La construcción que impulsa empresa de Lavinia Valbonesi tiene al menos tres impedimentos ambientales

El vídeo de un minuto que se hizo viral la tarde de ayer, 6 de mayo de 2024, mostraba hombres talando manglares mientras voces interrumpidas pedían saber la legalidad de lo que estaba sucediendo. Se trataba de árboles de mangle ubicados en el Bosque Protector Esterillo Oloncito, un área protegida desde el 30 de noviembre de 2001 en la provincia de Santa Elena. La tala se llevaba a cabo para la construcción de un proyecto inmobiliario impulsado por una empresa cuya propietaria es la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Aunque el vídeo se hizo viral ayer, la situación habría comenzado meses atrás. De hecho, en una entrevista en un podcast, el actor y director de cine Andrés Crespo, vecino de la casa del presidente Daniel Noboa, en Olón, describió un episodio violento en enero, durante el cual incluso se produjeron arrestos: "Querían que ganara alguien en la presidencia de la comuna de Olón, hubo problemas y él (Daniel Noboa) mandó militares y policías para tratar de que ganara su candidato y le dieran permiso", afirmó Crespo.

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Ahora, los comuneros mantienen un plantón permanente para evitar la tala del manglar. Entre los carteles que sostienen los comuneros se lee: "No más deforestación". El proyecto inmobiliario busca rellenar el estero, aseguran, afectando alrededor de 54 árboles y parte de la cobertura vegetal, ya 21 de ellos han sido talados.

La empresa contratista Vinazin S.A. asegura que el Ministerio de Ambiente, liderado por Sade Fritschi, le otorgó el Registro Ambiental el 5 de diciembre de 2023, para llevar a cabo el proyecto urbanístico Echo. Sin embargo, expertos en derecho ambiental cuestionan la legalidad del permiso, sobre todo, porque se trata de una área protegida. Aquí los detalles.

Aunque este medio ha pedido reiterativamente una postura al ministerio de Ambiente sobre la legalidad de la construcción y los documentos que supuestamente respaldan el proyecto, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Por su parte, ambientalistas han expresado sus preocupaciones respecto a la actuación del ministerio.

Mónica Cabrera, ambientalista y miembro de Rescate Animal y Pacifico Libre, especializada en temas de derecho ambiental, cuestiona el hecho de que el registro ambiental haya sido suficiente para un proyecto de esta magnitud, cuando indica que debería haberse obtenido una licencia ambiental. Considerando que se trata de un área protegida, señala que no "se entiende qué tipo de argumentos o sustento técnico ha usado el MATE para otorgar el registro".

En este contexto, es importante destacar que la empresa Geosísmica, donde figura como accionista Roberto Luque, ministro de Transporte y está a cargo del ministerio de Energía, llevó a cabo los estudios de factibilidad para el ministerio de Ambiente en septiembre de 2023.

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Cabrera resalta que dado que se trata de un área de bosque protegido, los permisos y procedimientos son más rigurosos. Con ello concuerda, Inés Manzano, experta en derecho ambiental, quien describe que el registro no requiere de mayores formalidades, y puede ser solicitado por cualquier persona de manera totalmente digital.

Sin embargo, en el caso de la construcción de edificios y manejo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, como es el caso en cuestión, debía ser a través de una licencia ambiental: "Es un permiso que solamente lo pueden ser las compañías consultoras debidamente registradas del ministerio del Ambiente o los consultores ambientales registrados".

Este proceso implica la elaboración de un plan de manejo ambiental, un plan de contingencia y un plan de relaciones comunitarias, entre otros documentos, lo que conlleva un proceso más extenso y detallado.

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Entre estos aspectos cruciales es la consulta ciudadana, en este caso a la comuna de Olón, "se trata de participar justamente a las personas que están ahí, aquí ni los comuneros, ni moradores, ni el municipio, ni Prefectura de Santa Elena han sido convocados", afirma.

En ese sentido, cabe destacar la sentencia de la Corte Constitucional, notificada el pasado 17 de noviembre de 2023, que establece la obligatoriedad de llevar a cabo una consulta ambiental con los habitantes de la zona afectada como requisito para obtener licencias y registros ambientales.

Además, Cabrera añade que existe una ordenanza emitida en 2019 de Plan de Ordenamiento Territorial que regula la Ocupación y Gestión del suelo de la Costa Norte en Santa Elena​​​​​​ prohíbe la construcción de edificaciones de más de tres pisos, el proyecto contempla cuatro y con otro agravante:

De hecho, la Corte Constitucional en una sentencia de 2021 reconoce que los ecosistemas del manglar son titulares de los derechos reconocidos a la naturaleza y se debe respetar integralmente su existencia y mantenimiento.

Por otro lado, Manzano resalta la ubicación del proyecto en el cauce del río, lo que implica una alteración significativa del entorno natural. En 2023, se declaró la inconstitucionalidad de la ley de recursos hídricos, lo que generó la necesidad de una nueva legislación que no se ha concretado aún. Los márgenes de cuerpos son precisamente para que no haya aprovechamiento más allá de lo que se debe de los cauces de los ríos.

Vinazin S.A. fue fundada originalmente por el presidente Daniel Noboa en junio de 2016, con José Manzur Almendares como otro accionista. Su principal actividad económica se centra en el sector inmobiliario y tiene su sede en Urdesa Central, Guayaquil.

En octubre de 2021, según consta en el kárdex de accionistas de la Superintendencia de Compañías, Noboa vendió sus acciones a Daniel Correia Peñaherrera. Además, el 12 de junio de 2020, Manzur vendió su participación a la esposa del presidente, quien es ahora la accionista mayoritaria.

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El capital suscrito de la empresa hasta la fecha es de USD 10 000. María Beatriz Moreno Heredia figura como gerente general y ha trabajado previamente con la familia Noboa, además de desempeñar el cargo de procuradora común de la alianza política ADN.