Dos funcionarios de Lasso inmunes a la Ley: Corral y Donoso accionistas de empresas que contratan con el Estado

Ser funcionario público y tener acciones en empresas que firman contratos con el Estado está prohibido en Ecuador. Lo dice la Constitución de la República en el artículo 152 que establece que aquellos que mantengan dicha relación no pueden ocupar cargos ministeriales.

Sin embargo, ni eso, ni el código de ética que firmó Guillermo Lasso en el primer día de sus funciones, en el que también prohíbe contratar directa o indirectamente con las entidades públicas de la Función Ejecutiva, impidió que sus funcionarios incumplan con las normativas.

En otras palabras, hay quienes parecen ser 'inmunes' ante la Ley. Así quedó evidenciado en mayo de este año, cuando en una entrevista el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, admitió ser accionista de Centro de Radio y Televisión Cratel C.A, conocido como Teleamazonas, una empresa que contrata con el Estado.

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En ese entonces, Corral insistió que no tenía conflictos de intereses porque con sus abogados había construido una "muralla china", para no conocer el estado de la compañía: "No conozco sus cifras", aseguró.

En otro caso, aunque guardando las distancias, figura el ministro de Trabajo, Patricio Donoso Chiriboga, uno de los seis funcionarios del presidente saliente, Guillermo Lasso, que se mantuvo desde el inicio hasta el final de su gestión.

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Entre sus bienes, el ministro saliente también tiene participaciones en seis empresas, una de ellas, es Vita Alimentos C.A. (Compañía anónima), que ha sido proveedora del Estado mientras Donoso cumplía sus funciones. Aquí los detalles.

En octubre de este año, Donoso compartió en la red social X (anteriormente Twitter) un mensaje destacando los esfuerzos hacia ambientes laborales más prósperos, haciendo referencia a la compañía de la cual es accionista: "275 colaboradores de la empresa Vita Alimentos C.A. firmaron su vigésimo sexto contrato colectivo, simbolizando la unión de metas y objetivos compartidos entre trabajadores y empleadores".

La compañía en cuestión fue fundada en 1960, antes conocida como Pasteurizadora Quito, se dedica a la comercialización de productos lácteos y productos alimenticios en el mercado nacional e internacional.

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La empresa tiene cientos de accionistas, en total, 499. Entre ellos, Donoso, pero también están presentes tres de sus hermanos: Ramiro Donoso, Enrique Donoso, y Santiago Donoso.

Desde 2009 la empresa es proveedora del Estado, de hecho, ha sido ganadora de múltiples contratos, sobre todo, con hospitales públicos del Ministerio de Salud (MSP).

En septiembre de 2021, cuando Donoso ya era funcionario, la compañía adquirió un contrato con ​​​​el Hospital público de Especialidades Eugenio Espejo por la adquisición de productos lácteos para la dieta intrahospitalaria para usuarios internos y externos.

Según la información disponible en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el servicio fue adjudicado a Vita Alimentos C.A. Sin embargo, en el contrato oficial se menciona a la empresa Pasteurizadora Quito S.A., ambas con el mismo RUC.

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Un discurso similar al de Corral sustenta Donoso al ser consultado por este medio sobre lo expuesto. El ministro de Trabajo reconoció ser accionista desde hace muchos años de la compañía como parte de una herencia que le dejó su madre.

Asimismo, Donoso negó tener conocimiento de los contratos que maneja la empresa: "Ni soy ni administrador de esa empresa ni tengo injerencia alguna en sus contratos. Soy simplemente un pequeñísimo accionista (794 dólares) por herencia hace muchos años".

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, de manera general, dice que la ley es clara y debe aplicarse para todos, "la normativa establece efectivamente que no se puede tener contrato con el Estado, y si uno de los accionistas es un funcionario de alto rango, lo mínimo que se espera es que ese funcionario deje de ser accionista así sea pequeño el capital", afirmó.

Rodas agrega que aunque sean montos "pequeños", los funcionarios públicos son responsables de velar por el cumplimiento de la ley, empezando por ellos mismos.

Sin embargo, él apunta al accionar o mejor dicho, a la inacción de la Contraloría General del Estado, estos casos, según Rodas, demuestran que la información no está siendo cruzada con otras instituciones:

"Contraloría no actúa está esperando la denuncia", concluye.