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En la segunda vuelta, el CNE tendrá que disipar el fantasma del fraude
Las denuncias de un posible fraude electoral vienen de diferentes actores políticos.
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Reflejo de los resultados en el centro de mando del CNE, el 9 de febrero de 2025.( )
De cara a la segunda vuelta, las organizaciones políticas que se disputan la Presidencia, es decir, la Revolución Ciudadana y ADN, dudan sobre la transparencia del proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las denuncias de un supuesto fraude han estado presentes desde el primer balotaje. Unos apuntan a que hubo inconsistencias en las actas que favorecieron a la candidata Luisa González, mientras otros actores políticos señalan que la iniciativa de prohibir el uso de celulares en los recintos electorales pretende favorecer al candidato-presidente Daniel Noboa.
Con unos resultados de primera vuelta tan estrechos, siendo la diferencia entre ambos candidatos de solo 0,17 %, para el CNE será un reto recuperar la confianza de las organizaciones políticas y evitar reclamos alegando un fraude, lo que entorpecería el proceso democrático.
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Las denuncias de inconsistencias en las actas de la primera vuelta vienen de diferentes actores políticos
Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y activista político, fue una de las primeras voces que denunció irregularidades en las actas.
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Guarderas asegura que hubo inconsistencias en al menos 9 939 actas, lo que representa 6,2 puntos a favor de Noboa, incluso su triunfo en primera vuelta.
La tesis del activista es que utilizaron las actas de ausentismo para llenarlas a favor de Luisa González. Por ejemplo, en Pintag, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, los registros muestran que casi no hubo ausentismo, algo que en procesos electorales anteriores no ha pasado. También señala que hay juntas receptoras del voto en las que hubo más votos que ciudadanos inscritos.
Ayer, 13 de marzo de 2025, el exconsejero del Cpccs pidió al CNE que cambie a los Delegados Provinciales y de la Junta Provincial Electoral en donde ha identificado mayor número de actas con irregularidades: Manabí, Esmeraldas, Guayas, Chimborazo y Pichincha.
El expresidente Lenín Moreno compartió la misma información, ayer, 13 de marzo de 2025. "Ya no importa tanto quién hizo el fraude, sino quién lo encubre", escribió en su cuenta de X, pidieron al CNE que reemplace a las autoridades provinciales.
En 2017, cuando ganó Moreno en segunda vuelta, el movimiento Creo de Guillermo Lasso, denunció también un fraude electoral, con manifestaciones que se extendieron durante una semana. En ese entonces eran 4 200 actas con supuestas inconsistencias, que representaban un millón de votos.
El activista político Bolívar Loján también mostró algunas anomalías en la forma en que se llenaron las actas. El caso que citó fue en Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia Quiroga, hay un caso en el que en la acta de asambleístas nacionales se registraron 238 sufragantes; mientras que en la de Presidenciables, aumenta a 289, en la misma mesa.
El uso de celulares en las juntas receptoras del voto también provoca dudas
El Consejo Nacional Electoral aprobó el informe jurídico de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que recomienda prohibir el uso de dispositivos electrónicos en las juntas receptoras del voto.
La moción fue aceptada por el Pleno del CNE, por lo que dispuso que la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales trabaje en protocolos para vigilar el cumplimiento de la medida.
Durante la sesión, la consejera Elena Nájera, la única vocal de minoría del Pleno, se mostró en desacuerdo con la decisión. Dijo que la medida es inconstitucional
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La propuesta nace como una iniciativa para evitar que los votantes tomen fotos de su papeleta, como una medida para prevenir la compra de votos o la extorsión de grupos de delincuencia organizada.
Sin embargo, la preocupación se centró en que en el documento inicial se interpretaba que los organismos de control electoral independientes, así como los delegados de los movimientos políticos, no puedan documentar el proceso electoral con sus dispositivos.
El control electoral incluye el registro y envío de las actas que se procesan en las juntas receptoras del voto de manera inmediata a partir del reflejo de los primeros datos. La información se registra en sistemas informático de las organizaciones políticas, por lo que resulta vital tener acceso a un celular para realizar esa tarea, de esa manera se vigila que la información que publica el CNE es la misma que la que tienen en las fotos de las actas, tomadas in situ.
En la sesión se aclaró esta observación al establecer los delegados de las organizaciones políticas, periodistas y veedores sí podrán usar celulares y otros dispositivos móviles en los recintos electorales.
De todas maneras, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, explica que la prohibición no está contemplada en el Código de la Democracia ni en la Constitución, por lo que no cabía establecer tal medida en una norma de menor rango.
Además, no está claro bajo qué parámetros se castigará a quienes incumplan la medida. A su criterio, lo único que cabe es una recomendación y exhorto a evitar el uso de celulares durante las votaciones.
El abogado constitucionalista André Benavides considera que la prohibición es inconstitucional y que cualquier regulación debería ser vía reforma o ley orgánica.
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