Gobierno de Noboa: El combate a la inseguridad sin resultados claros

Aunque para las autoridades las muertes violentas en Ecuador están a la baja, en las calles la percepción es otra. Solo este miércoles 13 de noviembre hubo dos asesinatos múltiples en Guayaquil y Durán.

La primera alerta fue en el cantón ferroviario a las 17:00. Hombres armados en un jeep dorado dispararon contra cinco personas tras un reclamo por haber golpeado con el vehículo a un vecino. Los sospechosos dispararon más de 70 veces.

Apenas cuatro horas después, a las 21:00, cuatro personas fueron acribilladas en el Suburbio de Guayaquil. Entre ellas, una adulta mayor.

Casos que ocurrieron dos días después de la primera masacre carcelaria en el Gobierno de Daniel Noboa, que dejó 17 presos muertos el 12 de noviembre de 2024. El discurso gubernamental ha girado entorno a la reducción de asesinatos en Ecuador.

De hecho, las cifras oficiales de la Policía Nacional sustentan lo dicho. Entre enero y el 12 de noviembre de 2023, hubo 6 824 muertes violentas. Mientras que en el mismo periodo de 2024, el número bajó a 5 628. Un 18 % menos que el año anterior. (Ver cuadro).

Es decir que el año pasado, el país tenía una tasa de 38,44 % asesinatos por cada 100 000 habitantes. Pero este año, se redujo a 31,45 muertes violentas por cada 100 000 habitantes.

Las armas de fuego siguen siendo las más usadas por los grupos criminales. Y el 98 % de los hechos violentos ocurren el espacio público, donde la ciudadanía puede quedar expuesta a una bala perdida como ocurrió el 11 de noviembre en Durán, donde una madre y su hija evidenciaron un sicariato.

Y aunque las cifras están a la baja, la crueldad con la que se cometen los asesinatos van en aumento. Por ejemplo en septiembre, cuatro hombres fueron acribillados e incinerados en la vía pública en Durán.

También se han reportado más hallazgos de cuerpos desmembrados o decapitados, como el 10 de noviembre de 2024 en el norte de Guayaquil, en un intercambiador vial.

A eso se suman unos 640 crímenes múltiples o matanzas, como las registradas en noviembre y octubre en Sucumbíos. Justamente si bien hay zonas con menos casos, hay otras que han ido aumentado como la provincia antes mencionada, así como Orellana, Azuay, Tungurahua, Bolívar y Pichincha. (Ver cuadro).

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La reducción de muertes violentas a escala nacional, es uno de los resultados que se atribuye el Gobierno de Daniel Noboa al año de gestión. Pero en ese tiempo, las acciones visibles han sido declarar cuatro estados de excepción por conflicto armado interno en enero, mayo, julio y octubre.

El primero fue el 8 de enero de 2024, un día después de la confirmación de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, de la cárcel regional Guayas y de los disturbios y tomas de guías penitenciarios como rehenes en al menos seis prisiones del país.

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En el decreto 111, Noboa declaró a 22 organizaciones criminales como terroristas. Con ello, las calles de ciudades conflictivas como Guayaquil, Durán, Manta, Esmeraldas, Machala, entre otras, se llenaron de militares.

Pero eso no impidió que 13 integrantes de la organización criminal Los Tiguerones irrumpieran al día siguiente, el 9 de enero, en las instalaciones del canal TC televisión, en el norte de Guayaquil. Una acción terrorista cuya planificación la Fiscalía le atribuyó a William Alcívar Bautista, alias Negro Willy, jefe de ese grupo que fue detenido en octubre en España.

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Para la experta en crimen organizado, Michelle Maffei, la intervención de Noboa consiste en una "hipermilitarización para combatir al crimen organizado". Sostiene que "una de las peores cosas que se puede hacer es que la militarización quede solo en eso".

Maffei indicó que se necesita crear infraestructura social, dar beneficios e incentivos y enfatizar el por qué las personas no deberían involucrarse en las mafias. Pero considera que no se han hecho los cambios necesarios.

Eso sería uno de los motivos por los cuales en ciertas zonas han aumentado los homicidios. Sumado a la presencia y expansión de la minería ilegal, narcotráfico, secuestro y extorsión.

Un ejemplo de ello, es el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Allí, Los Lobos y los Saobox se disputan el control de las bocaminas para extraer oro. En abril, José Sánchez, alcalde de se cantón, fue asesinado. También en uno de los campamentos se encontraron ocho cadáveres calcinados y 49 mineros estaban secuestrados.

Mientras que en Puerto Bolívar, en el cantón orense de Machala, la disputa entre esos dos grupos narcocriminales ha detonado en atentados explosivos. El más fuerte ocurrió el 28 de octubre, donde dos personas murieron.

La fuerza pública ha intensificado las operaciones en ese punto. Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa, aludió a algunos de los golpes dados. Solo en una semana, destruyeron tres campamentos ilegales en Orellana y la inhabilitación de 35 ingresos a minas en Carchi.

