El crimen organizado se afianza en Ecuador, mientras que el Gobierno repite estrategias

El crimen organizado en Ecuador continúa escalando. Aquello quedó plasmado en el barrio Cristo del Consuelo, en Guayaquil, este 14 de agosto de 2022, cuando la detonación de una bomba elaborada con productos químicos dejó cinco personas muertas, ocho viviendas destruidas y más de 20 heridos.

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Es que el uso de explosivos resulta cada vez más frecuente en el país, por parte de las autoridades señalan que el atentado responde a enfrentamientos entre estructuras narcodelictivas y una forma del crimen organizado para generar terror, pero ¿qué viene después?

La magnitud del último hecho es inédito en Ecuador, lo que describe una mutación de la delincuencia común al terrorismo. Lorena Piedra, especialista en temas de seguridad e inteligencia, confirma lo evidente: "hay un crecimiento del uso de la violencia y de estas modalidades para generar temor a la población y control de los espacios".

Es que en lo que va de 2022, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, ya ha registrado 145 casos con explosivos a nivel nacional, de esos, 72 ocurrieron entre Guayaquil, Samborondón y Durán. Es decir, 49.7% del total.

Pese a que la especialista dice que aún no hay sofisticación en el uso de los explosivos, como sí sucede en México y Colombia, no significa que no represente un peligro latente. En los casos registrados en 2022 los materiales más usados han sido la dinamita, granadas y pentolita. Así, Piedra advierte que no hay que subestimar la escalada de violencia a corto plazo.

Para Piedra lo que sigue es que el uso de explosivos ya no sea direccionado, como es una de las teorías que maneja la Policía sobre el atentado en el Cristo del Consuelo, que habría estado dirigido contra alias de 'Cucaracha' y 'Junior', supuestamente relacionados con Los Tiguerones. Aunque familiares del primer sujeto rechazan la versión oficial.

La especialista diagnóstica que según la tendencia lo que podría esperarse es que los explosivos sean colocados en lugares donde exista mayor presencia de civiles. En este último hecho ya se registraron víctimas colaterales.

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"Ya hemos observado cómo la delincuencia ha desafiado a las autoridades, hemos tenido alerta de explosivos en UPC, en el Consejo de la Judicatura y ahora en sectores poblados", dice y agrega que otras formas de violencia que podrían empezar a darse son los atentados contra los periodistas.

Tras el hecho terrorista en el Cristo del Consuelo, el presidente Guillermo Lasso decretó, para sorpresa de nadie, otro estado de excepción que estará vigente durante 30 días. Además, fijaron una recompensa de 10.000 dólares para conocer mayor información.

Para Carolina Andrade, analista en seguridad e inteligencia, estas medidas revelan un problema de fondo, que el Estado carece de una política de prevención que, según su lectura, "debe ser la prioridad".

Los cuestionamientos a los servicios de inteligencia no son recientes. Las masacres carcelarias también han sido prueba de esa incapacidad para prevenir e intervenir antes de que las tragedias ocurran.

Por ello, ambas expertas coinciden en que se deberían fortalecer las unidades de inteligencia para actuar con estrategia y que pueda anticiparse a los atentados; no solo aplicar medidas a corto plazo o "parche" como el estado de excepción.

Otro problema que detecta Andrade es la incapacidad del Estado para controlar los precursores químicos que, terminan siendo usados para la fabricación de los explosivos.

Pero más allá de declarar la guerra contra el crimen organizado, las especialistas resaltan la importancia de que se impulsen políticas sociales para generar mejores condiciones de vida de la población, "la pobreza y la desigualdad es el caldo de cultivo para el crimen organizado; en estos espacios se fortalecen y crean economías criminales paralelas", expone Piedra.

Justamente de esos males sufre la Calle 8, en el Cristo del Consuelo, donde ocurrió el atentado. Este barrio fue una de los primeros asentamientos ilegales, en el suroeste de Guayaquil, aunque para el imaginario colectivo es el lugar donde ocurre una las procesiones católicas más importantes del país, así como las grandes fiestas en la calle, también es otro lugar olvidado por las autoridades.

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"El Estado no estaba presente en este barrio y ante su ausencia son las estructuras de delincuencia organizada las que van tomando presencia", recalca Piedra, experta en temas de seguridad.

Además, debido a que se encuentra delimitado con el Estero Salado, un brazo de mar en la ruta del Puerto de Guayaquil, lo convierte en otro punto estratégico para el narcotráfico, tal como recoge el reporte de UNODC, este es el segundo puerto más importante del Pacífico para el envío de cocaína fuera de América del Sur.

Por el momento, en la Calle 8, ahora sí hay miembros de la Policía y, de las Fuerzas Armadas resguardando la zona, pero otra vez, cuando el desastre ya pasó.