Aunque los datos muestran una disminución de femicidios en 2024, Ecuador aún no es un lugar seguro para las mujeres

Los femicidios de Danna Ramos, Aina Yambia, Briana y Génesis Campo, cuatro niñas asesinadas en Ecuador, son solo algunos de los casos registrados este año. El asesinato intencional de mujeres simplemente por ser mujeres sigue siendo una realidad en el país y está lejos de ser un problema superado.

Sin embargo, las cifras de instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y de Fundación Aldea, muestran una disminución de casos en los primeros nueve meses de 2024, respecto a 2023.

Si bien a primera vista esos datos pueden parecer una buena noticia, organizaciones feministas tienen dudas de la metodología utilizada en la recolección de la información. Además, hay otras expresiones de violencia de género que mantienen latente la preocupación de la situación de las mujeres en el país.

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La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) realiza el registro y mapeo de femicidios de Ecuador que se presenta periódicamente, como una herramienta desde la sociedad civil para monitorear los casos y como una alternativa ante las cifras oficiales, que provocan dudas.

En 2023, del 1 de enero al 25 de septiembre, ALDEA reportaba 238 muertes violentas de mujeres por razones de género. En 2024, en un periodo similar, hasta el 27 de septiembre, se reportaron 180 muertes. Es decir, hay una disminución del 24%.

Aldea desagrega el número en feminicidios familiares o sexuales, transfeminicidios y feminicidios en sistemas criminales.

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Geraldina Guerra de Fundación ALDEA explica que la recolección de datos es compleja porque se trata de un trabajo voluntario y que los casos de femicidios en sistemas criminales son tantos que les desbordan. Cuenta que el mismo día que publicaron la información conocieron de otros cuatro casos y que para la clasificación tienen que estudiar en profundidad el contexto de los asesinatos. En ese sentido, dice que la cifra real de femicidios se mostrará a finales de 2024, cuando la organización termine de procesar los datos.

"Este año se nos ha dificultado muchísimo el dar seguimiento a todos los casos de sistemas criminales, por el incremento de estos", asegura Guerra.

Además, la activista cuestiona las cifras oficiales. Recuerda que las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de gestionar esa información de manera transparente, pero tiene dudas de que la metodología que utilizan sea la correcta.

En el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado se registran 360 víctimas de femicidios y muertes violentas de mujeres, con corte al 6 de octubre de 2024. En particular, femicidios, solo 61.

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En los 12 meses de 2024, en cambio, se reportaron 601 víctimas de muertes violentas y 112 femicidios. Si bien el año todavía no termina, sería complejo que los datos alcancen o superen a 2023 en solo tres meses. Además, según cifras del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, los meses más violentos son febrero, marzo y septiembre. Es decir, ya estarían incluidos en el informe más reciente.

Independientemente de las divergencias que existen entre las cifras de las instituciones, lo cierto es que todavía es una preocupación latente la situación de las mujeres en Ecuador. En unas provincias más que en otras, principalmente de la Costa, por ejemplo, Guayas acumula más de 933 muertes de mujeres en contextos delictivos, en 10 años.

No obstante, Miriam Erns, presidente de la Coalición Nacional de Mujeres, y Geraldina Guerra alertan que es complejo visibilizar casos en zonas rurales, porque no se siguen protocolos con perspectiva de género.

Por otro lado, Miriam Erns plantea otra problemática, la desaparición forzada de las mujeres. Según el Ministerio del Interior, hasta agosto de 2024 se reportan 4 678 casos de desaparecidos, de los cuales 4 090 ya fueron localizados. En cuestión de sexo, las mujeres son las principales víctimas, con un 57,48%.

Erns explica que esa información da luces de un problema más complejo de trata de mujeres, niñas y adolescentes.

Guerra cuenta que en Fundación Aldea han intentado hacer acercamientos con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentes, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), para gestionar herramientas del monitoreo de casos relacionados con mujeres, pero que no han logrado una colaboración de parte de la unidad de la Policía.

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