La crisis energética no solo es eléctrica: Ecuador ha percibido USD 126 millones menos en ingresos petroleros en 2024

No es nuevo afirmar que Ecuador atraviesa una crisis energética. Los ciudadanos experimentan a diario los cortes de luz programados y, poco a poco, han tenido que familiarizarse con términos como centrales hidroeléctricas, embalses y caudales. Sin embargo, el problema no se limita únicamente al sector eléctrico, sino que también afecta otras áreas dentro de la misma rama, como la industria petrolera.

La producción de crudo en Ecuador sigue disminuyendo, lo que repercute en una menor entrada de ingresos a las arcas del Estado y, por lo tanto, en una reducción del presupuesto destinado al funcionamiento del mismo.

La inestabilidad en la administración, la posible corrupción, los daños en la infraestructura y la suspensión de la explotación en ciertos pozos petroleros han sido factores determinantes en la caída de la producción.

El pasado 5 de noviembre de 2024, Diego Guerrero renunció a la gerencia de la empresa pública Petroecuador y se convirtió en el cuarto funcionario en dimitir a ese cargo en el último año, es decir, desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, sin embargo, fue el que más tiempo estuvo, cumplió cinco meses.

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Antes de él, la gerente era Marcela Reinoso, que dirigió la empresa de enero a mayo; mientras que Eduardo Miranda estuvo solo por nueve días, en diciembre del año anterior; y Reinaldo Armijos, que fue el primero en este Gobierno, pero vino de la administración de Guillermo Lasso.

Diego Guerrero tenía como objetivo la estabilización de los niveles de la producción petrolera. La meta que trazó era llegar a los 390 mil barriles de petróleo por día (BPPD).

El plan era perforar 19 pozos en Sacha, Bloque 60; ocho pozos en los Bloques 12 y 31; tres en el Bloque 7; y dos en Pucuna, Bloque 44.

Nada de eso pudo concretarse y la producción continúa en decrecimiento.

El último informe ejecutivo de la actividad petrolera mensual de Petroecuador, recoge la información de enero a septiembre de 2024.

Los datos muestran que desde enero a mayo hubo una caída sostenida de la producción, sin embargo, en junio la disminución fue drástica, debido a la paralización de la operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que transporta el 40 % del petróleo ecuatoriano, por riesgo de afectación a la tubería debido a la erosión del río Coca. Luego, en julio y agosto hubo una recuperación, pero para septiembre nuevamente hay una caída estrepitosa.

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Mientras que en las cifras de Banco Central, en el informe del segundo trimestre de 2024, consta que la producción nacional de petróleo diaria presentó una reducción de 15,05 miles de barriles en comparación con el trimestre anterior, lo que indica una contracción del 3,1 %; y en comparación con el mismo trimestre del año 2023, la producción registró una disminución de 1,75 miles de barriles, equivalente a una reducción del 0,4 %.

En cuanto a los ingresos petroleros que llegaron al Presupuesto General del Estado, según el Observatorio de la Política Fiscal, hay una diferencia de USD 126 millones entre enero y agosto de 2024, respecto a 2023.

Las razones para el decrecimiento, según los expertos, son varias. Por ejemplo, está la disminución de explotación en el bloque 43 del Yasuní ITT, los problemas en la infraestructura o los errores en la administración.

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David Almeida, vocero de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador, cree que las autoridades desmantelaron Petroecuador para que la producción decrezca y puedan impulsar la privatización de la empresa estatal.

A su criterio, si al Gobierno le interesaría recuperar la producción, primero debería designar a un gerente capacitado y con experiencia en la rama, de preferencia un funcionario de carrera. Además, deberían implementar un plan centralizado en materia energética hidrocarburífera.

El consultor energético, Nelson Baldeón, en cambio, considera que la estatal debe ser liquidada porque el sistema está tan corrompido que no hay manera de arreglarlo.

Además, explica que hay un manejo politizado de las instituciones involucradas y que no hay voluntad de corregir los errores en el área energética.