¿Cuánto le cuesta la lucha contra la inseguridad al Ecuador? El presupuesto aumentó (pero no lo esperado)

Durante el Informe a la Nación, el presidente Guillermo Lasso, dejó para el final el tema de la inseguridad que azota al país, pese a que, según varias encuestadoras, es la preocupación número uno de los ecuatorianos.

En su intervención, Lasso destacó que la Policía Nacional ha realizado más de dos millones de operativos de control, es decir, en promedio, 2 730 operativos diarios. Asimismo, se refirió al aumento de efectivos en las filas policiales, en 2022 se incorporaron 1 624; "en junio graduaremos a 8 500 hasta diciembre se incorporarán 5 mil policías más", afirmó.

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Pero, frente a un contexto de violencia inédito en el país, ¿cuánto ha supuesto económicamente la lucha contra la inseguridad? ¿los recursos han sido suficientes? Aquí los detalles.

El Gobierno de Lasso, desde 2021, ha destinado hasta abril de este año 9 762 millones de dólares. El monto, según Finanzas, incluye salarios, equipamiento y el Plan Anual de Inversiones de las 13 instituciones que conforman el sectorial de seguridad, entre esas, la Policía, SNAI, ministerio del Interior, ministerio de Defensa, el Centro de Inteligencia Estratégica, entre otros.

En 2021, año de transición entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso se destinó 3 121 millones de dólares, pero quedaron por ejecutar 58 millones. En 2022, hubo un aumento en el presupuesto, el año más violento para Ecuador, cuando la tasa de muertes llegó a 25 por cada 100 mil habitantes, un cifra que se quintuplicó desde 2018, el Gobierno destinó 3 398 millones de dólares. Sin embargo, en este período también quedó plata sin ejecutar, alrededor de 192 millones.

En resumen, en 2022, el Gobierno entregó 277 millones más al presupuesto de seguridad que en 2021, mientras que, en este 2023, se contempla un incremento de 97 millones.

¿Los recursos han sido suficientes? Para Fausto Ortíz, exministro de Finanzas, en términos generales, pese a que hay más necesidades que atender en cuanto a la seguridad, el presupuesto ha crecido levemente, "uno hubiera esperado que ese rubro hubiera tenido un crecimiento más acelerado". Ortíz dice que esto podría ser explicado con que la prioridad del Gobierno de Lasso ha sido reducir el déficit fiscal.

Además, resalta que el gasto más importante responde a nómina, y no necesariamente en inversión para infraestructura y equipo. "Hasta el mes pasado si uno miraba el plan de inversión de ejecución de la Policía y el ministerio de Defensa era de los rubros que menos ejecución tenía", señala.

En julio de 2022, Guillermo Lasso anunció que invertiría 1 200 millones de dólares en seguridad, según la lectura de Ortíz, "no son palpables, no se los observa en la ejecución presupuestaria".

El analista en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Daniel Pontón, concuerda con Ortíz y resalta que en esas cantidades globales "se confunde el gasto corriente con el gasto de inversión".

Por ejemplo, la incorporación de los policías, dice, va a impactar a la masa salarial, "va a consumir mayores recursos", aunque, reconoce que no está del todo mal porque sí hace falta personal, sin embargo, el Gobierno, cuestiona Pontón, no debería hablar de inversión:

A su parecer el presupuesto no está focalizado a actividades estratégicas, "no solo se trata de cantidad, sino de calidad", es decir, poner la plata en el lugar correcto.

Para combatir la violencia, crítica, se ha priorizado el ámbito preventivo, como: operativos, aumento de patrulleros, pero no se aumentan los recursos en lo importante: "En investigación criminal e inteligencia con mayor tecnología y personal, capacitaciones, para solucionar el problema que es estructural".

Un ejemplo de ello podría ser la reciente Fuerza de Tarea instalada en Durán, un operativo militar enfocado en el cerro Las Cabras, lo que podría surtir un efecto parche, justamente lo que cuestionaba anteriormente el analista, "no se hacen intervenciones integrales que incluyan inversión social e infraestructura urbana".

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Otro caso, es el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que en junio cumple un año de operaciones, el Estado destinó 6.3 millones de dólares para combustible, repuestos de vehículos, mantenimiento de embarcaciones, aeronaves.

Sin embargo, la violencia en la provincia no se ha detenido, el analista reitera que estas acciones, "no están orientadas a cambiar una realidad, sino a mitigar un problema que ya está instalado, posiblemente el problema desaparezca por un tiempo, pero no del todo", advierte.