Estado de excepción: ¿medida suficiente para combatir la violencia?

Han pasado más de ocho días desde que el presidente Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción a nivel nacional para combatir la ola de violencia que atormenta al país. Especialmente en provincias como Guayas, donde el 51% de los crímenes de Ecuador ocurren allí.

Una medida anunciada luego de que, un niño de 11 años, sea otra víctima colateral al recibir cuatro tiros en una heladería. Sin embargo, las muertes tanto en las calles como en las cárceles no han parado, este viernes, el velocista Álex Quiñónez, con tan solo 32 años fue asesinado en el noroeste de Guayaquil.

Ante ello vale preguntarse si, ¿la medida ha sido insuficiente? ¿qué estrategias hacen falta? Aquí un repaso y la visión de analistas en seguridad.

De acuerdo al departamento de comunicación de la Dinased, desde el 18 de octubre cuando se emitió el decreto se han registrado 35 muertes a nivel nacional. "Está bajando el índice de violencia, ayer no se registró ninguna muerte", aseguró un funcionario a Ecuavisa.com.

Sin embargo, que las calles estén blindadas por militares, bajo la visión de Carla Álvarez, catedrática y especialista en seguridad, "genera una sensación de protección, pero no va a parar la delincuencia porque esta no obedece a las leyes". En ese sentido, agrega que las medidas deben estar acompañadas por decisiones políticas para un cambio estructural del sistema de seguridad.

En la misma línea, John Garaycoa, poligrafista y experto en seguridad, manifiesta que “el 30% de la solución de seguridad la integra la seguridad física, la inteligencia, los procedimientos, pero el 70% del plan de prevención es el factor humano de las organizaciones públicas y privadas”.

Por ello, dice, los resultados no serán inmediatos, añade que las decisiones deben ser de carácter presidencial, legal y económicas, respecto a la primera recomienda que "se debería disponer que todos los policías y militares en servicio activo puedan portar armas 24 horas (...) para que la delincuencia sepa que no solo ellos están armados”.

Tanto Álvarez como Garaycoa mencionan la impunidad dentro del sistema de justicia, “el delincuente tiene presupuestado si cae preso, sabe cómo actúan las leyes en nuestro país y el nivel de corrupción”, expone el experto.

Por ello, destaca Álvarez que los policías y personal de seguridad “deben estar dotados de equipamiento, gasolina, horarios de trabajo dignos, que ganen bien para que no sean sobornables".

Crisis carcelaria vigente

No hay tregua tampoco en las cárceles. Aunque el pasado 29 de septiembre, el primer mandatario decretó estado de excepción en el sistema penitenciario. La violencia continúa.

Este sábado, siete reos fueron encontrados ahorcados en el Pabellón 10 de mínima seguridad, en el Centro de Rehabilitación Social de Varones N°1 de Guayaquil, también conocido como Penitenciaría del Litoral. Hace dos semanas, el pasado jueves 14 de octubre, el SNAI, informó sobre el presunto suicidio de cuatro reos en el mismo centro.

Las autoridades buscan soluciones. Por ejemplo, desde la Gobernación del Guayas, Pablo Arosemena, anunció la compra de nuevos implementos para recuperar el control en el sistema penitenciario, "hasta antes de fin de año, Ecuador podrá tener un escáner de carga, cuando va a ingresar un camión, se detecte si ingresa armas, eso no existía, es parte de la solución, no solo lo que pase allá adentro sino lo que pase afuera".

Sin embargo, para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa, de Altos Estudios Nacionales (IAEN), insiste en revisar el marco legal como medida a largo plazo, "se necesitan reformas profundas de seguridad, entre ello, reformar el Ministerio de Gobierno".

Asimismo, en un informe elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), se indica que la inexistencia de una política pública penitenciaria integral y con enfoque de derechos humanos, ha permitido que las dinámicas de violencia y los flujos de poder, ahora estén controlando las cárceles.