¿El próximo presidente será políticamente más débil que la Asamblea, debido a la limitación del veto presidencial?

El 30 de mayo pasado, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda para reducir el número de votos que necesita el Legislativo para ratificarse en un texto, si este fuera vetado por el Ejecutivo. Es decir, con solo 70 voluntades, los asambleístas pueden desestimar el criterio del Presidente en la construcción de una ley. Ese cambio implica que el próximo Mandatario sea más débil respecto al Parlamento, si no consigue una importante representación de su organización política en esa institución.

Quienes promovían la enmienda dicen que el objetivo es equilibrar el rol del Presidente y salir de un sistema de gobierno hiperpresidencialista; mientras que, quienes cuestionan la decisión argumentan que el Mandatario tiene menos poder de acción y que la Asamblea tomará decisiones por populismo.

Lo cierto es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han estado minadas por pugnas, durante los últimos años y a lo largo de la historia política de Ecuador.

Incluso en la administración actual, una vez que el Gobierno rompió las alianzas con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, el revanchismo ha primado.

El presidente Daniel Noboa ha dicho que no va a enviar más proyectos de ley, en lo que resta del periodo, hasta mayo de 2024. Sin embargo, sí se pondrá a prueba la relación cuando el Legislativo apruebe determinado proyecto y el Ejecutivo ejerza su derecho al veto.

En los recientes casos de leyes aprobadas por la Asamblea, el Mandatario ha optado por el veto total, eso significa que el Parlamento no puede volver a tramitar el proyecto en el lapso de un año. Ocurrió con las reformas que permitían a vocales de la Judicatura, con prisión preventiva, pedir licencia; y también con la ley para la entrega de recursos a municipios y prefecturas.

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La dignidad más importante que se escoge en las elecciones generales, previstas para febrero de 2025, sin duda es el Presidente de la República. Sin embargo, la conformación de la Asamblea Nacional es clave, porque de ello dependerá la gobernabilidad que tenga el Mandatario.

Si se repite una composición como la de las últimas elecciones, en la que la bancada oficialista consiguió 17 curules, el Gobierno tendrá dos opciones: ejecutar una alianza, como ocurrió en la primera etapa de esta Asamblea, bajo el riesgo de que nuevamente primen los intereses particulares o se imponga una agenda de las demás organizaciones políticas; o convencer a asambleístas independientes y de otros partidos que dejen sus espacios para militar y votar por el proyecto del presidente electo, tal como pasa ahora que en ADN hay unos 36 legisladores.

Lo mismo ocurrió en la Asamblea de 2021, cuando Guillermo Lasso era el Presidente. Es decir, es una dinámica que ha estado presente en la política ecuatoriana. Sin embargo, antes de la enmienda, la salida que tenía el Gobernante, si no controlaba la Asamblea, era ejercer su poder por el veto presidencial y esperar que los votos de la oposición no alcancen para modificar su propuesta. La oposición ahora podría integrarse con solo 70 votos.

El analista político, Juan Rivadeneira, explica que la importancia del veto presidencial está en que el Ejecutivo tiene capacidad de incidir en la política pública, cuya implementación depende del Presidente.

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Rivadeneira cree que cuando un proyecto de ley se construye colectivamente "no debería ser complejo conseguir dos tercios para ratificarse en sus posiciones", es decir, como estaba la ley antes.

Sin embargo, el exasambleísta, Héctor Muñoz, quien propuso la enmienda, dice que el objetivo de la propuesta es equilibrar las fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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A su criterio todavía hay una balanza que favorece al Presidente, porque para allanarse en el texto del veto solo se necesita la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. Además, recuerda que el Jefe de Estado tiene la posibilidad de vetar totalmente un proyecto. A su criterio, todavía hacen falta reformas para garantizar que el trabajo del Legislativo tenga poder.

Rivadeneira y Muñoz coinciden en que una propuesta que podría complementar la enmienda es una reforma para la elección de los asambleístas en segunda vuelta electoral.

Consideran que ese planteamiento daría mayor gobernabilidad al Ejecutivo porque, probablemente, los votos se inclinen hacia los representantes de los partidos finalistas.

Sin embargo, Muñoz explica que aquella reforma no podría darse a corto plazo, porque ya corre el año electoral. También dice que podría ser contraproducente para organizaciones políticas pequeñas.

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