26 dic 2024 , 06:00

A casi un año del conflicto armado interno, el rol de las Fuerzas Armadas vuelve a debate

La desaparición de cuatro adolescentes en Guayaquil pone sobre la lupa la actuación de los militares.

Los familiares de Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años; Saúl Arboleda, de 15; y Steven Medina, de 11, alzaron la voz para reclamar la desaparición de los adolescentes el pasado 8 de diciembre de 2024, tras ser aprehendidos por militares en un operativo, en Guayaquil.

El mismo ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que los cuatro jóvenes fueron detenidos, por al menos 16 uniformados, supuestamente mientras robaban a una mujer.

Sin embargo, tras 18 días del hecho, todavía no hay claridad sobre lo que ocurrió, aunque expertos consideran que, de cualquier manera, con los elementos que se conocen hasta el momento, se puede apuntar a que existió un mal procedimiento militar.

El debate alrededor de la actuación de las Fuerzas Armadas vuelve a la opinión, tras casi un año de la declaratoria de conflicto armado interno y más de dos años de estados de excepción recurrentes, contexto en el que los uniformados tienen mayor protagonismo en la seguridad del país.

Guayaquil, lunes 23 de diciembre del 2024. En los exteriores de la Fiscalía del Guayas.
Guayaquil, lunes 23 de diciembre del 2024. En los exteriores de la Fiscalía del Guayas. ( )

Los errores de los militares en la detención de los cuatro adolescentes

Lo que se sabe sobre el caso es poco. En entrevista con Radio City, el pasado 23 de diciembre de 2024, Loffredo dijo que una patrulla militar, integrada por 16 uniformados, que estaba a cargo de dar custodia a un camión de la Aduana, identificó un robo en el sur de Guayaquil.

Los uniformados aprehendieron a tres jóvenes, que supuestamente estaban participando del delito y posteriormente los moradores atraparon a un cuarto.

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Aunque el Ministro de Defensa no dio certezas sobre qué paso luego, dijo que se imagina que, al no ser algo muy grave, no haber armas ni heridos, les dejaron libres, sin entregarlos a la Policía, a pesar de que ese debió ser el procedimiento regular.

Según el padre de uno de los adolescentes, su hijo le contactó telefónicamente y le informó que estaban cerca de Taura. Loffredo confirmó que la patrulla pertenecía a la base aérea ubicada en esa zona.

En la Asamblea Nacional se difundió el video del momento de la detención de uno de los menores de edad. En el clip se observa cómo capturan al adolescente y lo suben, a golpes, a la parte trasera de una camioneta, donde ya está otro niño.

El vehículo, así como los uniformes de los militares, son parte de los elementos que la Fiscalía tiene en su poder para las investigaciones.

Según Guillermo Donoso, exmiembro de la Armada y experto en Seguridad y Defensa, explica que para ejecutar una operación militar debe existir un documento oficial con una orden detallada del objetivo que debe cumplirse. Explica que es necesario detallar incluso la ubicación geográfica, el personal responsable y los medios materiales. Es decir, no pudo ejecutarse una acción como la aprehensión de los jóvenes sin previa planificación.

Los militares ya han sido observados por atentar contra los derechos humanos en aprehensiones

El pasado 9 de enero de 2024, tras el secuestro en vivo del canal TC Televisión por parte de un grupo armado, el presidente Daniel Noboa decretó conflicto armado interno en Ecuador y blindó a los militares para combatir a organizaciones delictivas.

A los pocos días, para finales del mes, las redes sociales se inundaron de videos de uniformados golpeando a sospechosos de pertenecer a grupos criminales, u obligándolos a cantar canciones propias de la narco cultura mientras se retiraban tatuajes con plumas o marcadores.

Incluso circularon videos en los que supuestos uniformados utilizaban palos que tienen escritas las palabras "derechos humanos", para golpear a los sospechosos.

Imagen referencial
Imagen referencial ( )

Lina María Espinosa, abogada defensora de derechos humanos, explica que la Corte Constitucional ya ha advertido que los militares no tienen formación para atender problemas de la seguridad interna y que no tienen capacitaciones en derechos humanos.

"Lamentablemente, desde la declaratoria de conflicto armado interno tenemos reportes, no solo de desapariciones forzadas, sino de tratos crueles, tortura y ejecuciones extrajudiciales", indica la activista.

Revise: Más de 430 policías en Ecuador fueron desvinculados en 2024.

Espinosa considera que no se ha demostrado la existencia de un conflicto armado interno y que no hay pruebas contundentes de que la violencia o delincuencia haya disminuido radicalmente desde esa decisión gubernamental.

Jean Paul Pinto, académico experto en seguridad, explica que la declaratoria de conflicto armado interno dio una carta en blanco para que militares tomen acciones sin medir posibles casos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, recuerda que aun en ese contexto, los militares deben coordinar sus operaciones con Policía Nacional, es decir, no había justificación para la aprehensión.

La preocupación de Pinto es que haya más casos de los que se han hecho públicos. Además, está latente la posibilidad de que las bandas coopten a miembros de las Fuerzas Armadas, tal como ya ha ocurrido antes, y dispongan del armamento militar.

Donoso dice que una vez declarado el conflicto armado interno se revisaron y actualizaron los procedimientos tácticos, para garantizar que todo el personal conozca cómo actuar.

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