Nuevos jueces de la Corte Constitucional: este es su pasado político y su formación académica

Tras varios incidentes en el concurso para escoger a tres nuevos jueces de la Corte Constitucional, finalmente, la Comisión Calificadora designó a los magistrados.

Claudia Salgado, de la terna de la Función Ejecutiva, obtuvo el primer lugar con 96,5 puntos sobre 100; seguida de José Luis Terán con 96,25, de la Función Legislativa, y Jorge Benavides con 95,75, de la Función de Transparencia y Control Social.

Ahora, el siguiente paso es que la Asamblea Nacional los posesione oficialmente y que la Corte Constitucional realice el sorteo público para escoger a los tres jueces que deberán dejar el cargo.

En manos de los magistrados estará el rumbo de la Corte Constitucional, el organismo de justicia que es determinante en la política del país. Los tres han resaltado el trabajo que han hecho los jueces, mostrando que pretenden continuar con la misma línea.

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Claudia Helena Salgado Levy es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; una especialidad superior en Tributación; tres maestrías, una en Derecho Tributario, otra en Resolución de Conflictos Internacionales y una tercera en Derecho. También cuenta con PhD en Derecho Internacional.

En el sector público, el último cargo que desempeñó fue como asesora de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), en enero de 2024. En la declaración patrimonial presentada ante la Contraloría General del Estado, declaró tener un patrimonio de USD 424 437,76.

Anteriormente, de 2018 a 2023, trabajó en la Procuraduría General del Estado, como Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje. En 2016 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, fue Directora de Negociaciones de Asuntos Económicos y Sociales en el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones.

Mientras que, en el ámbito privado, es socia el estudio jurídico HSP-Abogados. Fue profesora en la Universidad San Francisco de Quito, de la Universidad de las Américas y de la Universidad Andina Simón Bolívar.

En cuanto a sus declaraciones tributarias, la última cancelada fue en 2023, en Impuesto a la Renta pagó USD 227,98; en 2022, USD 4 370,71; en 2021, USD 1 696,64.

Durante el proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional, la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco presentaron una impugnación, por supuestamente tener vínculos con Chevron, lo que puede representarle un conflicto de intereses. El argumento era que la abogada firmó un informe de la Procuraduría en el que no se defendieron los intereses del Estado. No obstante, la Comisión Calificadora desestimó la queja.

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Román José Luis Terán Suárez es abogado por la Universidad Central del Ecuador y tiene 12 títulos de cuarto nivel, entre los que destacan Magister en Derecho Constitucional, Magister en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Magister en Derecho Civil y Procesal Civil, Magister en Derecho Tributario, Doctor en Ciencias Internacionales.

En el sector público se desempeñó como juez de la Corte Nacional de Justicia y como docente y Decano en la Universidad Central del Ecuador. En la última declaración juramentada, de 2024, declaró un patrimonio 760 485,90. Ese mismo año pagó por Impuesto a la Renta USD 14 504,90.

Como juez se desempeñó de 2015 a 2019, en ese último año su patrimonio fue de USD 511 676,30. Fue destituido por una evaluación que realizó el Consejo de la Judicatura, por un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

En el juicio político contra miembros de la Judicatura, promulgado por el correísmo en 2022, Terán asistió a la Comisión de Fiscalización y reclamó que, aunque consiguió uno de los mejores puntajes en ese concurso, fue evaluado por un juez de rango inferior y dos académicos.

En el ámbito privado, tiene 25 acciones en la Compañía de Transporte Turístico Airportmega.

Jorge Isaac Benavides Ordóñez es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es Doctor en Derecho Constitucional, y tiene un máster en la misma rama, así como en Filosofía y Cultura Moderna.

Desempeñó varios cargos durante el gobierno de Guillermo Lasso, incluso como delegado directo, es el caso de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Emco, cuando fue designado como presidente del directorio.

Antes, fue Subsecretario General Jurídico de la Presidencia, cargo jerárquico superior, de libre remoción. También fue designado como Viceministro del Servicio Público, en el Ministerio del Trabajo.

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El último cargo que ejerció fue como Decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos estudios Nacionales (IAEN). En su patrimonio declaró tener USD 102 216,22.

También fue docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial y de la Universidad Andina Simón Bolívar.