Eliminación de los subsidios a los combustibles: los diálogos no han dado resultados

El gobierno de Daniel Noboa pone en su agenda para esta semana la socialización del mecanismo para la eliminación de los subsidios a los combustibles. A la par, algunas organizaciones sociales han mostrado su rechazo a la decisión del Presidente, mientras otras han dialogado sin conseguir mayores consensos.

El viernes pasado, el 14 de junio de 2024, el Gobierno tenía previsto informar cuáles serán las etapas y las formas de compensación, sin embargo, horas antes de la cita, se informó la cancelación de la rueda de prensa porque el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, tenía Covid-19.

Con base en lo que han dicho algunas autoridades del Gobierno, se sabe que el plan implicaría el aumento entre USD 0,25 a 0,30 en las gasolinas Extra y Ecopaís. También se conoce que se aplicará desde el próximo julio, es decir, en unos 15 días.

Hasta el momento no hay certezas de los procesos de diálogo que ha llevado el Gobierno; sin embargo, la historia muestra que en anteriores momentos, cuando también se debatió la eliminación de los subsidios a los combustibles, los diálogos no han dado frutos.

Lea más: En la carrera a las elecciones de 2025 ya se identifican algunos camisetazos y giros inesperados

En octubre de 2019, cuando el expresidente Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles, hubo una revuelta social que implicó un paro nacional durante 13 días. Si bien los primeros en convocar a las calles fueron los transportistas, luego tomaron el protagonismo las organizaciones indígenas, con quien tuvo que negociar para el levantamiento de las medidas de hecho.

Meses después, en junio de 2022, las presiones para que el presidente de ese entonces, Guillermo Lasso, restablezca nuevamente los subsidios, desembocaron en manifestaciones que duraron 18 días. Nuevamente, las negociaciones para acabar con el paro fueron con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), así como el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Tanto en 2019 como en 2022, a las organizaciones indígenas se adhirieron otras como: trabajadores, educadores, estudiantes.

En entrevista para Ecuavisa.com, el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien tuvo a su cargo las mesas de diálogo de 2022, dice que el principal propósito de llamar a las conversaciones fue acabar con el conflicto. Conseguido aquello, se crearon 10 espacios, para tratar el mismo número de demandas que tenían las organizaciones indígenas. Destaca que en todas se consiguieron avances.

Sin embargo, en las conclusiones del acta, firmada en octubre de 2022, constan tres acuerdos, tres desacuerdos y cuatro temas no tratados en la mesa. Es decir, es un hecho que hasta la fecha no se ha podido concretar la eliminación ni la focalización.

Para Jiménez, es importante los consensos que hubo en esos espacios. Por ejemplo, destaca que se acordaron ciertos parámetros para los criterios de exclusión del subsidio para el segmento automotriz, o la implementación de sistemas y plataformas para el cobro diferenciado de los precios a los combustibles.

Considera que el gobierno actual debería partir de esos avances para el nuevo plan, que se conocerá en los próximos días.

Revise más: Daniel Noboa y la Asamblea Nacional rompen los puentes de diálogo a meses de la campaña electoral

No obstante, para el Gobierno actual, el punto de partida no son los diálogos con el movimiento indígena.

El viceministro de gobierno, Esteban Torres, de momento, cerró la posibilidad de conversar con la Conaie porque dijo que su presidente, Leonidas Iza, tiene intereses de candidatizarse para 2025 y que el subsidio a los combustibles es una discusión de ámbito social, no político.

La organización respondió indicando que esperarán las resoluciones del gobierno pero que no descartan movilizaciones.

Con quienes sí se reunieron las autoridades fue con representantes de los transportistas, el pasado martes 11 de junio.

Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre, expresó su preocupación porque no existe una base de datos que permita identificar a los vehículos de transporte, para aplicar sistemas de pago de combustibles diferenciados. También le preocupa que se pueda establecer las tarifas adecuadas, dependiendo de las particularidades de los fletes.

La especialista en ciencias políticas, Andrea Grijalva, dice que los gobiernos y representantes de organizaciones suelen llamar al diálogo cuando quieren mostrarse abiertos y transparentes, pero que en la práctica no tienen voluntad de ceder o solucionar los problemas.

Para Grijalva, el gobierno de Lasso y Moreno no han logrado concretar, en la práctica, ninguno de los acuerdos. Mientras que, de parte de las organizaciones sociales, hay inflexibilidad de llegar a un punto intermedio. Es decir, mantienen una agenda de oposición, sin importar cuál sea la nueva propuesta.

Por otro lado, la popularidad del presidente Daniel Noboa y la poca convocatoria que tuvieron los gremios de trabajadores, dan cuenta que puede ser un momento políticamente adecuado para tomar una decisión antipopular.

La consultora política, Grace Jiménez, dice que la Conaie y las organizaciones sociales siempre han tenido posturas contrarias a los gobiernos de turno. No obstante, bajo su mirada, sí es importante acercarse a representantes de los indígenas, porque en su mayoría son productores y campesinos que temen por una afectación en sus gastos, en el transporte de sus productos.

También cree que deberían incluirse a otros líderes sociales, como las asociaciones de estudiantes, por el tratamiento que se le dé a los pasajes. Es decir, considera que no ha habido un diálogo abierto y que siempre es necesario que exista.

Lea más: La fiscal Diana Salazar se vuelve más visible en el último año de su gestión

Por otro lado, el Gobierno no ha presentado información clara al respecto a la ciudadanía, en general.