Sin el juicio político a Diana Salazar, la Asamblea se queda sin enchufe político

El capítulo del juicio político a la fiscal Diana Salazar terminó sepultado en la Asamblea Nacional sin ni siquiera comenzar. El Pleno archivó los pedidos de los asambleístas correístas, Gissela Garzón y Héctor Valladares.

En la moción aprobada consta que la Comisión de Fiscalización tramitó las solicitudes dentro de los cinco días que establece la Ley de la Función Legislativa, desde que remite el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La sesión terminó ayer, 10 de septiembre y el plazo vencía el lunes 9.

Con ese tema superado, la agenda política de la Asamblea se enfría para los próximos meses, cuando se intensifica la lid electoral.

Las selfies de los asambleístas con la pantalla pintada de verde, en la que se refleja el voto afirmativo, a favor del archivo de los juicios políticos a la fiscal Diana Salazar, así como pronunciamientos a favor de la funcionaria, no tardaron en inundar las redes sociales.

Diana Salazar se convirtió en una figura de lucha contra el crimen organizado y la corrupción, con una alta aceptación ciudadana, según la medición de varias encuestas; por eso, para la mayoría de asambleístas es rentable políticamente ponerse del lado de la titular de la Fiscalía, como muestra de lucha contra las mafias. Además, se convierte en una estrategia de precampaña electoral.

Si bien, desde que se presentaron las solicitudes de enjuiciamiento era previsible que los votos no alcanzarían para una posible censura y destitución, con lo ocurrido ayer quedó clara la conformación del bloque salzarcista, que incluye a todas las bancadas y asambleístas, con excepción del correísmo y tres legisladoras de Pachakutik que se abstuvieron.

Esa misma tónica se vio en la mesa legislativa de Fiscalización, cuando los cinco asambleístas de diferentes organizaciones políticas se unieron en contra de los cuatro correístas.

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En menos de un mes, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, deberá renunciar a su curul para participar como candidato a la Presidencia. La conducción del parlamento pasará a manos de la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Viviana Veloz, quien por ahora se desempeña como Primera Vicepresidenta.

La vacante que queda en el CAL será uno de los primeros asuntos a resolver. El Partido Social Cristiano reclama ese espacio, considerando que pierden la representación de Henry Kronfle; por otro lado, en Construye hay voces que piden esa curul, porque la asambleísta que eligieron para la vocalía se separó de la bancada. En fin, a la Asamblea le costará generar consensos en ese aspecto.

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En cuanto a la relación con el Ejecutivo, el Gobierno no tiene pensado enviar proyectos de ley a la Asamblea Nacional, en lo que queda de gestión, es decir, hasta mayo de 2025. Eso significa que la tensión entre ambos poderes del Estado se enfriará con el paso del tiempo.

En materia legislativa se desarrollan proyectos como la Ley Orgánica de Inteligencia, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Ley Orgánica de la Policía, entre otras.

Y en Fiscalización, la Comisión resolvió acoger la disposición del juez Édgar Romero y retomar los tres juicios políticos contra las exautoridades de Guillermo Lasso; es decir, el orden de tratamiento será: Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de economía; Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt; y Mónica Palencia actual ministra del Interior.

Está pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la sentencia del juez Romero, lo que podría cambiar la situación de Palencia. Además, la oposición quiere presentar pedidos de juicios contra otros asambleístas que estuvieron involucrados en el caso Olón.

El periodo de Diana Salazar culmina en abril de 2025. Podría suspenderse antes por el permiso de maternidad al que tiene derecho cuando nazca su hija; sin embargo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) todavía no aprueban ni el reglamento para tal concurso.

De cualquier manera, Salazar todavía tiene unos cuatro meses en la titularidad de la Fiscalía, tiempo en el que pueden definirse las sentencias en primera instancia de procesados por casos como Metástasis, Purga, Independencia Judicial, Plaga y Encuentro.

Su trabajo terminará cuando las pruebas que presente contra los investigados obliguen a los jueces a aplicar las sanciones.

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