El correísmo busca recuperar el control de instituciones del Estado, empezando por el Cpccs

Con la salida del exvocal Juan Esteban Guarderas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se reconfigura, integrado por una mayoría afín al correísmo. En manos de esa institución está la designación de las autoridades claves para este 2025, desde el próximo Fiscal General del Estado, hasta los vocales del Consejo de la Judicatura.

A la par, avanza el proceso para la selección de tres jueces de la Corte Constitucional. En ese concurso la Revolución Ciudadana tiene a sus candidatos.

Mientras que, en la Asamblea Nacional, con la renuncia de Henry Kronfle, quien se candidatizó a la Presidencia, el correísmo obtuvo ese cargo, primero con Viviana Veloz y ahora, que ella pidió licencia para la campaña, con Esther Cuesta.

Mañana, 8 de enero de 2025, será la primera sesión del nuevo Cpccs, integrado por tres miembros de la Liga Azul: Yadira Saltos, Augusto Verduga, y el flamante consejero, Eduardo Franco Loor; así como Nicole Bonifaz que ha respaldado las votaciones de la Revolución Ciudadana. Y, del otro lado, está el presidente, Andrés Fantoni; la vicepresidenta, Johanna Verdezoto; y Jazmín Enríquez, quienes han mantenido votaciones conjuntas.

De la decisión de los consejeros dependen los procesos para la designación de los funcionarios. Por ejemplo, los vocales del Consejo de la Judicatura, que terminan sus funciones en este mes, y cuya principal tarea es el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

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También está pendiente, para el Cpccs, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos vocales ya se están prorrogando en funciones y de quienes dependen los procesos democráticos.

Así mismo, los consejeros tienen que escoger al reemplazo de Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado, concurso que debería culminar hasta abril de este año, cuando la funcionaria acabará su periodo. Esa es una de las instituciones más críticas, porque en ese despacho reposan investigaciones de corrupción y narcotráfico.

Y la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), así como la designación de la autoridad de la Defensoría del Pueblo.

En teoría, el Cpccs es una entidad imparcial y apolítica, sin embargo, en la práctica, las organizaciones políticas se han disputado el control desde su existencia, en 2008, y, durante 10 años, hasta el gobierno de Lenín Moreno, cuando se creó el Consejo Transitorio, en 2018, el correísmo fue el decidor.

El TCE ya dictó en primera instancia una sentencia contra los miembros de la Liga de Azul por hacer campaña proselitista.

El concurso para designar a tres jueces de la Corte Constitucional está en etapa de impugnación. Cuatro de nueve candidatos recibieron observaciones a sus postulaciones: Pamela Aguirre Castro, Claudia Salgado, Angélica Porras y José Terán. Las dos primeras son de la terna que envió la Presidencia; mientras que los siguientes son de la terna de la Asamblea, que fue propuesta por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, con 101 votos a favor.

Porras es la candidata relacionada con el correísmo, según las impugnaciones que se han presentado en su contra, por supuesta falta de independencia que podría tener si llegara a ejercer el cargo.

La abogada fue la abogada del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por violación y esposo de Priscila Schettini, actual candidata para la Asamblea por la RC.

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Porras y Schettini fueron sentenciadas por el TCE por violencia política de género contra la fiscal Diana Salazar, y ambas encabezaron las denuncias de supuesto plagio en su tesis de la Universidad Central.

Esther Cuesta, así como Viviana Veloz, son claves en la titularidad del Legislativo para impulsar consignas de la organización política a la que representan. Por ejemplo, consiguieron obligar a los asambleístas principales que busca la reelección a que pidan licencia y principalicen a sus alternos, contrario a lo que pretendían algunos parlamentarios del oficialismo.

En cuanto a la agenda de fiscalización, en la Asamblea avanza el juicio político contra la vocal del Cpccs, Verdezoto, quien representa a los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, su reemplazo sería Ángel Chalá. El futuro de la consejera dependerá su capacidad de cabildear votos pues, en ciertas ocasiones, se ha puesto del lado del correísmo.

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Más adelante está previsto tramitar el juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura, pero su enjuiciamiento podría tardar o coincidir con la salida del cargo.