La prórroga de Diana Salazar se definirá en medio de la expectativa por la segunda vuelta

La fiscal general Diana Salazar llega al final de su periodo este 8 de abril, luego de seis años en funciones. Todavía no tiene un reemplazo, por lo que hay expectativa alrededor de una posible prórroga. La decisión, entre continuar en el cargo o retirarse, está en sus manos y se anunciará mañana, a cinco días de la segunda vuelta presidencial, en la que se medirán Daniel Noboa y Luisa González.

A pesar de que la Fiscalía debería ser un órgano independiente, la política ha estado presta a criticar o celebrar el trabajo de Salazar. Su trabajo ha intentado ser evaluado en espacios como la Asamblea Nacional, mediante juicio político; así como en evaluaciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En el actual contexto electoral, ¿qué tanto le conviene a Salazar permanecer al frente de la Fiscalía y cómo sería la relación con las dos posibles opciones presidenciales?

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Las sentencias que consiguió la fiscal Diana Salazar contra Rafael Correa, Jorge Glas y otros representantes de la Revolución Ciudadana, la convirtieron en enemiga del correísmo.

En el caso Sobornos, Salazar demostró que existieron aportes irregulares a la campaña del movimiento Alianza País, efectuados por contratistas del Estado, entre ellos Odebrecht, Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Consermin, Equitesa, etc. La justicia encontró culpable de cohecho al expresidente Correa y al exvicepresidente Glas.

También está el caso Odebrecht, por el cual Glas tiene sentencia ejecutoriada, y Reconstrucción de Manabí, en el que tiene orden de prisión.

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El correísmo señala a Salazar por persecución judicial o lawfare, en particular, sobre el caso Sobornos, aseguran que la funcionaria implantó pruebas para forzar una teoría.

En 2024, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) intentó enjuiciar políticamente a la funcionaria, argumentando incumplimiento de funciones por: retrasos en investigaciones por el caso León de Troya, Encuentro e INA Papers, vacunados VIP; por no prevenir asesinatos de fiscales; e irregularidades en el caso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.

El proceso quedó archivado de manera definitiva en septiembre del año anterior, pero ponía en riesgo la salida de la funcionaria en medio de investigaciones de los casos Metástasis, Plaga y Purga, que revelaron por primera vez la infiltración del narcotráfico en la justicia y la política.

Bajo ese contexto, si Luisa González ganara la Presidencia, no le conviene que Salazar continúe al frente de la Fiscalía. Así mismo, a la Fiscal tampoco le favorece que la organización política disponga sobre los recursos que le son asignados, mediante el Ministerio de Finanzas, y la coordinación con la Policía Nacional, dependiente del Ejecutivo, para los operativos que realiza.

También cabe que desde el control de los Ministerios se restrinja la actividad de la fiscal o se cuestione su trabajo desde el Legislativo, a pesar de que ya no se podría emprender un juicio político por las mismas causales del anterior proceso. En la nueva Asamblea es casi inviable que se concrete ese trámite porque no hay los votos suficientes para ADN ni para la Revolución Ciudadana.

De todas maneras, si llegaría a concretarse, Salazar podría perder sus derechos de participación política por dos años.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que los procesos de fiscalización a las autoridades en funciones deben ser transparentes y con el fin de evaluar a un trabajador público, mas no por venganza política.

En los próximos meses estará por definirse el caso Ligados, en el que son investigados los exconsejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que pertenecían a la Liga Azul, auspiciada por la Revolución Ciudadana.

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Además, también se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez por el caso Triple A, por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

Este último, en particular, nació de acusaciones del Gobierno de Noboa contra Álvarez, con quien los enfrentamientos han sido recurrentes.

El Consejo de Participación Ciudadana tiene en sus manos la designación del reemplazo de Diana Salazar. El concurso todavía tardará algunos meses en concretarse, pues apenas se ha aprobado el reglamento y se ha convocado a la conformación de la veeduría.

Al igual que otros concursos, es posible que se vea salpicado por conflictos internos, acciones de protección o la injerencia de otros poderes del Estado.

"Si Diana Salazar sale de la Fiscalía no debería perjudicar ni favorecer a ningún grupo político porque las funciones del Fiscal General del Estado son dirigir con imparcialidad las investigaciones preprocesales penales, formular la acusación hacia los imputados, ir a la etapa de juicio a exponer sus alegatos y entre otras que debe tener para llevar a cabo las investigaciones penales dentro del Ecuador", asegura la analista política Madeleine Molina.