El SNAI toca fondo: estos son los escándalos que han salpicado a la institución

​La lista de escándalos que ha sacudido a la Secretaría Nacional para la Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI) en el último año es extensa. En cada operativo de requisa se han descubierto desde arsenales de guerra, explosivos, drogas, electrodomésticos y piscinas, hasta altares y animales.

Desde el pasado 24 de julio, tras la última masacre en Guayaquil que dejó más de 30 reos muertos, el presidente Guillermo Lasso decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en todas las cárceles del país. La medida terminará este mes.

Pero, ¿cuál ha sido la actuación del SNAI en este período y por qué ha sido objeto de críticas? Aquí, un repaso de los acontecimientos recientes.

Antes de detallar las controversias en las que se ha visto envuelta el SNAI, es importante recordar que la administración de prisiones y el cuidado de los privados de libertad estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto cambió en 2018 a través de un decreto ejecutivo durante el gobierno de Lenín Moreno, con el objetivo de contar con una institución enfocada exclusivamente en el sistema penitenciario.

En noviembre de este año, la institución cumplirá cuatro años desde su creación, pero ya ha experimentado la renuncia de seis directores en medio de masacres en los centros. Desde 2019, más de 400 reclusos han perdido la vida en enfrentamientos, lo que ha llevado a la declaración del estado de excepción en las cárceles en múltiples ocasiones.

En diciembre de 2021, en un intento de solucionar la crisis de violencia en las prisiones, Lasso firmó un decreto para la creación de la Comisión de Pacificación. Luego de seis meses de trabajo, el grupo de comisionados emitió un informe que, entre otras cosas, denunciaba las redes de corrupción presentes en casi todas las instituciones del Estado relacionadas a las cárceles, como: el SNAI, la Policía y la función judicial.

En ese entonces, el Padre Luis Barrios, experto en psicología criminal, que vino de Estados Unidos para integrar dicha Comisión, contó a este medio que la corrupción era sistemática y que los comisionados no tenían ninguna constancia de que el Gobierno haya hecho algo para corregir la situación.

Según la experta en seguridad y defensa, Katherine Herrera, lo que se evidencia hoy es que la creación del SNAI fue una decisión "política e improvisada, sin un análisis técnico o crítico adecuado". En su opinión, fue un error separar la ejecución de la política pública, que anteriormente estaba a cargo de un ministerio. Antes, incluso, dice, existían dos fuentes de financiamiento: una para el SNAI, encargada de la parte operativa y seguridad de infraestructuras; y otra para la implementación de la política pública.

Así uno de los escándalos que enfrentó la institución ocurrió en diciembre del año anterior, tras la liberación de Junior Roldán (+), alias JR. En su momento, la Corte de Justicia de Guayas expuso que en la audiencia de prelibertad estuvieron el director de Beneficios Penitenciarios y el subdirector de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares del SNAI, "quienes presentaron 299 documentos favorables para otorgar la prelibertad a Junior Roldán".

Un escenario similar ocurrió el pasado viernes 8 de septiembre, cuando el juez de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias, Diego Poma Chamba, ordenó que el cabecilla de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, vuelva a la cárcel Regional, tras haber sido enviado a la de máxima seguridad, La Roca.

En el documento de 83 páginas de la audiencia de apelación, al que Ecuavisa.com tuvo acceso, el mismo SNAI presentó un certificado que calificaba la conducta de Fito como "buena".

Las sorpresas no cesaron. Tras la masacre en la Penitenciaría del Litoral, los agentes de seguridad llevaron a cabo diversos operativos. Sin embargo, en uno de ellos, incluso funcionarios del propio SNAI terminaron tras las rejas.

El pasado 4 de agosto, la Fiscalía informó que durante una inspección en la Penitenciaría, los uniformados de las Fuerzas Armadas descubrieron fusiles, bombas, granadas, explosivos, dinero en efectivo y drogas en el techo de las oficinas donde trabajan los funcionarios del SNAI.

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El SNAI informó que fueron aprehendidos los directores del Centro de Detención Provisional y de la Penitenciaría del Litoral, junto a cinco funcionarios administrativos y dos guías penitenciarios.

Es una situación recurrente que en cada requisa en la cárcel se encuentren armas, por decir lo menos. Incluso se han llegado a registrar piscinas de tilapias.

En uno de los casos más recientes, la Fiscalía del Guayas procesó a tres guías penitenciarios el pasado 8 de agosto por intentar ingresar municiones y hojas de sierra metálicas en la Penitenciaría del Litoral.

En lo que va del año, se han levantado 448 sumarios administrativos a funcionarios, y al menos 31 guías penitenciarios fueron destituidos.

Pero, los hechos no dejan de sorprender. Un mes después, el pasado 10 de septiembre, como fue confirmado por el SNAI, en las redes sociales circularon imágenes donde se veían a dos mujeres con uniformes de guías penitenciarias y dos hombres, supuestos miembros de un grupo delictivo. Una de las integrantes bailaba frente a ellos, mientras que la otra tenía una botella en la mano y repartía un vaso de cerveza.

Desde la institución se informó que se levantó un trámite administrativo disciplinario contra ellas, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

Sin embargo, aún se desconoce si las funcionarias fueron retiradas de la Cárcel El Inca.

Los controles para evitar justamente el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles aún se hace de manera elemental en la mayoría de los 36 centros de rehabilitación. En algunos centros se usan perros para la detección de droga y cacheos para decomisar armas o dinero. Asimismo, es común la revisión manual de cavidades en el cuerpo.

En días recientes se conoció que la compra de escáneres para la cárceles culminó, pero sin contrato. Ninguna empresa nacional habría mostrado interés en el proyecto. Para esa adquisición el SNAI tenía previsto invertir cuatro millones de dólares.

El último escándalo. El viernes pasado en redes sociales se viralizó el estreno de un video musical donde alias Fito aparecía en algunas escenas que habrían sido grabadas en la cárcel Regional.

El SNAI finalmente se pronunció asegurando que el ingreso al recinto para grabación fue ilegal “no se ha autorizado el ingreso de equipos de grabación audiovisual ni de empresas productoras al mencionado recinto penitenciario”.