12 nov 2024 , 15:42

El Gobierno de Daniel Noboa sin el control del sistema penitenciario del Ecuador

Daniel Noboa enfrenta su primera masacre carcelaria. Ocurre casi al año de su gestión, en el que se han registrado la fuga de alias Fito, asesinatos, decomisos y extorsiones en las prisiones. Expertos en seguridad hablan de una falsa paz y acuerdos entre grupos criminales.

La aparente tranquilidad en la Penitenciaría del Litoral duró un año y cinco días. Este martes 12 de noviembre de 2024, hubo un enfrentamiento que dejó 17 presos fallecidos.

Habitantes de zonas aledañas a la vía a Daule, donde está ubicado este centro, reportaron detonaciones desde las 03:00. En el día, empezó el vaivén de ambulancias y carros de grupos tácticos de la Policía Nacional. También del carro de medicina legal para hacer el levantamiento de los cadáveres.

Según reportes de inteligencia policial, la matanza ocurrió en el pabellón 3. Allí, están recluidos integrantes de cuatro grupos criminales: Los Duendes, Mafia 18, Freddy Cruger y Trébol Killer.

Los miembros de la organización delictiva Los Duendes, distribuidos en las alas 1 y 4, se enfrentaron contra los integrantes de Freddy Cruger, este grupo sería liderado por alias Cuyuyuy. Su padre, Jhonn N., es uno de los fallecidos y cumplía una sentencia de 30 meses por robo.

Alias Cuyuyuy, en cambio, estuvo recluido en la cárcel regional Cotopaxi por asesinato. En 2022 salió libre y era uno de los lugartenientes del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado días después. A alias Cuyuyuy, se lo señaló como responsable de la masacre carcelaria de febrero de 2021.

Tras los hechos ocurridos este 12 de noviembre de 2024, más de 1 000 policías y militares ingresaron a la Penitenciaría. Decomisaron tres armas de fuego y 15 municiones. También se recogieron 39 restos de bala. Nueve presos constan como sospechosos del ataque.

Pero la presencia militar no es nueva en ese reclusorio. Desde el 8 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en el sistema carcelario. Fue un día después de que se confirmara la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla máximo de Los Choneros.

Desde esa fecha, 6 000 soldados han estado de forma permanente en las 35 cárceles del Ecuador. Unos 4 000 uniformados dentro para vigilar los pabellones y 2 000 en los exteriores para el control del perímetro y la custodia del ingreso de carros y personas.

¿El Gobierno de Daniel Noboa tiene el control de las cárceles?

Pese a la presencia y más de 200 intervenciones en las prisiones del Ecuador, las muertes violentas han seguido ocurriendo. Solo en los reclusorios de Guayaquil (Regional, La Roca, Penitenciaría, CLP), se han registrado 35 asesinatos en 2024, incluyendo la masacre de este martes. (Ver cuadro)

El director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Renato Rivera, comentó a Ecuavisa.com que hubo una pacificación interna entre los grupos narcodelictivos del país. Una gestión entre cabecillas, sin interferencia del Estado.

Esto habría sido uno de los factores para que haya una especie de calma en el sistema carcelario del país. Rivera indicó que no se ha evidenciado una política pública profunda dentro del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI).

El presidente Daniel Noboa está por cumplir un año de gestión. Durante ese periodo, se reportó la fuga de Alias Fito, el jefe de Los Choneros. Un hecho que desencadenó en la suspensión de las visitas de los familiares de los presos por siete meses.

Otras de las decisiones del Gobierno, fue añadir en la Consulta Popular y Referéndum, dos preguntas relacionadas a los presos. Una era respecto al control de las Fuerzas Armadas en las cárceles y la otra sobre el cumplimiento total de las penas privativas. Ambas tuvieron el sí mayoritario de la ciudadanía.

Así mismo, se suspendió el servicio de alimentación en las cárceles a finales de abril de 2024. Esto por una deuda de USD 30 millones por parte del Gobierno, lo que derivó en que familiares y organizaciones no gubernamentales recolecten comida para donar a los reos de 30 cárceles.

Pero nada detuvo la violencia ni el ingreso de armas, municiones y explosivos. El 5 de septiembre de 2024, un dron con explosivos se posó sobre el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Las autoridades hicieron una detonación controlada que destruyó las planchas de zinc.

Hasta inicios de octubre, la estructura no había sido reparada en su totalidad. Un equipo de Ecuavisa.com constató que una lona roja cubría el área. También que aún existían redes de WIFI en el perímetro penitenciario. Algo que reconocieron las mismas Fuerzas Armadas en una rueda de prensa del Bloque de Seguridad del 16 de septiembre.

Para el 3 de octubre, Noboa firmó un nuevo estado de excepción. En el decreto 410, se incluyó un informe del SNAI relacionado con los asesinatos de dos directores carcelarios: el de Sucumbíos y la de la Penitenciaría. Este último crimen, ordenado desde La Roca.

El documento detallaba que la “injerencia de los grupos de delincuencia organizada en los centros de privación que han generado una ola de violencia” tanto dentro como fuera de las cárceles. Algo que ya ponía en evidencia que no estaba funcionado el control de la fuerza pública.

La experta en crimen organizado, Michelle Maffei, no descarta que en las próximas semanas o meses, puedan ocurrir más hechos violentos. Aseguró que el problema de la crisis carcelaria es de fondo y que todavía hay disputas internas entre grupos criminales.

Solo entre el 8 y 10 de noviembre hubo dos casos de extorsión en Guayaquil que involucraban a presos de la Penitenciaría del Litoral y de la cárcel regional Guayas. El primero, fueron dos sospechosos que exigieron dinero al administrador de un local de recreación en Daule.

El otro caso es una denuncia del familiar de un reo, que señaló que le pedían USD 20 000 para no golpear y torturar a su pariente. Y por ello, habían pagado casi USD 3 000 antes de denunciar el hecho en la Fiscalía y pedir una acción de protección.

Mientras que el 5 de noviembre, en Cuenca, las autoridades descubrieron un dron en un patio de la cárcel de Turi. Para el analista político César Febres Cordero, el Ejecutivo ha optado por un discurso de triunfo, dando una falsa paz en el sistema penitenciario del país.

Por ahora, de esta nueva masacre, se conoce que se realizará una audiencia de formulación de cargos contra nueve presos sospechosos. Las causas de lo que motivó el ataque todavía no han sido determinadas por las autoridades. Esto mientras que para las familias de los reos, las visitas se suspendieron este 12 de noviembre y desconocen hasta cuándo será la medida.

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