En Ecuador, la mayoría de acuerdos legislativos se pactan en la clandestinidad y duran pocos meses

Una de las estrategias de las organizaciones políticas que llegan a la Presidencia, sin una mayoría en el Legislativo, es conseguir acuerdos con otros grupos políticos para garantizar los votos en la Asamblea, que se traducen en gobernabilidad. En Ecuador, esa práctica ha sido recurrente, aunque no siempre se han transparentado los términos de las alianzas y, la mayoría de veces, terminan rompiéndose en poco tiempo.

El periodo 2023-2025 de la Asamblea Nacional es un claro ejemplo de ello. Comenzó con un pacto aplaudido por unos y cuestionado por otros, bajo el cual se designaron las autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y se integraron las comisiones legislativas.

Sin embargo, a pocos días de cumplirse cinco meses desde que iniciaron funciones, la alianza del correísmo con el oficialismo se deshizo, al punto de que ambas partes niegan que haya existido tal coordinación.

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Así como este, hay varios casos en la historia reciente. Ecuavisa.com hizo un recorrido de los pactos que más prometían y que quedaron desechos.

El correísmo, el Partido Social Cristiano y el presidente Daniel Noboa tuvieron un pacto que se hizo público pocos días antes de la instalación de la primera sesión de la Asamblea.

Es así que la Revolución Ciudadana se quedó con comisiones clave como Fiscalización y Justicia. También consiguió la primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, lo que les ha permitido dirigir sesiones del Pleno a conveniencia.

A cambio, dieron el apoyo expreso o tácito a las leyes económicas urgentes que ha presentado el Presidente en los primeros días de gobierno.

En las dos primeras, sobre generación de empleo e impulso energético, no fue complicado conseguir los votos y pasaron holgadamente. Lo mismo con la propuesta de extinción de dominio.

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Sin embargo, con la ley que planteaba el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no fue tan sencillo. El correísmo, públicamente, despreciaba el proyecto de ley, aunque en la práctica permitió que se apruebe un texto, dando cabida al veto del Presidente, donde se incrementó el impuesto.

La verdadera habilidad política del Gobierno se midió cuando llegó la Ley de Turismo. El correísmo nuevamente se opuso, aunque al momento de la votación hubo siete legisladores de la Revolución Ciudadana que votaron a favor.

El 5 de abril de 2024, los representantes de la bancada de RC se presentaron oficialmente como la oposición de Noboa, luego de que la Policía ingresara a la embajada de México en Quito para tomar preso al exvicepresidente Jorge Glas, por orden del Presidente.

El gobierno ahora tendrá que cabildear en otros grupos políticos para continuar con su racha de proyectos de ley aprobados y evitar que los procesos fiscalizadores, impulsados también por el correísmo, terminen con las destituciones de las ministras Mónica Palencia, de Interior, y Gabriela Sommerfeld, de Relaciones Exteriores.

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, al ser consultado por el pacto, dijo que nunca ha existido, que hubo solamente consensos para temas específicos.

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El expresidente Guillermo Lasso asumió el cargo cobijado por su tradicional Movimiento Creo y por el PSC, que incluso hizo campaña activamente de la mano de quien resultó ganador.

No obstante, antes de que la Asamblea comience funciones, se filtró la intención de aliarse con el correísmo, al parecer, a cambio de impunidad.

De último momento, Lasso dio un paso al costado y rompió la alianza. Optó por construir una aún más frágil, se unió con la Izquierda Democrática y Pachakutik, ambas organizaciones estaban resquebrajadas a la interna y no tardaron en desintegrarse de a poco, formándose pequeñas fracciones rebeldes.

La presidenta de la Asamblea de ese entonces, Guadalupe Llori, no pudo sostener el respaldo de sus compañeros y al poco tiempo fue removida del cargo, mostrando que el pacto que había impulsado Creo quedaba en nada.

La falta de acuerdos fue tan evidente que Lasso estuvo a punto de ser enjuiciado políticamente, por el Legislativo.

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El reto de Lenín Moreno con la Asamblea tuvo su matiz. El expresidente rompió relaciones a la interna, marcando división al interior de Alianza País. Los asambleístas decidieron si continuar bajo su liderazgo o ser oposición, guiados por el expresidente Rafael Correa.

En ese periodo (2017-2021), se consiguió un acuerdo entre morenistas, la Bancada de Integración Nacional, el Bloque de Acción Demotrática Independiente y Creo, en mayo de 2019. Producto del pacto, se designó a César Litardo como presidente de la Asamblea. En ese caso incluso hubo un documento público de 10 acuerdos de gobernabilidad.

Sin embargo, para enero de 2020 Creo decidió separarse de la alianza, justamente en el año que comenzaba el periodo electoral, con miras en 2021. La razón fue el juicio político contra Diana Atamaint, al que Creo respaldaba, pero no la fracción de Alianza País-morenista.

Rafael Correa estuvo tres periodos en el poder. En el primero, cuyo objetivo era impulsar la Asamblea Constituyente, tuvo que generar alianzas con representantes de partidos independientes, así logró sus primeros objetivos.

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Ya en 2007 no era su preocupación lograr acuerdos con otras bancadas porque sus miembros bastaban para aprobar las leyes.

Sin embargo, en gobiernos anteriores, tuvieron el mismo objetivo: