Tres elementos incidieron en la no calificación del juicio político a la fiscal Diana Salazar

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió no calificar el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, la noche de ayer y la madrugada de hoy, 10 de septiembre de 2024.

La cita comenzó a las 21:00 del 9 de septiembre y se extendió hasta más de la media noche. Se desarrolló en medio de discusiones entre los miembros de la mesa legislativa y bajo la conducción del vicepresidente de la mesa, Luis Alvarado (ADN), luego de que se apelara la presidencia de la asambleísta del correísmo Pamela Aguirre.

Gritos, acusaciones, reclamos y la intromisión de asambleístas y funcionarios ajenos a esa comisión fueron parte de la tónica durante las casi cuatro horas de sesión.

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Inicialmente, el meollo estaba en cómo responder a la decisión del juez Édgar Romero, que dispuso reactivar los juicios políticos contra tres exministros de Guillermo Lasso.

Algunos asambleístas, principalmente del correísmo, creían que era necesario continuar con el trámite que ya había iniciado contra la ministra del Interior Mónica Palencia; mientras, desde el oficialismo y Construye planteaban pausarlo y continuar con el procedimiento contra Salazar, por principio de prelación.

Finalmente, con cinco votos a favor, uno de ellos en blanco, la Comisión aprobó suspender el juicio contra Palencia y continuar con el de Salazar, acatando lo dispuesto por el magistrado.

Sin embargo, al evacuar el segundo punto del orden del día sobre la calificación del juicio a la Fiscal, la moción de la asambleísta Pamela Aguirre no tuvo respaldo, ella defendía que el pedido de la legisladora de su bancada, Gissela Garzón, cumplía con los requisitos de forma.

Otro embrollo ocurrió cuando el asambleísta Alvarado dio paso a la votación de unificación de procedimientos, tomando en cuenta que había otra solicitud de juicio político contra Salazar del asambleísta Héctor Valladares, también de la Revolución Ciudadana.

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Aguirre y los demás asambleístas de esa bancada reclamaban que no era posible unificar dos juicios, cuando uno de ellos había sido archivado. Sin embargo, los demás legisladores procedieron.

Desde que se planteó el juicio político contra la Fiscal se han presentado varios impedimentos para avanzar.

Desde que el correísmo planteó el juicio político contra Diana Salazar era predecible que las demás bancadas legislativas no lo apoyarían.

Construye, Partido Social Cristiano, ADN y asambleístas independientes, de entrada, mostraron su rechazo a la propuesta de enjuiciar a la funcionaria.

En el caso de que el juicio hubiera llegado al Pleno, a pesar de que solo se necesitaban 70 votos para censurar y destituir a la Fiscal, la Revolución Ciudadana no contaba con suficientes voluntades.

En la Comisión de Fiscalización ocurría lo mismo, aunque controlaban la Presidencia y tenían cuatro votos asegurados, los otros cinco asambleístas actuaron en coordinación.

Ahora, la tesis que impulsan desde esa bancada es que el pedido de juicio de Valladares no se ha descartado, por lo que pretenderán activarlo.

La Fiscal tiene una importante aceptación ciudadana. Los casos que ha revelado muestran la penetración de la corrupción y el narcotráfico en el aparato estatal, lo que le ubica como un personaje de lucha contra las mafias.

A vísperas de la inscripción de opciones para el binomio presidencial y la Asamblea Nacional, los precandidatos tratan de mostrarse cercanos a la lucha que representa Salazar y, por lo tanto, la defienden a capa y espada.

Mientras que, desde la Revolución Ciudadana, la Fiscal es vista como el personaje antagónico a su líder, Rafael Correa, por lo que promover el enjuiciamiento es aplaudido entre los militantes acérrimos.

La Fiscal tiene en sus manos investigaciones importantes que comprometen a personajes de la política y del mundo criminal.

Los casos Metástasis y Purga son la muestra de cómo el sistema judicial del país funcionaba para intereses de grupos de delincuencia organizada. El primero está en audiencia preparatoria de juicio, que podría tomar algunos meses; mientras que en el segundo se recogen los testimonios anticipados.

Asambleístas de Construye y ADN argumentan que enjuiciarla políticamente podía interferir en el desarrollo de esos casos.

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