Un manto de impunidad cubre a los centros de conversión sexual en Ecuador

La empujaron contra el piso de cemento en el que había estiércol de perro y arrastraron. Le gritaron que es un hombre y debe dejar de ponerse vestidos o zapatos de tacón. La obligaron a limpiar los baños sin guantes ni utensilios de limpieza. Lo tenía que hacer pronto o caso contrario le propinarían castigos más severos.

Eso vivió Victoria (nombre protegido), de 28 años, tras ingresar a un centro de deshomosexualización en donde asegura que fue víctima de torturas y tratos degradantes por parte del pastor evangélico que dirigía ese lugar. "Ingresamos junto a mi expareja porque teníamos problemas de adicción a la cocaína, pero una vez adentro comenzaron con sus terapias de conversión de género, sin mi autorización, que me han dejado graves daños psicológicos que persisten hasta la actualidad".

Le cuesta dormir bien y tiene pesadillas. También padece constantes ataques de ansiedad. Habla con la condición de que su nombre no se revele, pues ya presentó una denuncia. Permaneció cinco meses internada y logró escapar tras un descuido de quienes custodiaban ese inmueble. Lo que más le indigna es que, como ella, hay cientos de personas que han sido ingresadas a ese tipo de establecimientos por sus propios familiares y nadie les ayuda. Están completamente solas y sometidas a toda clase de torturas y delitos...

Este 24 de junio de 2024 se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y uno de los temas que más preocupa es la proliferación de los centros de conversión para cambiar la orientación sexual o identidad de género.

Los activistas de los colectivos que se dedican a luchar por los derechos de esta comunidad afirman que las denuncias son recurrentes desde hace más de 25 años y cuestionan el rol de las autoridades que investigan, de forma escueta o casi nula, la existencia de esos sitios y los casos se quedan en la impunidad.

Nebraska León, de 68 años es presidenta de la Nueva Cocinelle, la asociación de Gays, Travestis y Transgéneros que luchó por la despenalización de la homosexualidad en los 80 y 90 en Ecuador. Cuenta que, solo en 1997, su organización conoció que cuatro jóvenes fueron ingresados a lugares dedicados a esa actividad, pero ninguna autoridad indagó lo que pasó con ellos. Lo triste es que, con el paso de los años, continúan dándose más hechos similares. En la actualidad, esos sitios se camuflan bajo la fachada de centros de tratamiento de adicciones.

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León enfatiza que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), el 17 de mayo de 1990, eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. No obstante, todavía existen familias que siguen creyendo en esos centros clandestinos y gastan altas sumas de dinero por las mal llamadas terapias. En los 90 se cancelaba más de 300 mil sucres por un tratamiento que duraba varios meses y ahora los pagos van desde los USD 400 a 1 200 dólares mensuales, dependiendo de los ingresos económicos de cada familia.

Otro avance es la implementación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto de 2014. El artículo 151, numeral 3, de esta norma sanciona con cárcel de diez a trece años a quienes practiquen torturas con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, datos de la Fiscalía General refieren que, en los últimos 10 años, solo tres denuncias se han reportado por este delito, a escala nacional. Se dieron en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.

Las cifras son escuetas y eso se debe a que, en la mayoría de casos -coinciden los activistas LGBTIQ+- las víctimas prefieren guardar silencio. Así le ocurrió a Mireya (nombre protegido), cuyo padre era militar y la ingresó a un centro de conversión de género en el extremo norte Quito, hace 17 años.

Lo hizo en contra de su voluntad. Cuando ella estaba en la universidad, descubrió que era bisexual y también le gustaban las mujeres. Sus padres primero la enviaron con psicólogos. Luego, "un día como cualquier otro, mi papá me dijo que me llevaría en su auto a clases, pero cambió de ruta y me dejó en una casa. Allí me quitaron la mochila, el reloj y mi teléfono celular".

