La Fiscalía, asambleístas y expertos alertan que las reformas al COIP propenden a la impunidad
Las reformas al COIP se tramitarán en segundo debate en la Asamblea Nacional este 15 de febrero.
La Asamblea Nacional conocerá el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) a las 10:00 de este 15 de febrero de 2024. Las alertas de que algunos artículos podrían propender a la impunidad se encendieron un día antes de la sesión del Pleno.
Primero fue la bancada de Construye, luego el Partido Social Cristiano, la Fiscalía General del Estado y varios expertos que cuestionaron el trabajo legislativo de la Comisión de Justicia, encargada de unificar 43 iniciativas legislativas e integrada por mayoría correísta.
Sin embargo, a pesar de las observaciones que ahora abundan, el informe fue aprobado en la mesa legislativa por unanimidad, el pasado 9 de febrero.
Abrir la reserva de la investigación
Una de las reformas que más preocupa es el planteamiento de que ciertas instituciones puedan acceder a información reservada que maneja la Policía o Fiscalía en etapa de investigación previa.
Actualmente, está establecida la reserva de la documentación para precautelar la presunción de inocencia de las personas que son procesadas y evitar que la investigación se entorpezca por conocimiento de terceros.
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Sin embargo, la Comisión de Justicia cree oportuno que los organismos de control político, jurídico o administrativo, como el Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo o la misma Asamblea Nacional puedan solicitar información y la Fiscalía estaría obligada a remitirla.
Si bien en la reforma consta que las autoridades que divulguen o ponen en peligro el éxito de la investigación serán sancionadas, la Fiscalía General del Estado, muestra su preocupación porque podría estar en riesgo la "efectividad en la persecución del delito".
El abogado penalista Pablo Encalada explica que con esa reforma se podrían politizar investigaciones y amenazar al titular de la Fiscalía con acciones desde el Legislativo.
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El argumento de los asambleístas, que defienden la propuesta, es que parte de sus funciones es la fiscalización y que al tener conocimiento de la información reservada pueden realizar un mejor trabajo.
Recursos de revisión podría beneficiar a sentenciados por corrupción
El Código Orgánico Integral Penal actual establece tres causas para pedir un recurso de revisión de una sentencia, siempre que haya una prueba nueva:
La reforma, planteada por el asambleísta del correísmo José Agualsaca, establece otros dos motivos, sin necesidad de que haya nuevas pruebas:
Iván González, secretario ejecutivo de la organización política Construye, asegura que esa es la estrategia de la Revolución Ciudadana para lograr una revisión a la sentencia del expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, y así permitir que se candidatice para las elecciones de 2025.
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El penalista Encalada coincide en que las reformas parecen"hechas a la medida de cierto político", también refiriéndose a Correa.
Además, explica que de por sí las sentencias de la Corte IDH son de estricto cumplimiento, pero que no están al nivel de los pronunciamientos de otros comités de las Naciones Unidas.
Archivo de investigaciones previas
En el comunicado de la Fiscalía General del Estado también se alerta que en las reformas se permitiría el archivo de investigaciones previas "cuyos delitos no han prescrito (...) sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años".
La institución observa que la titularidad de la acción penal pública le compete únicamente al Ministerio Público.
No se tomaron en cuenta análisis técnicos
La Fiscalía también cuestiona que se haya incluido nuevos delitos que se acogen a la imprescriptibilidad. En la ley estaban contemplados aquellos relacionados con corrupción, delitos sexuales y crímenes de guerra; ahora, se incluyeron otros como la extorsión y tráfico de migrantes.
Sin embargo, para el Ministerio Público se amplió el espectro sin un criterio técnico y al hacerlo se puede inobservar el principio de proporcionalidad.
Para el abogado Encalada, es una decisión populista el incluir esos delitos.
El experto considera que al hacer reformas que no tienen un análisis adecuado se podría generar inseguridad jurídica, y en lugar de mejorar el COIP se termina empeorando.
En la Asamblea ya se anticipan opiniones divididas
El bloque de Construye se ha pronunciado abiertamente en contra de ciertos artículos de la reforma, lo mismo ha hecho el Partido Social Cristiano, a pesar de que ha participado en la construcción del informe en la Comisión de Justicia.
Desde el correísmo se anticipa respaldo a estas propuestas; mientras que de ADN no hay pronunciamiento concreto.
La propuesta será que, al igual que la ley para el incremento del IVA, se vote por bloques y así se logren consensos para los demás artículos que endurecen las penas a delitos como el terrorismo, extorsión o sicariato.
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