¿La agenda de fiscalización de la Asamblea superó la etapa de la venganza?

El correísmo no logró censurar y destituir a la ministra del Interior, Mónica Palencia, el pasado 23 de octubre de 2024, y con ese proceso de fiscalización, el Legislativo cierra un capítulo de venganzas.

La funcionaria era cuestionada por su gestión en materia de seguridad, pero también por autorizar a la Policía Nacional la irrupción en la Embajada de México para tomar preso al exvicepresidente Jorge Glas.

Por fuera de ese caso, en este periodo hubo otras revanchas políticas que terminaron con la censura de ciertos exfuncionarios o con el perdón a otros.

¿Qué es lo que no ha perdonado la Asamblea Nacional en la agenda de fiscalización?

En el juicio político a Palencia fue determinante la causal de la detención a Glas. Eso provocó que Construye se abstenga y permita la salvación de la Ministra, mientras que la Revolución Ciudadana contó solo con el respaldo del Partido Social Cristiano, lo significó a penas 77 votos a favor de la censura y destitución, cuando se necesitaban 92. Ese capítulo todavía no se ha cerrado porque está pendiente la reconsideración.

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Lo mismo pasó con la canciller Gabriela Sommerfeld, en agosto de 2024, cuando se archivó el juicio político con 76 votos.

En ambos casos, el correísmo pretendió utilizar la plataforma de la Comisión de Fiscalización para cuestionar al Gobierno en la irrupción a la Embajada de México. Desde ese hecho, Glas, sentenciado por corrupción, cumple prisión en La Roca.

Si bien todavía pueden presentarse juicios políticos a otros funcionarios por esa misma razón, las dos principales ministras que encararon la crisis ya salieron libradas.

Desde el periodo anterior, el correísmo tenía en mira un pedido de enjuiciamiento político a la fiscal Diana Salazar, que finalmente se concretó en noviembre de 2023, con la solicitud de la asambleísta Gissella Garzón, y luego, en mayo de 2024, llegó la del legislador Héctor Valladares.

La Fiscal enjuició al expresidente Rafael Correa, Jorge Glas y otros líderes y exfuncionarios representativos de la RC.

Desde esa organización política mantienen la tesis de que Salazar ha perseguido judicialmente y de manera intencional a sus miembros, incluso le acusan de haber presentado pruebas escuetas en el caso Sobornos.

Por eso, el espacio de fiscalización de la Asamblea se convertía en un lugar idóneo para desacreditar a Salazar. Por ejemplo, hubo la intención de que el exasambleísta Ronny Aleaga, investigado por el caso Metástasis, comparezca de manera virtual, frente a la Fiscal, a pesar de estar en condición de prófugo de la justicia. Aleaga aseguraba que tenía chats que comprometían a la funcionaria.

Finalmente, ese capítulo se cerró con el archivo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de una interrupción por el embarazo de Salazar.

El expresdiente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado por el caso Metástasis por supuestamente haber participado en una red de corrupción en la función judicial, cuando se desempeñó como juez de la Corte Nacional de Justicia, fue llevado a juicio político por incumplimiento de funciones.

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Sin embargo, el Pleno de la Asamblea resolvió salvar al exfuncionario, con votos de la Revolución Ciudadana, por lo que no pudo ser censurado.

Nuevamente, el juicio político fue una palestra para levantar acusaciones contra la Fiscal. Terán, en su intervención, dijo que Diana Salazar mentía en los casos que llevaba adelante e incluso que influyó para que dicte sentencia contra Correa en el caso Sobornos.

"Cómo me arrepiento haber cedido a esa serie de influencias, a esos emisarios que circulan por allí. Recuerden la noche previa a cantar la resolución, o quieren hacer un examen de teléfonos también", dijo el expresidente de la Judicatura.

En la Comisión de Fiscalización hay algunos juicios políticos en cola. En unos será mucho más sencillo llegar a acuerdos porque no hay fuerzas políticas que defiendan a los exfuncionarios ni en la mesa legislativa ni en el Pleno.

Es el caso del juicio político, que actualmente está activo, contra la exministra de Energía y Minas del gobierno de Daniel Noboa, Andrea Arrobo. Según los interpelantes, no tomó las acciones necesarias para evitar la crisis energética que hasta el día de hoy no tiene solución.

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Algo similar ocurrirá con el excanciller de Guillermo Lasso, Gustavo Manrique, cuarto en la fila de enjuiciamientos, y con el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, séptimo.

Los juicios que sí provocarán remezón son los presentados contra los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, que ya fue retirado por Construye, pero debe ser analizado por la Comisión; y Fernando Muñoz, propuesto por la Revolución Ciudadana.

También los procesos contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, afín al oficialismo, y Johanna Verdezoto, que a veces responde al correísmo, socialcristianismo y hasta al oficialismo.