Un funcionario secuestrado, una asesinada, corrupción y hasta supuesta venta de cuerpos, las crisis del Teodoro Maldonado

Ronny Camba Torres fue secuestrado la noche del 31 de enero del 2025 cuando iba a su casa. Él es director administrativo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil. Su familia sigue desesperada después de 20 días y exigen respuestas a las autoridades y que Ronny sea devuelto con vida.

El secuestro del funcionario ocurrió casi dos años después de que Nathaly López, que también tenía el mismo cargo, fuera asesinada en marzo del 2023. Un crimen que aún no ha sido resuelto.

Luego del secuestro de Camba, Franklin Encalada renunció como gerente general. Asumió el cirujano Nelson Estrella, el 6 de febrero del 2025. Y a los cinco días, también salió.

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Alberto Sper Sempértegui quedó como gerente general desde el 11 de febrero. Y ese día, se dispuso la presencia de militares y policías en el hospital más grande del Seguro Social en Guayaquil. Pero luego de 10 días, no hay uniformados en el sitio.

Un equipo de Ecuavisa.com recorrió la mañana del viernes 21 de febrero las instalaciones del Teodoro Maldonado Carbo. Constató que en la zona de gerencia, consulta externa, emergencia, hospitalización y hasta lavandería y cafetería, no hay militares.

Para ingresar, el control es mínimo. Solo había un guardia en el área de emergencias que preguntaba qué tramite va a realizar y dejaba pasar. No había revisión de carteras, bolsos o mochilas. Ya en los pasillos internos, había uno que otro médico yendo de un sitio a otro. Algunos ascensores no funcionaban.

En el primer piso, en la zona de Cardiología, había movimiento. Enfermeras que ingresaban a las habitaciones, en cuyas puertas apenas se podía distinguir el número en un papel. Allí una señora, que mantuvo su nombre en reserva, indicó que su esposo sufrió un infarto. Y que en el tiempo que lleva internado, le han pedido comprar algunos medicamentos que no hay como aspirinas.

Otra afiliada en cambio, se quejó de la demora para las consultas. Dijo que por noviembre del 2024 le hicieron una biopsia y enero del 2025 le dieron los resultados. Pero en la descripción, solo le indicaron que era necesario otro procedimiento igual para determinar qué tiene.

María, nombre reservado, fue otra paciente de ginecología . A ella la operaron para quitarle el útero. Para acceder a la cirugía demoró y cuando estuvo hospitalizada, no funcionaba el aire acondicionado. Relató que en ese tiempo, estuvo a lado de una paciente cuyo cirujano jamás la visitó.

Así, se han sumado quejas recurrentes en ese hospital por el tema de los insumos médicos.

El secuestro de Ronny Camba avivó el temor entre el personal que labora en hospital del IESS en el sur de Guayaquil. Esto después de que se esparciera el rumor del hallazgo de un cadáver en el subterráneo, lo que motivó incluso la primera activación del Código Plata el 5 de febrero del 2025.

Siete días después, el 12 de febrero, el mismo presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, dijo en una radio local que la protección que se asignó a los gerentes es "porque son amenazados". Aunque no precisó los motivos de las intimidaciones, agregó que el "nombre del juego se llama pelear con las mafias, lo estamos haciendo y vamos a ganar en el largo plazo".

Algo similar habló el ministro de Gobierno, José De La Gasca en otra entrevista el jueves 13 de febrero. Indicó que "en el Teodoro Maldonado Carbo ha habido situaciones de seguridad bastante complicadas. Normalmente ha sido presa de las mafias políticas y de las mafias de las organizaciones delictivas para tomarse sus presupuestos".

Sin embargo, ni Peña ni De La Gasca han referido el nombre de la 'mafia' que estaría enquistada en el hospital. Tampoco lo han dicho los trabajadores o familiares de pacientes.

Ecuavisa.com habló con un empleado del Teodoro Maldonado Carbo. Contó que aunque no ha sido amenazado, sí ha sufrido acoso laboral por negarse a firmar en un contrato por más de USD 7 000. Por seguridad, no mencionó de qué estaría relacionado el documento.

Detalló que tiene más de cinco años trabajando en ese sitio y que buscan algún motivo para sancionarlo. Relató además que a algunos trabajadores hacen que se capaciten y certifiquen en el tema de contratación pública. Puntualizó que les han enviado correos, pidiéndoles los certificados del Sercop.

Para él, siempre "ha habido este problema de la mafia y desde la pandemia del COVID-19 se hizo más evidente", dijo. También que algunos contratos presuntamente irregulares serían de limpieza y que por esas empresas -ha escuchado- se habrían infiltrado personas de grupos criminales.

Otras de sus revelaciones fue que en el Teodoro Maldonado persistiría una "venta de cadáveres". Así es como se llamarían a la entrega de información sobre un fallecido a las funerarias para que aborden a los familiares. Señaló que por eso, algunos camilleros ganarían unos USD 300 por cuerpo siempre y cuando la familia acepte los servicios exequiales.

El centro de salud vive una crisis institucional desde hace más de 10 años debido al hallazgo de presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas y las compras públicas, que se evidenciaron con mayor fuerza tras la llegada de la pandemia del covid-19.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto varias investigaciones por compras irregulares de insumos médicos y en contratos de servicios, y ha señalado que esas redes delictivas se extienden a otros hospitales públicos de la ciudad.

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Además, la Contraloría General del Estado (CGE) ha determinado indicios de responsabilidad penal en varios contratos millonarios firmados por directivos y otros funcionarios del Teodoro Maldonado Carbo.

Esto lo confirmó el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas Chaves. Dijo que mediante diversas denuncias, han determinado procedimientos irregulares en dicha casa de salud. Además de presiones para que se entreguen contratos 'a dedo'.

Rodas Chaves indicó que entre las presuntas anomalías detectadas en los mecanismos para contratación con proveedores, se repiten muchas personas jurídicas o naturales que son favorecidas pese a no tener un récord que los autorice para vender insumos médicos. "venden bebidas, gaseosas, cervezas, pero no son proveedores de medicinas", comentó.

Señaló que también han identificado que muchos proveedores participan con cuatro o cinco empresas que les pertenecen. O que incluso, cambian la razón social. El trabajador que habló con Ecuavisa.com relató que eso pasó con una compañía de limpieza, que luego que se acabó el contrato, cambió su razón social.

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Entre las denuncias que ha presentado la Comisión Anticorrupción, consta una del 2019 sobre 141 convenios de pago por una suma de USD 100 millones en 2018.

Rodas Chaves comentó que es necesario una auditoría del personal, porque habría un grupo - siete u ocho funcionarios en puestos clave desde hace 20 años-, que sería el que entrega información. "Hay que encontrar los niveles de contaminación entre funcionarios y hacer seguimiento a los proveedores", puntualizó.

El coordinador de la Comisión Anticorrupción finalmente reafirmó la presencia de mafias organizadas y que "nadie las toca porque tienen terror". Según él, hay núcleos de ventas de insumos médicos presuntamente vinculados a redes internacionales, que no tienen inconveniente en llamar y hacer amenazas y hasta identificarse con nombre y apellido.

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