Estas son las alternativas del Gobierno, tras devolución del proyecto de Ley

A medio camino se quedó el proyecto propuesto por Guillermo Lasso el pasado 24 de septiembre. Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió no calificar la propuesta impulsada por el Ejecutivo, la “Ley de Creación de Oportunidades”.

La razón principal fue el incumplimiento del principio de unidad de materia, establecido en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Tras la devolución, el Gobierno argumentó que la propuesta sí contaba con un "hilo conductor" hacia la generación de empleo. En ese sentido, el primer mandatario, insistió en un evento que mantuvo en la provincia de Imbabura: "vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo".

Pero ¿cuáles son los caminos o alternativas que tiene el Ejecutivo? ¿qué puede abarcar esa “batalla democrática”? Veamos.

Para Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), "constitucionalmente hablando el presidente no tiene forma de insistir (...) No hay opción alguna de que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley como se dice, dado a que el CAL no ha calificado el proyecto".

La opción que tiene, expresa Alarcón, es presentar a la Asamblea Nacional nuevos proyectos, "considerando la urgencia que tiene los aspectos tributarios que deberían estar aprobados hasta el 31 de diciembre para entrar en vigencia plena desde 2022".

En ese sentido, no hay la posibilidad de presentar dos proyectos económicos urgentes a la vez, explica "el Gobierno debería presentar primero uno que debería ser evacuado en un máximo de 30 días, para que una vez que entre en vigencia presentar otro respecto a las materias del proyecto original que quedaron pendientes".

En la misma línea, la docente y politóloga Ingrid Ríos, comenta que el Gobierno tiene dos alternativas más, revisar los comentarios que le hicieron al proyecto e incorporarlos. O convocar una consulta popular directa y sea la ciudadanía la que decida aprobar o rechazar la propuesta.

Para el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, esa opción no la ve factible, "el tema de la consulta popular para tratar el tema de las leyes sobre todo la laboral y tributaria que son las más álgidas lo veo inviable, porque primero la consulta tendría que ir a la Corte Constitucional para que califique la procedencia o no de las preguntas, lo cual puede tardar varios meses", expresó a Ecuavisa.com

Así la alternativa más idónea para Saquicela es que se trate dentro de la Asamblea, por lo tanto expresa: "creo yo que vendría en dos paquetes legales, el uno que tenga que ver con lo tributario podría ser enviado en la vía económica urgente ser tratado en 30 días, y lo laboral y anexos, podría venir en la vía ordinaria con un tratamiento de 90 días en las comisiones respectivas". En ese sentido, manifiesta que al momento ningún plazo está corriendo al no ser calificado y que la Asamblea se encuentra a la espera de la respuesta del presidente.

¿Dialogar?

El pasado 30 de octubre, a través de un comunicado, firmado por los jefes de bloque Alejandro Jaramillo de Izquierda Democrática; Rafael Lucero de Pachakutik; Esteban Torres del Partido Social Cristiano y Paola Cabezas de UNES, que juntos suman más de 100 votos, le solicitaron al mandatario que no insista en el proyecto de reformas tributarias y laborales.

Al ser preguntado sobre el tema, Saquicela, responde que "si no hay el diálogo previo difícilmente habrán los votos, pero si logramos conciliar en puntos claves podría darse una viabilidad para eso hace falta el diálogo", insiste.