Cortes de luz en Ecuador: la crisis energética complica la promesa de la reactivación económica

Este 17 de abril de 2024, en teoría y por decreto presidencial, es un día de asueto. Es decir, las instituciones privadas y públicas no deben trabajar, como una medida emergente frente a la crisis energética que ha provocado cortes de luz en Ecuador de entre ocho y 13 horas.

Sin embargo, en la práctica, varias empresas han llamado a sus trabajadores con normalidad, al menos las que tienen generadores eléctricos y pueden continuar con sus actividades.

Lo mismo ocurre con los comerciantes o los emprendedores, que acomodan sus actividades para continuar generando ingresos, algunos con velas, aprovechando la luz del día o modificando los horarios de atención. En todos los casos, si paran se enfrentarían a pérdidas.

La economía necesita una intervención urgente, según especialistas consultados por Ecuavisa.com, caso contrario será un año más de poco o nulo crecimiento.

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El sector productivo ha enfrentado cuatro crisis en los últimos cinco años: paros nacionales, la pandemia, inseguridad y crisis energética. Todas han implicado la paralización parcial o total de sus actividades, provocando la contracción económica.

En 2019, ocurrió un paro a escala nacional, por la eliminación de los subsidios a los combustibles. En esa ocasión, fueron 11 días en los que las actividades tuvieron que suspenderse o modificarse.

El balance del Banco Central fue que las pérdidas económicas llegaron a los USD 701,62 millones.

Luego, vino la pandemia por el COVID-19, lo que provocó el encierro de los ciudadanos desde el 17 de marzo de 2020, un día después de la emisión del decreto de estado de excepción.

Producto del encierro, según el Banco Central, hasta el 2021, Ecuador experimentó pérdidas que superaron los USD 16 382 millones, dejando a 532,359 personas desempleadas y una equivalencia a una pérdida del 16.6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En 2022 ocurrió un nuevo paro, esta vez más largo que el anterior, de 18 días. Las cifras muestran que la paralización generó pérdidas que superaron los USD 1 115,4 millones.

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La inseguridad y los estados de excepción, que implican horarios de toque de queda, también han afectado a ciertos sectores, principalmente a los relacionados con el turismo y actividades de ocio.

Con la crisis energética, nuevamente la economía se pondrá a prueba. El escenario es más complejo que en octubre de 2023, cuando el Gobierno de Guillermo Lasso dispuso los racionamientos, porque ahora los tiempos de cortes son mayores.

Las proyecciones del Banco Mundial, para el crecimiento de Ecuador en 2024, no son alentadoras. En octubre de 2023, el pronóstico de crecimiento era de 1,9 %, sin embargo, a principios de este año, la actualización planteó un incremento de solo el 0,7 %.

A inicios de este mes, abril de 2024, el organismo multilateral mostró un panorama general de la situación de Ecuador. Entre las razones de la desaceleración de la economía, plantea la inseguridad y los desastres naturales.

Alerta que el gobierno enfrenta restricciones de liquidez y un déficit financiero, aunque ve como positivo el aumento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 15 %.

Según indica el economista y docente universitario, Santiago García, el aumento de ese impuesto también implica una contracción en el consumo, que sumado a las restricciones por la crisis de energía, puede traducirse en una mayor contracción de la economía.

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A su criterio, es necesaria una propuesta de reactivación productiva, que no solo se concentre en lo tributario, sino que plantee alternativas para las inversiones y la entrega de créditos, desde la banca pública.

Las principales acciones del gobierno, en lo económico, se concentran en la aprobación de cinco leyes económicas urgentes.

La primera aprobada que la Ley de Eficiencia Económica, que contenía reformas tributarias para la condonación de intereses y multas a ciertos deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI). También daba ciertos beneficios a quienes contraten a jóvenes.

Luego, se envió la Ley de Competitividad Energética, a la cual denominaban popularmente: "Ley cero apagones". Con la norma se buscaba promover la generación de energía, mediante alianzas público-privadas.

La tercera ley fue la del incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ese proyecto fue modificado por la Asamblea Nacional, donde se incluyeron otros impuestos; sin embargo, finalmente, en el veto presidencial, se aumentó en un punto, con la facultad de subirlo hasta al 15 %.

La siguiente fue la ley que planteaba reformas para la extinción de dominio, con el fin de recuperar los bienes de origen ilícito.

La última fue la Ley de Turismo, que incluye la reducción del IVA durante los feriados, la rebaja del Impuesto a la Renta para trabajadores del sector turístico y la entrega de créditos para actividades relacionadas.

La economista María Soledad Nieto dice que si el gobierno se plantea una nueva ley económica, debería ser en pro de la productividad; sin embargo, cree que las ya existentes no han sido efectivas para evitar la situación que ahora vive Ecuador.