En el último año se tramitaron seis proyectos de ley sobre mujeres, pero en la práctica aún hay deficiencias

Desde el 8 de marzo de 2024 hasta hoy, la Asamblea Nacional ha tramitado seis proyectos de ley o reformas relacionados con los derechos de las mujeres. Pero a la fecha tres fueron aprobados y tres están en trámite.

La ley aprobada fue de urgencia económica, presentada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero de 2025, se trata de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras de Ecuador.

En la norma se establecen beneficios financieros y fiscales para el acceso a capacitación, créditos y exoneración de impuestos, así como la facilitación de trámites burocráticos, con enfoque a mujeres emprendedoras.

La ley prioriza a mujeres en condición de vulnerabilidad, como madres autónomas, de la ruralidad, migrantes retornadas, indígenas o afroecuatorianas.

Además, da la facilidad para que esos emprendimientos puedan calificarse como proveedores del Estado.

El proyecto está en la cancha del Ejecutivo, el Presidente debe pronunciarse en un veto total o parcial o publicar íntegramente en el Registro Oficial.

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El 21 de mayo del año anterior, la Asamblea también aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que, entre otros objetivos, buscaba crear juzgados especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

La reforma plantea que los juzgados especializados en este tipo de violencia actúen con más celeridad en los procesos, mejor atención a las víctimas, especialización de los fiscales, coordinación interinstitucional y prevención de la violencia sexual.

La Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas por Razones de Género también fue aprobada en este año. En ella se contempla que el Ministerio de Educación y la Senescyt otorguen becas y ayudas económicas a hijos en situación de orfandad; así como atención integral con servicios del Estado.

En cuanto a las leyes que están en trámite, hay una propuesta que busca tipificar la violencia vicaria en el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El proyecto fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y deberá ser revisado por una comisión.

La propuesta plantea sancionar al agresor que utilice a los hijos como una forma de manipulación y venganza hacia las víctimas, generalmente mujeres. Según Miriam Ernst, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, esa es una reforma necesaria porque es un tipo de violencia común.

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En el mismo estatus está un proyecto reformatorio para tipificar la violencia económica, que ya consta en la Ley para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero no en el COIP. Así como otro para el empoderamiento de la mujer rural.

Miriam Ernst dice que "la ley todo aguanta", en referencia a que al revisar la normativa ecuatoriana podría parecer que los derechos de las mujeres están garantizados. Sin embargo, la realidad es otra.

Dice que la falta de recursos entorpece la aplicación de estas leyes, no hay funcionarios capacitados y las instituciones tardan demasiado tiempo en ejecutar los cambios.

La activista dice que la reparación a las víctimas de violencia en realidad no se aplica. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que suplir esas falencias.

Anita Luna, directora de proyectos de la Fundación Contra la Violencia, cuestiona también las deficiencias alrededor del sistema de justicia que debería garantizar un trato eficiente a las víctimas para que tengan reparación.

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Sin embargo, dice que la realidad es otra y que lo grabe de que no se atiendan las denuncias por violencia a tiempo es que está en riesgo una vida. "Muchas mujeres mueren con boleta de auxilio en la cartera".

Cree que las leyes actuales son insuficientes para atender la situación de violencia que viven las mujeres, así como la desigualdad política o la brecha salarial.

Ambas activistas dicen que las reformas se presentan con intereses políticos, para que los partidos y movimientos abanderen causas que en realidad no defienden.

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