Consulta Yasuní: ¿Qué implicaría el desmantelamiento del bloque 43 ITT y sería viable en un año?

Desde el 20 de agosto pasado, cuando se determinó a través de las urnas que el petróleo del Bloque 43 del ITT, situado en el parque nacional Yasuní, no sería explotado, el punto central de controversia ha sido el plazo de un año término fijado por la Corte Constitucional (CC) para llevar a cabo su dictamen.

Funcionarios del gobierno han expresado su preocupación debido a la complejidad del proceso, especialmente considerando que nunca antes se ha realizado en Ecuador en un campo petrolero tan joven que, donde desde 2016 se extrae petróleo. Por otro lado, expertos técnicos en la materia mantienen opiniones diversas al respecto.

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Pero, exactamente, ¿qué implica el desmantelamiento del bloque 43 ITT y sería viable en un año? Aquí los detalles.

Petroecuador ha estimado que la ejecución del plan de salida requerirá un rubro aproximado de 654 millones de dólares. Esta cifra incluye una amplia gama de gastos, desde los estudios preliminares hasta la revegetación, cubriendo áreas como el almacenamiento de equipos, el cierre y abandono de instalaciones, así como el desmontaje, que son algunos de los más costosos del proceso. ​​​​​​

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El experto en petróleo con más de una década de experiencia y exfuncionario de Petroecuador, Ernesto Páez, explica a detalle el proceso que implica el cierre definitivo de la actividad petrolera en la zona.

En concreto, dice que consta de tres grandes etapas: primero, el cierre de las operaciones, segundo, el desmantelamiento de toda la infraestructura que implica, entre otras cosas, retirar generadores eléctricos, la estructura de las bases, el transporte, y finalmente, la tercera fase que es la etapa de abandono (se detalla cada una en el gráfico).

Otro paso importante es el traslado de residuos de material pétreo que tendrá que ser almacenado en sitios especiales, "ese almacenamiento debe dar las garantías de que no va a afectar a terceros porque es un material delicado", explica Páez.

La empresa pública detalló, además, que los valores expuestos por ahora son una estimación, "se necesitan estudios y expertos internacionales que determinarán las acciones y costos definitivos, estamos buscando y trabajando en ello", manifestó personal de comunicación.

En ese sentido, Ecuavisa.com solicitó conocer también las fechas estimadas y lo que implica cada fase, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

El proceso de cierre de la instalación, dice Páez, es clave para no causar más daño ambiental, por ejemplo, "en la etapa de cierre deberían quedar limpias las tuberías, sin crudo. En caso de no ser posible, deben quedar identificadas para un posterior tratamiento y poder cubrir con cemento para evitar daños ambientales".

Con ello concuerda Alexandra Almeida, experta en petróleo y coordinadora del área de Petróleo de Acción Ecológica, quien enfatiza que se debe "considerar la fragilidad de la zona". Es esencial garantizar que durante este proceso no se produzcan derrames petroleros. Según los informes de vigilancia de la zona a los que Almeida ha tenido acceso, se han documentado 22 derrames que han requerido la intervención del Ministerio de Ambiente para ser remediado.

Si se llega al abandono definitivo, a ojos del experto Páez, el impacto de estos seis años de extracción petrolera podrá remediarse en aproximadamente dos años.

El proceso no es sencillo, pero según los expertos consultados por este medio, para cumplir con el plazo impuesto por la Corte Constitucional (CC), el énfasis está en la necesidad de voluntad política que en aspectos técnicos.

Almeida considera que es factible cumplir con el plazo establecido si las empresas que operan en el Yasuní, SINOPEC y CNPC, cuentan con un plan de abandono preparado. "En el momento en que ingresaron al bloque, debieron tener previsto no solo un plan de operación, sino también un plan para cubrir los costos de abandono. Es probable que la CC haya considerado esto al fijar el plazo", explica Almeida.

Además, los expertos en la materia han expuesto que para llevar a cabo el desmantelamiento, el Estado deberá contratar una empresa encargada de supervisar el plan de abandono implementado por las compañías chinas operando en el Yasuní. "Es esencial contar con una evaluación ambiental realizada por un tercero", subraya Páez, señalando que es durante este proceso de contratación pública donde podrían surgir los posibles retrasos en la licitación.

Según él, es crucial designar una autoridad que supervise y lidere el plan de desmantelamiento para prevenir los habituales retrasos en la contratación pública. Además, Almeida destaca que la sociedad civil, a través de una veeduría ciudadana, deberá vigilar y dar seguimiento al proceso.