remoción de Muñoz de la Presidencia. Todavía no está claro cómo actuará la mayoría y si esta responde a un grupo político en particular.

Mientras que, en el Cpccs, están en juego los concursos para la designación de autoridades como el titular de la Fiscalía o los vocales del Consejo Nacional Electoral. Además, la salida de los consejeros correístas será determinante para la conformación del quinto poder.

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En el Tribunal Contencioso Electoral, el pasado 12 de agosto, hubo un remezón que provocó el cambio en la titularidad del organismo. Tres jueces: Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, se autoconvocaron para remover a Muñoz de la Presidencia. Con tres de cinco votos decidieron posesionar a Coloma en ese cargo y a Torres en la Vicepresidencia.

El argumento de los magistrados era que el juez Muñoz no atendía las diligencias propias del cargo; sin embargo, del lado del expresidente se calificó al hecho como un golpe de Estado con intereses políticos de por medio.

El TCE ahora tiene en sus manos la decisión en segunda instancia sobre la supuesta infracción electoral de los vocales del Cpccs. Para ello, cinco jueces deben conocer el caso, con excepción de Muñoz, por lo que en su lugar asumirá un conjuez.

La abogada constitucionalista, Ximena Ron, explica que en esa nueva sentencia podría ratificarse que se cometió la infracción, así como las sanciones establecidas; o podrían considerar que sí cometieron una falta, pero dejar como castigo únicamente la multa económica y la pérdida de derechos políticos.

A criterio de la experta, es probable que los jueces analicen la proporcionalidad de la sanción, es decir, si la actuación de los consejeros amerita que sean destituidos.

Pamela Troya y Santiago Becdach, denunciantes de los consejeros de la Liga Azul y excandidatos al Cpccs, dicen que las pruebas que presentaron tienen el mismo sustento que en su momento se expusieron contra el exconsejero Alembert Vera, por lo que esperan que los jueces mantengan el mismo criterio. En ese entonces votaron a favor Muñoz, Viteri y Torres.

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Las denuncias de interferencias políticas salpicaron a los jueces Torres y Ortega. Al primero se le acusó de que un familiar era afiliado al movimiento político del presidente Daniel Noboa, ADN; mientras que al otro se le señaló porque su esposa fue designada por Noboa en un cargo de elección popular.

La principal tarea del Cpccs es la designación de las autoridades de control, o sea, a los titulares de instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, o el Consejo de la Judicatura.

De ahí se desprende que las organizaciones políticas traten de controlar esos nombramientos para conseguir el poder en entidades claves.

En el Cpccs también está por verse cómo se moverán los votos tras los recientes acontecimientos. Uno es la renuncia de Mishelle Calvache, quien ejercía como Vicepresidenta. Ella, junto al presidente Andrés Fantoni, y los vocales Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto, configuraban una mayoría.

Verdezoto es un voto impredecible porque ya ha pasado que se alía a los consejeros del correísmo, ahora ella es la Vicepresidenta.

En el lugar de Calvache entró la consejera Jazmín Enríquez, cuyo comportamiento también está por verse.

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Becdach y Troya están conscientes que en el Cpccs hay interés políticos que rondan a las autoridades, sin embargo, aseguran que no tuvieron la intención de coincidir la posible destitución de los consejeros con la aprobación del reglamento para designación de la Fiscalía. Ni con el concurso para reemplazar a los vocales del Consejo Nacional Electoral.