Mientras que en materia de narcotráfico, las autoridades han señalado la incautación de 250 toneladas de droga en lo que va del 2024. Un 32,5 % más con relación a las 188 toneladas que se incautaron en 2023 a escala nacional.

Pero según cifras de la Policía, unas 55 toneladas de droga lograron ser enviadas de Ecuador a Europa, donde se incautó la cocaína. Uno de los mayores decomisos fue en octubre, en España, con 13 toneladas de narcóticos que iban ocultos en cajas de banano.

Las extorsiones es uno de los delitos que sigue incrementando. Solo en Guayaquil, Durán y Samborondón, hay un 21 % de aumento. En 2023 hubo 4 787 casos, mientras que en este año suman 5 813.

Entre los casos de conmoción, está de un joven universitario que murió baleado en Sauces 6, norte de Guayaquil, por evitar que su mamá sea secuestrada el 31 de octubre. También el de la hija de un comerciante que fue raptada en el Suburbio y posteriormente liberada.

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La presencia militar también se evidenció en las 35 cárceles en el Ecuador. Algo que igual no redujo a cero las muertes violentas. Solo en los reclusorios de Guayaquil van 35 en 2024. Y además de la fuga del jefe máximo de Los Choneros, hubo otra importante: la de Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos y señalado de planear el asesinato de la fiscal general Diana Salazar.

Incluso, el manejo y la intervención en las cárceles sigue siendo cuestionado. En el decreto del 3 de octubre de 2024, se cita un documento del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) que señala que los presos siguen teniendo injerencia dentro y fuera de las rejas.

Esto pese al discurso oficial de un "control de los reclusorios". Para consultora política en seguridad pública de Estado, Katherine Herrera, el problemas de las cárceles es que el sistema penitenciario "es la columna vertebral de toda la problemática desde el año anterior y a inicios de 2024".

Herrera señaló que hasta ahora, "no se pudo tener una intervención integral dentro del sistema penitenciario. Más bien se actuaciones efímeras y operativas de contención". Según ella, esto ha hecho que tenga un impacto fuerte dentro del crimen organizado.

La especialista puntualizó además que la intervención fue "no planificada", en el que no se determinó el tiempo de acción de las Fuerzas Armadas. Dijo que esto significó un problema para el Estado, ya que empezó a haber infiltración del crimen organizado al igual que ha pasado antes con los guías.

"Esto evidencia que las estructuras que operan dentro de las cárceles tienen ese poder de actuación con la fuera pública, incluido un actor tan fuerte como son las Fuerzas Armadas", expresó. Herrera finalizó que no hubo "control integral, sino momentáneo".

Y eso se pudo constatar en septiembre, cuando otro don con explosivos se posó en el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Su detonación destruyó nuevamente esa estructura y hasta octubre, no había sido reparada.

En este 2024, tres directores penitenciarios fueron asesinados: en abril, el director de la cárcel de Portoviejo, en septiembre el de Sucumbíos y la de la Penitenciaría del Litoral. Todos en ataques armados.

El presidente Daniel Noboa emitió el 25 de agosto, un decreto que dispone a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas elaborar o actualizar los manuales operativos para el uso legítimo de la fuerza. Dicha norma ya había sido aprobada en 2022 y entró en vigencia en 2023.

Bajo esta premisa, y tras la declaración de conflicto armado interno, los uniformados han abatido a 104 sospechosos entre enero y noviembre de 2024. Pero así mismo, se han reportado bajas en las filas policiales y militares en enfrentamientos.

También, desde el 9 de febrero de 2024, entró en vigencia La Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada. Se trata de una normativa que crea y regula la seguridad privada, así como la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y de valores.

El denominado plan Fénix fue una de las ofertas de campaña de Daniel Noboa. Y desde que entró al Gobierno el 23 de noviembre de 2023, no se ha mostrado un documento ni detallado las estrategias puntuales para combatir el crimen organizado.

Dicho plan incluía la construcción de megacárceles. Solo una está en marcha que es la de Santa Elena. Y cuando Noboa se refirió a las estrategias, en diciembre de 2023, dijo que tenían un plan "que no se lo cuenten a alias Fito", y al mes, el narco escapó.

Para la experta Michelle Maffei, para hacer algo contra el crimen organizado es cómo ir en contra de la corrupción. Ella cree que se inició "dando un paso en falso y es por eso que no se ha visto ningun cambio".

Puntualizó que a nivel internacional, la percepción sobre el actual Gobierno es "muy crítica, porque todos los días se manda cooperación internacional para hacer algo holísticamente, pero que al Gobierno le interesa tener dinero en efectivo". Según Maffei, la falta de un ambiente de costo-beneficio y mejoras económicas, hace que gente de escasos recursos vean un "Estado alternativo" en este submundo del crimen organizado".

Ecuavisa.com solicitó vía Whatsapp una entrevista a la ministra Mónica Palencia, sobre el año de gestión de Noboa en materia de seguridad. Hasta el cierre de este reporte, no hubo respuesta.

Revise: El Gobierno de Daniel Noboa sin el control del sistema penitenciario del Ecuador.