Al principio, ella no asimilaba por qué se encontraba allí ya que no tenía adicciones a sustancias psicotrópicas. Finalmente, entendió las causas por las que le habían internado y permaneció varios meses encerrada. La casa era enrejada y quienes tenían adicciones permanecían esposados en una cama. Compartía una habitación con tres chicas. "Siempre me preguntaba, ¿qué hago? ¿por qué mi familia me tiene aquí?".

Perdió la noción del tiempo y los días. Recuerda que ingresó cuando iniciaban las clases de la universidad y salió cerca de Navidad, por lo que calcula que estuvo aproximadamente cuatro meses sin salir. Nunca les ha reclamado a sus papás por lo que hicieron. Solo estaba segura que debía terminar su carrera profesional e independizarse lo más pronto posible para seguir con su vida. No fue víctima de maltratos o humillaciones como le ocurrió a Victoria, a quien incluso le obligaron a tomar orines de una botella.

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Le decían que, al ingerir ese líquido, se iba a curar de sus perversiones y volvería a ser un hombre. En esos momentos, ella solo pensaba en su madre y ansiaba abrazarla para sentir paz. La tenían rezando la mayor parte del tiempo y, en algunas ocasiones, la despertaron a las 03:00 con un baldazo de agua. Cuando los internos del centro se comportaban mal, les obligaban a dormir en el piso y sin almohadas, aguantando el frío de las madrugadas.

Este tipo de maltratos no son los únicos que se dan en los centros de conversión, indica Danilo Manzano, cofundador de la organización Diálogo Diverso con sede en Quito. En su agrupación incluso han registrado el caso de un chico al que le obligaron a comer pan con heces de animales. "A él logramos rescatarlo y se encuentra en otro país precautelando su integridad física". Afirma que también se han dado violaciones correctivas a lesbianas para que recuperen la heterosexualidad.

¿Cuál es el origen de esta problemática? El activista afirma que hay desconocimiento de la clase política del país, la cual pensaba que las personas LGBTIQ+ son enfermas y, al meterlas en la cárcel, contagiarían al resto de privados de la libertad. Esa percepción dio paso para que en Ecuador se abran centros que curen la homosexualidad. También a cualquier tipo de prácticas, las cuales se manifiestan con el suministro de medicamentos, violencia psicológica, tortura física, castigos con base en creencias religiosas o espirituales con discursos que al final son torturas.

Cita el acuerdo ministerial 767, de mayo de 2012, el cual regula los centros de rehabilitación para las personas con adicciones a sustancias psicoactivas. El artículo 20 prohíbe las "terapias de conversión” en ese tipo de instituciones de rehabilitación. Sin embargo, esto poco o nada se cumple -acota el activista- porque los centros de conversión operan de forma camuflada en varias cortinas y una de ellas son los Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad) ​​​​​​.

También menciona el Acuerdo Ministerial 080, de agosto de 2016, el cual se hace mayor énfasis de que cualquier tipo de prácticas que atente contra la orientación sexual no puede ser admitida en Ecuador. Pese a ello, hay denuncias de jóvenes que se encuentran recluidos en esos centros que son pagados por sus propios familiares.

"Generalmente son secuestrados de sus casas o lugares de trabajo y los ingresan en contra de su voluntad, la mayoría siendo mayores de edad y sin argumentos o protocolos específicos", dijo Manzano. En ese contexto, los parientes pagan el secuestro, la gente de las clínicas lleva a varias personas para que la detengan y las trasladen al centro, lo cual es un secuestro.

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Se han dado casos de gente que ha pasado dopada o aletargada para que no identifiquen una oportunidad de escape o fuga. Por otro lado, también les someten a procesos alimenticios precarios. "No sabemos lo que pasa con quienes tienen VIH y los llevan a estos espacios. Se desconoce si les proporcionan sus medicamentos antirretrovirales".

En algunos casos incluso podrían darse prácticas históricas como descargas de electroshock, baños en tinas de hielo y muchas veces permanecen atados a las camas con cadenas y candados. "Ante eso, uno esperaría que el Estado asuma su competencia en la garantía de Derechos Humanos y se dedique a identificar los centros que ofrecen terapias antidrogas".

