Cinco claves para entender la reforma que busca retirar el financiamiento público a las organizaciones políticas

El presidente Daniel Noboa presentó una propuesta de reforma a la Constitución para que las organizaciones políticas no reciban financiamiento público del Estado. La propuesta ya cuenta con el aval de la Corte Constitucional y ahora debe ser tramitada por la Asamblea Nacional. En caso de ser aprobada, se someterá a referéndum, es decir, los ciudadanos decidirán en las urnas.

Desde ya hay posturas divididas. Por un lado, está el malestar de ciertos sectores porque consideran que entregar dinero a los políticos es un desperdicio de recursos; mientras que también hay quienes temen por las fuentes de financiamiento que reemplazarán al Estado.

La pregunta que el presidente Daniel Noboa quiere hacer a los ciudadanos es si están de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas.

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Son dos artículos de la Constitución que se modificarán, el 110 y 115. Actualmente, en el primero consta que "los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control"; y en el segundo que el Estado debe garantizar la difusión de las propuestas de todos los candidatos y que los sujetos políticos no pueden contratar publicidad en medios de comunicación ni vallas publicitarias. Si llegara a aprobarse la reforma se retiraría esa responsabilidad y las organizaciones deberían autofinanciarse.

Sin embargo, Esteban Ron, Decano de la Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, explica que la reforma no se puede quedar solo en la Carta Magna, sino que obligatoriamente debería modificarse el Código de la Democracia y hasta el Código Orgánico Integral Penal, para regular que no se cuele el dinero ilícito en las campañas políticas.

En el Código de la Democracia consta que las organizaciones políticas que consigan un 4 % de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional, que tengan al menos tres representantes de la Asamblea Nacional, el 8 % de las alcaldías o un concejal en al menos el 10 % de los cantones del país, recibirán el Fondo Partidario Permanente.

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Ese dinero asigna el CNE, de las multas que recauda y de las transferencias del Ministerio de Finanzas que corresponden al presupuesto general del Estado.

El sistema está diseñado para que la distribución de los recursos sea conforme a los votos conseguidos en las últimas elecciones.

Por otro lado, la ley también contempla un Fondo de Promoción Electoral, dinero destinado específicamente para la promoción en medios de comunicación y vallas publicitarias, en la etapa de la campaña, conforme al gasto electoral establecido para cada dignidad.

Además, la norma establece los aportes voluntarios de los militantes, siempre que sean personas naturales ecuatorianas.

La propuesta de reforma genera ciertas dudas, principalmente por el origen del dinero que los políticos utilizarían para promocionarse y mantener la estructura de los partidos políticos.

Las alertas de que el narcotráfico podría financiar a los candidatos o lavar el dinero ilícito en las campañas, en los países democráticos, vienen desde organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas.

El negocio para los grupos de delincuencia organizada está en entregar la plata y luego pedir beneficios a los funcionarios electos para su operación.

Por otro lado, Ron recuerda que hubo cuatro votos salvados, en contra de la propuesta, de magistrados de la Corte Constitucional. Alí Lozada, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero y Richard Ortiz consideraron que la propuesta atenta contra el principio de equidad. En términos sencillos, el académico dice que solo aquellos partidos que consigan inversionistas podrán participar y quienes tengan más dinero podrían tener mayor alcance.

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Daniel Noboa asegura que la iniciativa busca cuidar el uso de los recursos para que no sean aprovechados por "aquellos que ven en una candidatura política un negocio".

Además, el Presidente cree que esos fondos podrían ser asignados a áreas como salud, educación, seguridad, "atendiendo las verdaderas necesidades a la ciudadanía".

Entre 2012 y 2022, se destinaron USD 49 millones al Fondo Partidario Permanente, que financia actividades de los partidos políticos y movimientos.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que la discusión no solo debería centrarse en el financiamiento de las organizaciones políticas, sino en la composición de las mismas.

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Explica que anteriormente los partidos políticos tenían clara su ideología desde el nombre, pero que ahora no hay una estructura que garantice que los candidatos profesan cierta tendencia política.

Con una reforma integral, Rodas dice que habría máximo unos ocho partidos políticos que vayan desde la izquierda a la derecha, pasando por el centro. De esa manera, sería mucho más sencillo entregar recursos del Estado y vigilar su utilización.

Esteban Ron añade que hay una incapacidad administrativa para controles preventivos, durante campañas políticas y luego de la actividad, para vigilar el uso de los recursos. También cuestiona el rol del CNE en ese seguimiento efectivo.