Las víctimas de 'vacunas' extorsivas en Ecuador desisten de seguir con las denuncias

Soraya (nombre protegido) paga 100 dólares cada mes a sus 'vacunadores', en el cantón Naranjito, en la provincia del Guayas, para poder mantener su negocio de comida, de lo contrario las consecuencias, dice, pueden ser graves.

Las 'vacunas' como se conoce a las extorsiones, son un fenómeno ahora extendido en Ecuador que, de acuerdo a la Policía, en tan solo un año tuvo un aumento exponencial. En 2021 los casos llegaron a 1.600, pero en 2022 los porcentajes alcanzaron el 293,8%, en total, se contabilizaron 5.863 casos. Un fenómeno que no se había podido evidenciar en los últimos 13 años.

Ya en 2023, la tendencia parece que continuará, de hecho, en los primeros dos meses la cifra ya acumula 1.472 casos. Pero, lo que preocupa no es solo la cantidad, sino que los denunciantes desisten de continuar con el proceso, de hecho, Soraya no ha puesto una denuncia por miedo a represalias.

De acuerdo a datos la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (Unase), de la Policía Nacional, en 2022, el 70% de los denunciantes por extorsión no continuó con el proceso, es decir, 4.531 casos fueron archivados.

"No se las puede contactar", dice la Unase, luego del asesoramiento las víctimas desisten de la denuncia, además, en algunos casos los delincuentes no vuelven a llamar, lo que provoca que Fiscalía archive la investigación.

Alberto Molina, coronel en servicio pasivo y analista militar, explica que es un comportamiento "desgraciadamente" recurrente, "las personas se abstienen a denunciar por las represalias o hacen la denuncia y luego desisten de continuar con el proceso porque es engorroso y no quieren arriesgarse".

Las consecuencias de no terminar el proceso son graves, indica, pues "el 'vacunador' queda en la impunidad y sigue cometiendo el delito".

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Otro factor que identifica Molina es que existe desconfianza de las víctimas en los operadores de justicia. Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, concuerda con ello y menciona que la brecha de impunidad hace que la ciudadanía no vea a la denuncia como un mecanismo adecuado.

Un hecho que reforzaría esa desconfianza sucedió hace poco en Quito. El viernes 10 de marzo, los jueces Jaime Romero y Marco Tamayo liberaron a 13 personas acusadas de pertenecer a una red de 'vacunadores', que habían sido detenidos por la Policía. Al grupo se le dictó medidas alternativas a la prisión preventiva.

Casos como estos y otros, dice Córdova, lo que causa es que el Estado va perdiendo "credibilidad frente a la sociedad".

Los datos revelan que hasta 2021 el nivel de incidencia de este tipo de casos era bastante bajo, en Ecuador, pero desde ese año aumentó.

Córdova explica que en el país existían todas las condiciones previas para que este fenómeno despunte: "una sociedad donde no hay fuentes de empleo y donde hay un alto grado de violencia criminal, sin capacidad del Estado para contrarrestar".

Ambos expertos explican que, en Ecuador, la extorsión no está ligada a las bandas de narcotráfico, "es delincuencia común". Es decir, son las mismas bandas delictivas que antes se dedicaban al robo, ahora, encontraron en la extorsión un mecanismo, aunque ilícito, de sustentación económica.

Para Córdova una acción urgente es el diseño de una política horizontal de seguridad, es decir, que involucre a los gremios de transporte, ligas barriales, líderes sociales, personas que están en territorio, para que las estrategias de seguridad no solo vengan de una visión vertical y jerárquica.

Por su parte, Molina agrega que la reactivación económica es indispensable, pues es precisamente la crisis, la gasolina para que este tipo de casos continúe, "se da por un tema social por una falta de empleo".