Fin del estado de excepción en Ecuador: la vía que tiene el Gobierno para mantener a militares en las calles

El estado de excepción, que incluía un toque de queda en los cantones más afectados por la inseguridad, finalizó a la medianoche del domingo. Fue decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 8 de enero y tuvo una duración total de 90 días, tras la ampliación dispuesta en marzo por el mandatario.

Su fin llega en un momento de recrudecimiento de la violencia en Ecuador, marcado por el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, la masacre en Puerto López y diversos actos de violencia en cantones de Guayas y Los Ríos.

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Por lo que surge la interrogante sobre cómo el Gobierno proseguirá su lucha contra la inseguridad, en particular, qué opciones tiene para mantener a los militares desplegados en las calles. Aunque Noboa anticipó la formación de un Comité de Crisis para definir la estrategia, ¿qué alternativas tiene realmente el Gobierno? Abogados constitucionalistas adelantan que Noboa dispone de una única vía para mantener a los militares en las calles.

Primero, hay que explicar por qué el estado de excepción no puede renovarse. Es importante destacar que la Constitución prohíbe la prórroga de la declaratoria del estado de excepción.

Según esta interpretación del artículo 165, el presidente de la República puede decretar un estado de excepción inicial de hasta 60 días, con la posibilidad de una única renovación por 30 días adicionales.

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En este caso, el estado de excepción se decretó por una grave conmoción social, lo que autorizó la movilización e intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como en los centros de privación de la libertad.

Pamela Aguirre, abogada constitucionalista y directora del Observatorio jurídico social de la universidad de Espíritu Santo, sobre el fin de la medida resalta que otro factor a tomar en cuenta es que, si bien finaliza este periodo excepcional, el conflicto armado interno no termina.

Por lo que el Gobierno Nacional planea el marco jurídico para mantener los controles de seguridad, sobre todo para que los militares permanezcan en las calles.

La Corte indicó que no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de una declaratoria de conflicto armado interno, lo que representa una oportunidad para el Gobierno, según señaló Aguirre: "Es como un salvavidas porque la Corte está diciendo que todas las acciones de defensa del Estado deben realizarse dentro de las competencias del Ejecutivo, que es responsable de dirigir la defensa interna y externa de la soberanía".

En otras palabras, los dos dictámenes emitidos por la CC el 29 de febrero y el 21 de marzo establecieron que las Fuerzas Armadas pueden movilizarse e intervenir una vez que termine el estado de excepción, ya que sigue vigente el Decreto Ejecutivo 111 que estableció el conflicto armado interno.

En este contexto, las Fuerzas Armadas podrían continuar realizando operativos conjuntos con la Policía Nacional en el marco de la defensa.

Pero, ¿qué cambia en el accionar de las FF.AA. sin el estado de excepción? Según la experta, con el estado de excepción, por ejemplo, los militares podrían realizar allanamientos sin la necesidad de una orden judicial previa, y "ya no existiría la limitación de otros derechos como la libre movilidad". Ahora aquello ya no procede.

Otra opción que facilitaría el camino para que los militares se mantengan en las calles, menciona Aguirre, podría presentarse el 21 de abril a través de la consulta popular. Una de las preguntas planteadas consulta sobre el tema:

"¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?"

Así, entre el 9 de enero y el 29 de marzo, se llevaron a cabo 219 445 operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas, durante el estado de excepción resultando en la detención de 16 933 personas, incluidas 280 por presunto terrorismo.