La eliminación de los subsidios a las gasolinas revive el fantasma del paro: ¿hay condiciones para las movilizaciones?

El pasado 18 de junio de 2024, el Gobierno anunció el mecanismo para la eliminación parcial de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. Las organizaciones sociales, que históricamente se han opuesto a esta medida, ya reaccionaron anunciando movilizaciones.

Por lo pronto, los trabajadores lideran la discusión en contra de la decisión del Gobierno, mientras que los indígenas todavía miden el terreno, haciendo declaraciones escuetas.

Lea también: Eliminación de los subsidios a los combustibles: los diálogos no han dado resultados

A diferencia de los paros que se registraron durante el gobierno de Guillermo Lasso y Lenín Moreno, ahora el presidente, Daniel Noboa, tiene menos tiempo en el cargo y mayor porcentaje de aceptación, según las encuestas. Además, el anuncio se hace en un contexto electoral, a meses de las votaciones de 2025.

Bajo ese escenario, ¿los grupos sociales están en condiciones de convocar a movilizaciones?

El gobierno plantea el incremento de USD 0,26 por cada galón de gasolina Extra y Ecopaís es decir, costará USD 2,72. La medida entrará en vigencia desde finales de junio de 2024.

En la rueda de prensa en la que las autoridades informaron sobre el mecanismo para la eliminación de los subsidios, la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, dijo que esa subvención es inequitativa e ineficitente.

Aseguró que durante el tiempo en el que ha estado vigente la medida, no ha representado un impacto positivo para el país; sino que, por el contrario, incentiva actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.

La funcionaria explicó que el presupuesto destinado para ese subsidio, de USD 644 millones, se equipara al monto destinado al Bono de Desarrollo Humano y es el doble al asignado para la lucha contra la desnutrición crónica infantil.

Lea más: En la carrera a las elecciones de 2025 ya se identifican algunos camisetazos y giros inesperados

Esos argumentos no convencen a las organizaciones sindicalistas. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dice que al subir el precio de los combustibles, va a aumentar el costo de vida.

Asegura que la clase media será la más afectada con la medida y que se coartará su capacidad adquisitiva.

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), dice que cuando sube el valor del transporte, los costos de toda la cadena productiva aumentan, aún si no se topa el subsidio al Diésel.

Para evitar una afectación en el transporte, el Gobierno dará una compensación a taxistas, conductores de tricimotos y de transporte mixto, mediante transferencias bancarias, coordinadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, dijo que el Gobierno tiene interés de evitar un impacto únicamente para los usuarios del transporte.

Le puede interesar: El ministro Roberto Luque enfrenta crisis energética y vial al mismo tiempo

Las autoridades insisten en que la medida no se traslada a un mayor costo de vida porque no se ha topado el combustible del transporte pesado ni de los buses. Es decir, no tendrían por qué subir los pasajes de bus urbano ni interprovincial ni los fletes.

Arellano dice que el Gobierno debió retirar el subsidio para grandes grupos empresariales como los mineros, pero conservarlo para las personas naturales.

Por ello, convocan a una manifestación para el 4 de julio de 2024. La sindicalista dice que se está articulando con otras organizaciones sociales.

Al ser consultada por qué la protesta del 12 de junio no tuvo mayor impacto, Arellano dice que el colectivo al que representa no participó y que la convocatoria fue de un momento al otro.

Por otro lado, cuenta que han tenido acercamientos con el movimiento indígena y campesino, pero espera que la siguiente semana se amplíen las conversaciones.

Por el momento, no hay un llamado a paro nacional ni a movilizaciones extendidas.

Revise más: Daniel Noboa y la Asamblea Nacional rompen los puentes de diálogo a meses de la campaña electoral

El movimiento indígena no es el mismo que en 2022. En ese momento eran tres las organizaciones que mantenían el protagonismo: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).

El líder de la Conaie, Leonidas Iza, tiene pretenciones electorales en 2025. Eso significa que las actuaciones que tome serán en función del contexto electoral. La analista política Andrea Grijalva dice que, en su momento, el discurso de Iza caló en ciertos sectores sociales. Sin embargo, en el contexto actual, podría resultarle contraproducente llamar a un paro.

Por otro lado, en la Fenocin hubo discrepancias en la directiva, luego del paro de junio de 2022. El presidente es Gary Espinoza, pero una buena parte de sus miembros sigue al vicepresidente Hatari Sarango, quien tendría mayor afinidad y cercanía con Iza.

En cambio, la Feine, resultó ser la cuota correísta en el paro de 2022. Eustaquio Toala era el representante de la organización; sin embargo, ahora es asambleísta por la Revolución Ciudadana, lo que le complica su actuación como dirigente social.

De ahí se desprende que ninguna de las tres ha emitido pronunciamientos radicales sobre la eliminación de los subsidios, como sí lo hicieron con Moreno y Lasso.