Ley del uso legítimo de la fuerza ¿un triunfo del Gobierno dentro del Legislativo?

La tarde de ayer, martes 7 de junio de 2022, tras seis meses la Asamblea Nacional aprobó con 104 votos y 19 abstenciones la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

Un proyecto que tiene como objetivo principal regular el uso de la fuerza por parte del Estado, conferido a los servidores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria.

Pero, la aprobación ¿era un resultado que se veía venir? y ¿supone un triunfo para el Gobierno de Lasso? Analistas consultados por Ecuavisa.com explican el panorama.

Durante el debate intervinieron 43 asambleístas y finalmente el cuerpo normativo aprobado cuenta con 74 artículos, y una reformatoria al Código Integral Penal.

Ante el resultado, Mauricio Alarcón, analista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que la aprobación de la Ley no es una sorpresa, sin embargo, reconoce que no se esperaba que el día de ayer existan los votos suficientes.

Es que los días previos ambos bandos de Pachakutik anunciaron que no apoyaría los artículos que se referían a la protesta social, su argumento principal era que dejaba abiertos ciertos temas a la discrecionalidad de la policía.

"Pachakutik intentó a última hora posicionar un mensaje equivocado de la Ley, pero con un resultado que no dio votos en contra, lo cual evidencia que el intento no tenía fuerza", analiza Alarcón. De hecho, parte de las 19 abstenciones fueron de ambos bandos de Pachakutik.

Además, ante la ola de violencia en las calles y las múltiples escenas de terror que ha conmocionado a la ciudadanía, el analista destaca que votar en contra "sabían el costo político que sería".

El Gobierno ha asegurado que, sin un marco legal, la fuerza pública no tendría las suficientes herramientas para enfrentar la escalada de violencia en el país. Entonces, la aprobación de la Ley ¿supone un triunfo para el Gobierno de Lasso?

El analista político Jacobo García, opina que sí, pero con algunos reparos. El Gobierno vuelve a tomar la iniciativa en un tema crucial, dice, "eso es importante, después de varios meses, ahora con la opción de veto tiene la oportunidad de darle su toque, sumado al tema del encuentro reciente con los alcaldes".

Sin embargo, García destaca que los resultados no serán inmediatos, "el problema es que toma la iniciativa en una problemática que, no se va a resolver ni en un día, ni con una Ley".

Por ello, el analista cree que es muy pronto para hablar de un triunfo del Gobierno, la ciudadanía esperará que con la normativa exista mejores condiciones para combatir la inseguridad y de esos resultados, dependerá el éxito del Gobierno. ​​​​

El proyecto, ahora, deberá ser analizada por el Ejecutivo que tiene la facultad de agregar nuevos cambios a la Ley, por medio de un veto parcial o puede promulgarla directamente en el Registro Oficial.

El Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse.