Las decisiones del Gobierno dan señales de que los apagones serán parte de la normalidad por un largo periodo

Ecuador va más de un mes en medio de una compleja crisis energética. Los apagones han llegado hasta las 12 horas diarias y no hay un panorama claro de mejora. En ese tiempo, el Gobierno ha hecho varios anuncios bajo la promesa de atender los problemas eléctricos, sin embargo, los resultados serán visibles al mediano o largo plazo.

Eso significa que los ciudadanos se ven obligados a adaptarse a una nueva normalidad: comprar generadores eléctricos, revisar cada cierto tiempo los nuevos horarios de los cortes de luz, invertir en cocinetas o calefones para reemplazar los artículos que funcionan con electricidad, o lidiar con el tráfico congestionado de las ciudades por los semáforos apagados.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno para evitar que esa nueva realidad se prolongue por un largo periodo?

Mediante un Acuerdo Ministerial, el Gobierno flexibilizó la jornada laboral para que los trabajadores, en acuerdo con los empleadores, puedan pactar una jornada diferente a la establecida en el contrato. El objetivo es que la industria pueda trabajar 10 horas de lunes a jueves o de jueves a domingo y descongestionar la demanda energética tres días a la semana.

La medida rige durante el tiempo de vigencia de la emergencia del sector eléctrico. Para aplicarla es necesario hacer un trámite burocrático, por lo que hay incertidumbre entre los empresarios respecto a si valdrá la pena la implementación.

Ana Padilla, responsable de una empresa textil en Quito, ve factible acogerse a esa modalidad, siempre que se garantice un periodo de al menos tres meses.

Aunque el Gobierno no ha dado certezas de cuánto puede durar la crisis, un informe de emergencia de Celec anticipaba que los cortes de luz en Ecuador se extenderían hasta abril de 2025, basado en los pronósticos de lluvias. Es decir, la medida adoptada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, puede entenderse como un paliativo para un problema que se extenderá por lo menos hasta fin de año.

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El presidente Daniel Noboa anunció que semanalmente se reducirá el tiempo de cortes de luz. El ofrecimiento empezó a cumplirse esta semana con una reducción de dos horas en el tiempo total, es decir, los apagones pasaron de diez a ocho horas. La idea es que desde el próximo lunes se reduzcan a seis y luego a cuatro.

Sin embargo, el planteamiento del Mandatario no es sostenible a nivel técnico. Los ministros que han pasado por la cartera de Energía y Minas han explicado de manera insaciable que es complejo predecir cómo estará la producción energética en las siguientes semanas, tomando en cuenta la dependencia en un 80 % de las hidroeléctricas, lo que se traduce en la dependencia de las lluvias a las zonas de estiaje.

El experto energético, Jorge Luis Hidalgo, explica que si las decisiones del tiempo de corte no se toman de manera técnica, la infraestructura del sistema eléctrico se pone en riesgo. Al largo plazo, se pueden comprometer las turbinas de las centrales, lo que implica un daño severo y la prolongación indefinida de los cortes de luz.

Un ejemplo es Mazar, una de las hidroeléctricas que está en peligro de colapsar. Hasta este 23 de octubre continuaba generando energía, alcanzó los 55,61 megavatios por hora (MWh); a la par que la cota del embalse desciende peligrosamente, llegado a 2 112,63 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), cuando el mínimo recomendable es 2 115.

La caída en picada del embalse es una realidad en otras hidroeléctricas como Amaluza o Sopladora.

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El presidente Daniel Noboa envió una ley económica urgente para Impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, que está en trámite para segundo debate en la Asamblea Nacional.

La propuesta incluye reformas como la ampliación a la generación privada o la simplificación del trámite para la implementación de los proyectos.

El experto energético Jorge Luis Hidalgo considera que es una medida apropiada porque da mayores incentivos, aunque cree que todavía no es suficiente para ganar la confianza de los inversores.

Si se llegara a aprobar la ley, las propuestas de generación de hasta 10 megavatios tardarían unos nueve meses en implementarse, es decir, hasta agosto del siguiente año. Si son de más potencia sería incluso de más de un año.

De hecho, el Gobierno también anunció la entrega de licencias ambientales para seis centrales: cuatro solares y dos hidroeléctricas. La puesta en marcha de esos proyectos tomará más de un año porque implica la construcción de varias infraestructuras.

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El ofrecimiento del Gobierno es la incorporación de 241 MW en noviembre, 300 MW en diciembre y 419 MW en el primer trimestre de 2025, por generación eléctrica en tierra, con generadores que funcionan con diésel y gas natural.

Adicionalmente, está previsto que en diciembre se incorporen 204 MW por la puesta en funcionamiento de Toachi Pilatón.