A partir de 2017, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) asumió formalmente sus competencias respecto a las clausuras efectuadas en el marco de sus competencias. Desde ese año hasta 2024 se han cerrado cuatro centros de conversión en Chone (Manabí) y Cotacachi (Imbabura), las comunas El Palmar y San Pablo (Santa Elena).

La entidad recalca que no existen legalmente establecimientos de salud con tipología de Clínicas de Deshomosexualización y su funcionamiento está prohibido, en razón que la OMS eliminó la homosexualidad como una enfermedad de salud mental. Además, en el año 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció que los supuestos servicios de curación de personas con orientación sexual no heterosexual carecen de justificación médica y representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas.

Para Zack Elías, director de la asociación Silueta X, una de las prioridades es que se brinde ayuda a quienes fueron ingresados bajo el consentimiento de sus familiares. Muchas veces no tienen a donde ir y son más vulnerables ante la problemática. Asegura que, desde 2019 hasta la actualidad, su organización ha denunciado aproximadamente 40 centros de tortura, en Ecuador.

Hace una década, Elías fue ingresado a uno de esos establecimientos, ubicado en el Suburbio de Guayaquil, cuando tenía 16 años. El director era amigo de su padre. Allí se pasaba leyendo la Biblia junto a otros internos y le inculcaban la palabra de Dios para quitarle la homosexualidad, lo cual nunca pasó porque es una persona trans. "No recibí los maltratos como a otros chicos que sí los torturaban".

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Los metían en tanques de agua y los ahogaban, los pellizcaban con electricidad, no les daban de comer en varios días. "Hay el caso un hombre trans que fue abusado sexualmente y quedó embarazado. Ahora, la niña tiene tiene siete u ocho años. No hubo detenidos".

Afirma que ese tipo de centros funcionan en zonas alejadas en donde no los puedan detectar. También en la provincia de Los Ríos. Asimismo, las denuncias se reportan en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil.

El caso de Victoria también consta en los registros de Silueta X y allí le brindan asistencia de forma permanente. Ahora, ella trabaja como mesera en un restaurante y trata de olvidar lo que pasó, aunque le resulta difícil. Ha transcurrido un año y ocho meses, pero parece que todo fue ayer. Se le quiebra la voz al recordarlo.

"Me insultaban, me trataban mal por lo que era", contó a Ecuavisa.com. Espera que las autoridades no se olviden de su caso y se haga justicia. Teme que otras personas sean víctimas de ese tipo de centros.

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La Agencia indica que despliega varias acciones para regularizar, controlar y vigilar las prestaciones de salud a los establecimientos de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de garantizar la calidad de la atención en estos establecimientos.

Las denuncias o alertas advierten sobre la atención en supuestos establecimientos de salud que brindan tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias que no cuentan con las condiciones mínimas y comunican presuntas vulneraciones de derechos. Frente a eso, Acess ha coordinado con varias instituciones del Estado para atender de las víctimas.

La entidad ha detectado en estas clínicas que hay hacinamiento, ausencia de legalidad de existencia, ausencia de profesionales de salud e incumplimiento de condiciones higiénico sanitarias. Ha acudido ante estas alertas o denuncias porque refieren el funcionamiento clandestino de supuestos establecimientos de salud que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (Cetad).

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Carlos Albán Subía, director del nacional del mecanismo de prevención de la violencia contra la mujer y basado en género de la Defensoría del Pueblo. Dijo que se han dado avances importantes porque sí hay reformas y normativas muy importantes que salieron desde el Ministerio de Salud. "La homosexualidad no es enfermedad".

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No obstante, el problema es que se siguen dando denuncias y la vulneración de derechos humanos es constante. Coincide en que ese tipo de centros ofertan sus servicios de forma clandestina, lo cual fomenta la ilegalidad. Se han detectado tres casos aproximadamente que la Defensoría ha hecho seguimiento.